Por Luciana Acosta
para 0223.com.ar
El Foro Municipal de Seguridad del Partido de General Pueyrredon le solicitó este lunes al gobernador Scioli que la Provincia “controle” e “intervenga” frente a la “falta de interés” del intendente Pulti en “dar cumplimiento” a los compromisos contraídos en materia de seguridad.
En el marco del inicio de los cursos de capacitación para el Programa de Fortalecimiento de la Participación Comunitaria, que se llevó adelante este lunes al mediodía en el centro cultural Osvaldo Soriano, el presidente y la secretaria del Foro Municipal de Seguridad del Partido de General Pueyrredon, Miguel Gómez y Dra. Aldana Vázquez, respectivamente, entregaron al gobernador Daniel Scioli y al ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, un petitorio de cinco páginas en el que se refleja el “estado de crisis” y “emergencia” en seguridad del distrito.
En la oportunidad también estuvieron presentes el intendente Pulti, el secretario de Gobierno Ariel Ciano, el director de Subsidios de la Provincia, Rodolfo Iriart, concejales e integrantes de foros vecinales de seguridad, entre otros.
PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA
En el texto, al que 0223.com.ar tuvo acceso, la mesa directiva del FMS le comunicó al mandatario provincial sobre el “incumplimiento” del Programa Integral de Protección Ciudadana, “conforme convenio suscripto con la Jefatura de Gabinete de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Pueyrredon, aprobado por Ordenanza Nº 19.261, y por el cual la Presidencia de la Nación adjudicó $27.884.700 a nuestra ciudad, el cual sería entregado en dos cuotas, a fin de instalar 360 cámaras de video seguridad; adquirir 45 patrulleros para aumentar la cobertura cuadricular en un 50%, de los cuales sólo se adquirieron 20; contratar 285 efectivos policiales retirados para manejar dichos patrulleros y atender el Centro de Monitoreo; colocar sistema de monitoreo satelital de patrullero a través de equipos GPS, a razón de un equipo por cuadrícula; instalar un Centro de Operaciones Municipal, desde el cual puedan monitorearse las cámaras de seguridad, atenderse la red vecinal de alertas, coordinar el envío de asistencia (ambulancias, bomberos y patrulleros) y monitorearse la ubicación de los patrulleros mediante GPS; y crear una red vecinal de alertas”.
Respecto del último punto, aclararon que “se intentó efectivizar mediante el Decreto Nº 2762, por el cual la municipalidad contrató un servicio de enlace radio-telefónico con la empresa Nextel que genera una gran erogación mensual y que no funciona en su totalidad con el fin aludido”.
En ese orden, subrayaron que “ninguno de todos estos ítems fue cumplimentado en forma íntegra hasta la fecha, habiendo ya transcurrido más de dos años de la firma del convenio, adunándose que gran parte del dinero aportado para este fin fue erogado para combustible y para sostener la presencia de Prefectura en la ciudad, la cual no ha hecho ninguna contribución para disminuir los niveles de inseguridad, siendo además incierto el número de efectivos y de operativos realizados, además de tratarse de un gasto que claramente no estaba contemplado en el Convenio y que ha llevado a la formación de una investigación penal (causa Nº 911, expediente 17.071 Fiscalía Federal Nº 1 del Departamento Judicial local)”.
“Es evidente la merma del delito en aquellos municipios en los cuales el programa mencionado ha sido aplicado en su totalidad, el aporte de logística ha sido un elemento fundamental para ello y se ha plasmado en los aportes hechos a nivel provincial en este sentido”, afirmaron, al tiempo que repararon en que, “lamentablemente en una ciudad como Mar del Plata, donde se producen eventos de índole nacional e internacional, no tenemos una sola cámara de seguridad de este programa, tampoco se ha contratado el personal policial retirado ni se han incrementado las cuadrículas, con el dato fundamental de que viene incrementándose el índice delictivo –conforme informara la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires- en un 6% semestral aproximadamente”.
PLAN DIRECTOR
Por otra parte, los foristas señalaron que “es prácticamente imposible dar cumplimiento” al Plan Director, “dado que desde el año 2005 a la fecha las partidas presupuestarias para las cargas de combustibles de móviles policiales se mantienen en los mismos valores -al día de la fecha la suma destinada a este fin asciende a $ 40 diarios para los vehículos nafteros y $33 para los gasoleros- esto así a pesar de haberse elevado el costo del combustible, lo que significa que la capacidad de carga ha disminuido en más del 80%”.
A su vez, afirmaron que pueden verse “diariamente en las calles de nuestra ciudad, en especial en la periferia, móviles que se encuentran en pésimas condiciones, que no sólo no aportan a las necesidades de seguridad sino que en tales condiciones significan un riesgo”.
En relación al Subsidio al combustible, desde el Foro Municipal de Seguridad señalaron que ya presentaron “un proyecto ante el Ministerio de Planificación de la Nación solicitando se subsidie el combustible que se carga a los móviles policiales de la ciudad de Mar del Plata, entendiendo que su carácter de servicio esencial amerita dicha contribución”.
“Lamentablemente, el proyecto se encuentra sin movimiento por la imposibilidad de contar con un funcionario municipal, provincial o nacional que acompañe la iniciativa, accediendo a las personas indicadas”, aseguraron, tras lo cual le solicitaron a Scioli que “apoye” el pedido.
En otro párrafo, las autoridades del FMS manifestaron que “el 30 de septiembre de 2010, se firmó entre el municipio y la provincia de Buenos Aires el “Convenio de fortalecimiento logístico”, para la descentralización de la compra de patrulleros, mediante fondos comprometidos por el Gobierno Provincial, el primero de ellos por veinte móviles y diez camionetas, ingresado para su ratificación por ante el Concejo Deliberante local con fecha 3 de febrero de 2011. Cinco meses después, finalmente se efectivizó el trámite de la compra directa de los vehículos -que aún no llegaron a la ciudad-, no obstante lo cual debe resaltarse que la suma inicial no alcanzó para lo comprometido en razón de la demora del municipio”,
En esa línea, expresaron: “Entendemos que el propósito del Gobierno Provincial en este convenio es el de agilizar los procesos de compra (pero) la realidad en nuestro ámbito indica todo lo contrario ya que en pocos días más se cumplirá un año de la firma del mismo y aún no sabemos si ha sido firmado el convenio de comodato que es el que determina la concreción por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad del blindaje, ploteo e instalación de equipo de comunicaciones”.
Más adelante, agregaron que “posteriormente se firmó un nuevo convenio, con fecha 4 de julio, para la compra de cuarenta y cinco camionetas, y en el mes de agosto otro por dieciocho motos”. “Esperamos que en este caso no suceda lo mismo como lo expuesto en el párrafo anterior a sabiendas que prácticamente el 90% de los municipios que adhirieron a este convenio lo han ejecutado en no más de 90 días de su firma”, destacaron.
En ese contexto, los foristas aseveraron: “Preocupa a este Foro no sólo la demora en la ejecución, sino principalmente que en razón de dichos convenios el Municipio se haría cargo del combustible, mantenimiento y reparación de los vehículos por el término de cinco años (y) es de público conocimiento que este municipio no ha cumplido con compromisos anteriores asumidos para con la Provincia y que, además, nunca se tuvieron en consideración en el presupuesto municipal las partidas necesarias para responder a los compromisos asumidos ni se ha aclarado como se afrontarán tales gastos”.
“Asimismo entendemos que los móviles que lleguen a la ciudad en virtud de este convenio deberían ser asegurados contra todo riesgo y no con franquicia para garantizar la reparación integral de los móviles que puedan sufrir siniestros, sin resentir el servicio en la medida que se evite su radiación por la falta de presupuesto ya señalada en el párrafo anterior”, enfatizaron.
También advirtieron que “este convenio tampoco aclara qué cantidad de combustible diario debe aportar el municipio, circunstancia que suscribe nuestra preocupación anteriormente indicada sobre el cumplimiento del Plan Director y sería importante se aclare para evitar nuevos fracasos”.
Por otra lado, también denunciaron el “incumplimiento” del Convenio de Colaboración (ordenanza N° 18.831), hecho que, según recalcaron, “ha incidido de forma indiscutible al estado de deterioro semejante en que se encuentran los móviles policiales, en especial de las dependencias de la periferia”. Y reflexionaron: “La falta de interés en dar cumplimiento a los compromisos contraídos en materia de seguridad por parte del municipio es una constante, con el agravante de que las partidas hayan sido destinadas a tal fin”.
ESCUELA DE POLICÍA
Además, insistieron en la importancia de avanzar con la instalación de una Escuela de Policía en Mar del Plata, frente a la “necesidad imperiosa de incrementar el personal policial debido al alto crecimiento demográfico que se viene produciendo en los últimos años y que no ha sido acompañado por la incorporación proporcional de efectivos policiales”.
“Entendemos que la radicación de la Escuela de Policía en la ciudad significa potencialmente una posibilidad también para la región, ya que redundaría en un mayor número de aspirantes de origen local que se sumen a la fuerza, con menores gastos de traslados y habitacionales y sin problemas de arraigo y es por eso que solicitamos la resolución de este pedido”, dijeron.
Y sentenciaron: “Es importante destacar que muchas de las cuestiones aquí planteadas son de la órbita municipal y entendemos que el Gobierno Provincial tiene facultades para controlar al municipio, para lograr que éste cumpla los compromisos asumidos y que esto será beneficioso para todos los marplatenses, es por eso que solicitamos su pronta intervención”.
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