Por Alexis Di Capo para el Informador Público
Algunos aspectos centrales de la nueva política de seguridad del kirchnerismo formarían parte de un esquema de negociaciones secretas con algunas agencias del gobierno de los EEUU. Las conversaciones se habrían acelerado a partir de la muerte de Néstor Kirchner y en consonancia con la reapertura de las relaciones con el FMI iniciada por Amado Boudou y con el discreto rol de contrapeso del poder regional de Brasil que estaría ejerciendo la cancillería argentina en los últimos meses. En este paquete de acuerdos se incluiría, obviamente, la continuidad de las investigaciones sobre la conexión iraní en el atentado contra la AMIA. El caso es que CFK estaría especialmente interesada en no sufrir embates del Departamento de Estado durante la inminente lucha electoral y, en función de este objetivo, es que el gobierno avanzaría en los acuerdos reservados.
Es así que en la purga sistemática de la Policía Federal que está en marcha, el tándem Garré-Verbitsky coincidiría con el interés de la DEA. Esta agencia viene profundizando desde muchos años atrás su cooperación con la Gendarmería y la Prefectura en todo lo relativo a lucha contra el narcotráfico, con una actividad conjunta permanente en la zona de la Triple Frontera. En cambio, las relaciones entre la DEA y la Federal empeoraron progresivamente y casi no mantienen mecanismos de cooperación activos. La policía, por distintos motivos, prefirió siempre manejarse en la órbita de Interpol y, en relación con los EEUU, con el FBI. De hecho, prácticamente todos los operativos antidrogas realizados gracias a la información de la DEA en los últimos años fueron efectuados por la Gendarmería y la Prefectura.
Un cambio de escenario
Una serie de acontecimientos dieron marco a los cambios ahora en marcha. El éxito militar de la ofensiva de fuerzas conjuntas de EEUU y Colombia contra las FARC determinó la decisión de éstas de empezar a bajar hacia el Cono Sur, buscando instalar una nueva red de operaciones de narcotráfico fuera del alcance del operativo montado para exterminarlas. Fue el ex presidente colombiano Álvaro Uribe el encargado de advertirles a los gobiernos sudamericanos que el problema se les venía encima, lo que hizo a partir de la cumbre de Bariloche dos años atrás. El gobierno argentino está mal parado en este escenario por su histórica relación con las organizaciones terroristas, ratificada recientemente al darle el status de refugiado político al ex miembro de la plana mayor del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Galvarino Apablaza Guerra. Con estas culpas a cuestas, CFK habría buscado el modo de compensar las cosas. Esto es, continuar con la retórica antiimperialista que le asegure los votos de la izquierda, mientras negocia bajo cuerda en el sentido opuesto. La DEA, cuya incidencia crece en la región a medida que el narcotráfico avanza, habría coincidido entonces con el núcleo duro del kirchnerismo en desplazar progresivamente a la Federal del manejo de la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas, para privilegiar sobre todo a la Gendarmería. En lo circunstancial, este punto de inflexión coincidió también con el vaciamiento del poder de Aníbal Fernández, muy mal visto por la DEA. En el antiguo enfrentamiento que el Jefe de Gabinete mantiene con el titular de la SEDRONAR, Osvaldo Granero, habría sido la agencia norteamericana la que impidió que este último fuera destituido.
Obviamente, lo dicho no quita que el kirchnerismo no esté obsesionado por la existencia de supuestas relaciones entre la Federal, el duhaldismo y sectores anti K del establishment. Como suele ocurrir en estos casos, el rediseño del sistema de seguridad en ejecución tendría efectos colaterales. La crisis que el gobierno precipita en la Federal deteriora aún más la capacidad preventiva y represiva del Estado. La desconfianza que reina en Washington y en Europa sobre el gobierno argentino se profundizó con el escándalo del vuelo el Challenger 604, dejando en un mayor estado de vulnerabilidad al kirchnerismo frente a los reclamos del norte de que esto, así, no va más. La participación de mandos de la Fuerza Aérea en un tráfico de drogas en gran escala cerraría perfectamente con las fuertes sospechas del GAFI sobre la permisividad local en materia de lavado de dinero. En otras palabras que, en determinados ámbitos, el gobierno cada vez podría resistirse menos a ciertas presiones.
Los efectos de este tembladeral, que recién se inicia y que sacude a todo el andamiaje de la seguridad y a la gente, que vive atemorizada, se están viendo día a día con la nueva ola de inseguridad
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