QUIENES FUERON LOS ASESINADOS Y QUIENES LOS ASESINOS DEL 19 Y 20

Tiempo Argentino se propuso conocer las caras y las historias de las víctimas de la represión. Son 36 y no 39 como se creía. Sólo hubo condenas para seis crímenes. El resto permanece impune. El relevamiento nunca se había hecho.
Si imagináramos un grupo de diez argentinos en 2001, veríamos a seis pobres, dos indigentes y sólo dos de clase media o media alta. Sabríamos que dos no tenían trabajo, cuatro estaban en negro y dos, “subempleados”. La mitad no contaba con obra social ni con ningún sistema de salud privado. Se enfermaban. Sobre todo, los que sufrían necesidades básicas insatisfechas, sin cloacas, inodoros ni esperanzas. De los que tenían más de 25 años, sólo el 34,3% había completado o superado el nivel secundario. El resto no. Pero tenían algo en común: cada uno de ellos debía U$S 3800, gracias a que la deuda externa alcanzaba los U$S 180 mil millones.
Cada grupo de estos diez argentinos se multiplicaba hace diez años a lo largo y ancho del país, y delineaba así el mapa de la mayor crisis desde la recuperación democrática. El presidente Fernando de la Rúa, sus ministros y funcionarios sumaron anarquía desde el propio aparato estatal. Los bancos, por orden gubernamental, les prohibieron a los ahorristas disponer de sus depósitos. El hambre y los saqueos fueron respondidos con cárcel, palos y balas. El estado de sitio dictado por De la Rúa, el 20 de diciembre, no fue otra cosa que el marco legal para detener a 4500 personas en todo el país y permitir el asesinato de 36. Pibes y pibas. Inocentes. Desesperados. Cinco presidentes se sucedieron mientras las cacerolas se agitaban al grito de “que se vayan todos”.
Muchos se fueron, pero las víctimas y sus familiares no. Se quedaron a llorar su impotencia y soledad. Hoy, a diez años de la tragedia, siguen llorando. La mayoría no sabe quién ni por qué mató a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Sólo hay seis condenas.
Tiempo Argentino quiso conocer sus historias, sus caras y deseos. Durante un mes y medio, este equipo de Investigación, con la tarea inclaudicable de Fernando Pittaro y Manuel Alfieri, intentó reconstruir lo que el Estado nunca hizo. Y en ese camino, la verdad fue dejando al desnudo indiferencia y olvido. Las víctimas no son 39 como se repite aquí y allá, sino 36: 12 en la provincia de Buenos Aires, nueve en Santa Fe, siete en la Capital Federal, tres en Entre Ríos, dos en Córdoba y una en Tucumán, Corrientes y Río Negro. Siete eran menores de edad. Los más chicos, Rosa Eloísa Paniagua y David Moreno, apenas tenían 13 años.
El número de muertos fue ambiguo desde un principio. Los recortes periodísticos de la época hablaban del “asesinato de más de 30 personas”, pero jamás se hizo un conteo exhaustivo. Ante la ausencia de cifras concretas, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) elaboró, a partir de lo publicado en los medios, un registro que enumera un total de 39 víctimas. Todas las publicaciones posteriores tomaron esa cifra como cierta. Pero en Santa Fe se computa al pibe Ricardo Villalba dos veces: primero, con su nombre correcto y luego, con el de Ricardo Álvarez Villalba. En Corrientes, la Comisión Provincial de la Memoria informó que allí no fueron dos las personas asesinadas, sino una, Ramón Arapí. Y sobre la tercera supuesta víctima, Sergio Pedernera, diferentes organismos vinculados a los Derechos Humanos –Círculo Sindical de Prensa (CISPREN), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), HIJOS– confirmaron a este diario que los muertos en esa provincia sólo fueron los jóvenes David Moreno y Sergio Ferreyra. Este trabajo permitirá enmendar los errores y, si nueva información lo contradijera, volverá a modificarlo.
Más angustiante que no tener claro quiénes fueron las víctimas una década después, es saber que sólo hubo justicia para seis familias. El primer condenado fue el policía Esteban Velázquez, quien asesinó en Rosario a Claudio “Pocho” Lepratti cuando gritaba desde la terraza de una escuela: “¡Hijos de puta, no disparen, que acá hay pibes comiendo!”. Velázquez tenía que protegerlo, pero eligió matarlo. Le respondió con un balazo, que dio en la tráquea de “Pocho”, el militante comunitario. En agosto de 2004, el juez Ernesto Genesio sentenció al policía a 14 años de prisión. “Tiene los beneficios de la libertad condicional. Pero nunca cumplió la condena, porque se sabe que salía para festejar navidades o cumpleaños”, denunció Sandra Martínez, organizadora del Primer Encuentro Nacional de Familiares de Víctimas, que se desarrolló hace diez días en la ciudad de Rosario.
El segundo juicio fue en marzo de 2007. Un tribunal oral de La Matanza condenó al comerciante Luis Mazzi y a su custodio, Bernardo Joulie, a 15 y seis años, respectivamente, por los asesinatos de Damián Ramírez, de 14, y de Ariel Salas, de 30.
En Entre Ríos, el cabo Silvio Martínez fue condenado a diez años de prisión por el asesinato de la mencionada Rosa Eloísa Paniagua, una nena de 13 años que vivía en la ciudad de Paraná, junto a su padre, su madre y tres hermanos.
El quinto condenado fue Luis Quiroz, por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. La Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario ordenó once años de prisión para el asesino de Graciela Acosta, una militante social que tenía siete hijos.
El sexto y último caso resuelto judicialmente es el de Miguel Lentini, padre de la dueña del supermercado Steffi, en Merlo. Lentini estuvo prófugo cuatro meses por el homicidio de Cristian Legendre, de 19 años, que, mientras miraba cómo sus vecinos pedían comida, recibió cinco balazos. El 28 de octubre de 2010, el Tribunal Oral Nº 3 de Morón sentenció a Lentini a diez años y ocho meses de prisión. Pero continúa libre: la sentencia no está firme.
En el resto de los casos hay un punto en común: la impunidad. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde la represión se concentró en un radio de pocos metros, no hubo ninguna condena.
Los asesinatos de Diego Lamagna, Gastón Riva, Carlos Almirón, Jorge Cárdenas, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez forman parte de una causa que tramita en el juzgado de Claudio Bonadío y, hasta la fecha, continúan impunes. Todos ellos murieron por las mismas balas: las de la Policía Federal, pero en distintos puntos de la ciudad.
La noche del 19 de diciembre, Jorge Cárdenas fue fusilado en las escalinatas del Congreso de la Nación. En el lugar estaban el subcomisario Roberto Rodríguez y los principales Marcelo Taladrid y Juan Antonio Araya, entre otros efectivos. Casi un año después, el 2 de agosto de 2002, Cárdenas falleció en el Hospital Eva Perón, de Merlo.
El 20 de diciembre, Gustavo Benedetto fue asesinado a las 16:30, en la puerta del Banco HSBC, de Avenida de Mayo al 701. Se comprobó que la bala que impactó en su cabeza salió del interior del local. Por ese caso, fueron imputados el subcomisario a cargo del operativo, Omar Alberto Bellante; el ex mayor del Ejército y custodio del banco, Jorge Eduardo Varando; y los demás policías que estaban en el lugar. A la mayoría se les dictó la falta de mérito, y en el caso de Bellante y Varando, sus juicios están en suspenso por una cuestión de competencia, al cambiar la calificación del delito.
El mismo día, en Avenida de Mayo y 9 de julio, entre las 15:30 y las 16:30, asesinaron a Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón. Además, hubo siete heridos de bala. Las pericias determinaron que los homicidios fueron perpetrados por efectivos de la Policía Federal.
Dos horas después, en 9 de Julio y Sarmiento, a metros del Obelisco, dos perdigones de escopeta calibre 12:70, provenientes de automóviles con policías de civil en su interior, atravesaron el cuerpo de Alberto Márquez, quien falleció antes de ser trasladado al hospital.
En medio de la represión, sólo en la Capital Federal, 190 personas fueron detenidas. Por los seis crímenes mencionados y la violencia ejercida resultaron imputados 79 efectivos de la Federal, pero a casi todos se les dictó la falta de mérito. Sólo nueve policías irán a juicio oral por esta causa, el 11 de junio de 2012. Se trata de Víctor Belloni, Orlando Oliverio, Eugenio Figueroa, Roberto Juarez, Sebastian Saporiti, Horacio Berardi, Mario Seia, Norberto Sabbino y Ariel Firpo Castro. Están imputados por “homicidios dolosos consumados o en grado de tentativa, lesiones y abuso de armas” en perjuicio de los asesinados Benedetto y Márquez, y una gran cantidad de heridos.
La investigación de estos casos está en manos de la Fiscalía Nº 5 en lo Criminal y Correcional, encabezada por Horacio Comparatore. En nueve años de instrucción, el expediente adquirió un volumen sorprendente: 103 cuerpos divididos en 20.600 fojas y cinco anexos. Tiempo pudo corroborar la cantidad de material probatorio –entre testimonios, fotografías y documentos– que se acumula silencioso.
En un principio, la jueza María Romilda Servini de Cubría quedó a cargo de determinar lo que sucedió en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, el Congreso Nacional y el Obelisco, y separó la investigación en dos: una sobre los autores materiales –fue derivada a la fiscalía de Comparatore, en el expediente Nº 22.080/01– y otra por las responsabilidades políticas –recayó en el fiscal Marcelo Colombo (Nº 22.082/01).
Al poco tiempo, Servini de Cubría se desentendió de la causa y esta recayó en el juzgado de Bonadío, quien le negó a este diario el acceso al expediente. A pesar de la obviedad, se le explicó el interés público existente y el derecho constitucional de acceso a las fuentes, pero su secretaria, Mónica Mica, expresó que “el doctor no habla de causas en trámite, por lo que no quiere dar ninguna respuesta a la solicitud”.
Bonadío fue quien sobreseyó a De la Rúa, principal responsable político de la represión, el 7 de abril de 2009. La medida luego fue corroborada por la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Sin embargo, Rodrigo Borda, abogado del CELS –uno de los organismos querellantes– sostuvo que “el sobreseimiento no está firme. El objetivo es que el ex presidente sea juzgado en el juico oral pautado para junio del próximo año”. Por otro lado, el ex ministro del Interior Ramón Mestre –también imputado por su responsabilidad política– murió mientras se sustanciaba el expediente.
Así, en el listado de responsables políticos que el año que viene serán juzgados por esta masacre, sólo figuran los nombres de Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad de la Nación; Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal; Raúl Andreozzi, ex superintendente de Seguridad Metropolitana; y Norberto Gaudiero, ex director General de Operaciones. Fueron imputados por los cargos de “homicidio culposo reiterados en cinco oportunidades, lesiones culposas reiteradas en 117 casos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. A todos podría alcanzarlos una pena máxima de cinco años de prisión. Hoy se encuentran en libertad, ya que tanto Mathov como Santos fueron excarcelados en 2002.
Santa Fe es otra de las provincias donde la represión fue asesina. Allí hubo nueve muertos, siete de ellos en Rosario. Y, si bien fueron condenadas dos personas por los crímenes de Lepratti y Graciela Acosta, la jerarquía política provincial, encabezada por el entonces gobernador Carlos Reutemann, nunca fue investigada. El ex subsecretario de Seguridad Enrique Álvarez, señalado por los organismos de Derechos Humanos como el responsable político de la represión, sólo fue citado por la justicia correccional.
Por esta razón, en Santa Fe se conformó la Comisión Investigadora No Gubernamental, un organismo que busca determinar las responsabilidades políticas de la masacre y aportar elementos a la justicia. Un informe preliminar, elaborado en diciembre de 2002, brindó detalles sobre la represión. Según el documento, “en varios casos esta se inicia por la irrupción de gran cantidad de móviles a gran velocidad, con las sirenas prendidas, las puertas abiertas y personal policial disparando a mansalva”. Además, “no se limita a dispersar a la gente, sino que se producen persecuciones, ingresos a domicilios, disparos y lanzamientos de gases lacrimógenos al interior de las viviendas”. El organismo también denunció las irregularidades tanto en el accionar policial como en los procesos judiciales posteriores. De acuerdo con el informe, se produjo “alteración y modificación del escenario de los hechos (…) recepción de testimonios por personal de las seccionales policiales involucradas en los homicidios (…) aparente falsificación de pruebas, como testimonios o actas policiales (…) amenazas e intimidación a familiares de víctimas y a testigos”.

El documento publicado hoy por este diario, que busca precisar quiénes fueron víctimas de un Estado democrático tan anárquico como negligente, no estará terminado hasta que se identifique a los responsables y paguen sus culpas. A continuación, las historias de los 36 asesinados hace una década, el 19 y 20 de diciembre de 2001.