La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires presentó este miércoles ante el Senado de la Nación un pedido de impugnación a la candidatura del juez Eduardo Pablo Jiménez para ocupar el cargo de Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. El reclamo se fundamenta, entre otras cuestiones, en el vínculo que tendría el Magistrado con el ex fiscal marplatense Gustavo Demarchi, actualmente investigado por su presunta participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la década del ’70 en esta Ciudad, por la Concentración Nacional Universitaria.
En horas de la tarde de este miércoles, el presidente y el secretario de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, Carlos Díaz y Fernando Cuesta, respectivamente; plantearon ante el Honorable Senado de la Nación una serie de observaciones a la candidatura del juez Eduardo Pablo Jiménez para ocupar el cargo de Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mar del Plata, y pidieron la impugnación del pliego remitido por la presidenta Cristina Fernández.
En el escrito dirigido al presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Marcelo Guinle y al que 0223.com.ar tuvo acceso, la entidad respaldó su reclamo en los vínculos que posee el Magistrado con Dr. Demarchi.
En primer término, mencionaron que en el marco de la causa N° 23, caratulada “Averiguación de Delito de Acción Pública (CNU)”, que se tramita ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, “fue designado Eduardo Jiménez para intervenir ante un planteo efectuado por el imputado Gustavo Demarchi (hoy a la espera de su llegada al país, producto de su extradición acordada por el presidente de Colombia) y, cuando era el momento de determinar el grado de responsabilidad que le cabía a Demarchi por su actuación por crímenes de lesa humanidad, cometidos siendo Fiscal Federal de la ciudad y adjudicados a la CNU; resolvió excusarse de intervenir en virtud de que ‘Demarchi había sido su abogado de confianza’ en un reclamo ante el Estado Nacional”.
A su vez, indicaron que en el momento en el que “el Juez de Primera Instancia determinó la participación de Demarchi en los hechos imputados ordenando su detención, el juez Jiménez -subrogando dicho juzgado y en un claro acto de prevaricato- solicitó la extradición de Demarchi”. “Resulta a las claras que en aquel entonces, cuando debía determinarse la responsabilidad del imputado, Jiménez se excusó de intervenir, brindando protección a Demarchi –cabe señalar que dicho incidente estuvo más de un año en la Cámara Federal antes de ser resuelto-; más cuando la causa estuvo resuelta y era una palmaria violación a sus deberes de magistrado, intervino en la misma”, agregaron.
Más adelante, desde la Asociación señalaron lo sucedido en el marco de la causa “Teodori, Ana María s/dcia. pta. inf. Art. 275 CP” que se tramitó ante el Juzgado Federal N° 1 local, donde “la Dra. Ana María Teodori (Juez del proceso) denunció al Dr. Rodolfo Díaz (quien fuera Presidente del Colegio de Abogados de esta ciudad y notable defensor de los derechos humanos) en relación a los hábeas corpus presentados respecto de los abogados desaparecidos en la “Noche de las Corbatas”, siendo sobreseído por el Juez en Primera Instancia”.
“Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad integrada en dicha causa con Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, revocaron dicho decisorio señalando que la Dra. Teodori también tenía “derecho a la verdad” cuando claramente este es un derecho reconocido a las víctimas del terrorismo de Estado. Hoy la Dra. Teodori está llamada a prestar declaración indagatoria por la comisión de delitos de lesa humanidad”, subrayaron.
Por otra parte, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos también mencionó el caso caratulado “Pesquera Costa Brava S.R.L. s/juicio de limitación de responsabilidad del propietario y del armador del B/P Angelito (matrícula 5.000)”, en el que “el juez Eduardo Jiménez no acató la decisión de la Cámara Federal de intervenir en dichos actuados luego que no hiciera lugar a su apartamiento, excusándose por segunda vez”. “Asímismo -agregaron- en el marco de dichas actuaciones, ordenó testar sin fundamento en ley, una providencia dictada por el Juez Alfredo López quien se encontraba subrogando su Juzgado; en un claro ejercicio abusivo de su función, con posibles consecuencias penales”.
Por último, desde el sector recomendaron al Senado que libre oficios a los Juzgados Federales N° 1 y 2 de esta ciudad y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con el objetivo de “solicitar todos los antecedentes que den cuenta de los conflictos aquí denunciados”.
En horas de la tarde de este miércoles, el presidente y el secretario de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, Carlos Díaz y Fernando Cuesta, respectivamente; plantearon ante el Honorable Senado de la Nación una serie de observaciones a la candidatura del juez Eduardo Pablo Jiménez para ocupar el cargo de Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mar del Plata, y pidieron la impugnación del pliego remitido por la presidenta Cristina Fernández.
En el escrito dirigido al presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Marcelo Guinle y al que 0223.com.ar tuvo acceso, la entidad respaldó su reclamo en los vínculos que posee el Magistrado con Dr. Demarchi.
En primer término, mencionaron que en el marco de la causa N° 23, caratulada “Averiguación de Delito de Acción Pública (CNU)”, que se tramita ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, “fue designado Eduardo Jiménez para intervenir ante un planteo efectuado por el imputado Gustavo Demarchi (hoy a la espera de su llegada al país, producto de su extradición acordada por el presidente de Colombia) y, cuando era el momento de determinar el grado de responsabilidad que le cabía a Demarchi por su actuación por crímenes de lesa humanidad, cometidos siendo Fiscal Federal de la ciudad y adjudicados a la CNU; resolvió excusarse de intervenir en virtud de que ‘Demarchi había sido su abogado de confianza’ en un reclamo ante el Estado Nacional”.
A su vez, indicaron que en el momento en el que “el Juez de Primera Instancia determinó la participación de Demarchi en los hechos imputados ordenando su detención, el juez Jiménez -subrogando dicho juzgado y en un claro acto de prevaricato- solicitó la extradición de Demarchi”. “Resulta a las claras que en aquel entonces, cuando debía determinarse la responsabilidad del imputado, Jiménez se excusó de intervenir, brindando protección a Demarchi –cabe señalar que dicho incidente estuvo más de un año en la Cámara Federal antes de ser resuelto-; más cuando la causa estuvo resuelta y era una palmaria violación a sus deberes de magistrado, intervino en la misma”, agregaron.
Más adelante, desde la Asociación señalaron lo sucedido en el marco de la causa “Teodori, Ana María s/dcia. pta. inf. Art. 275 CP” que se tramitó ante el Juzgado Federal N° 1 local, donde “la Dra. Ana María Teodori (Juez del proceso) denunció al Dr. Rodolfo Díaz (quien fuera Presidente del Colegio de Abogados de esta ciudad y notable defensor de los derechos humanos) en relación a los hábeas corpus presentados respecto de los abogados desaparecidos en la “Noche de las Corbatas”, siendo sobreseído por el Juez en Primera Instancia”.
“Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad integrada en dicha causa con Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, revocaron dicho decisorio señalando que la Dra. Teodori también tenía “derecho a la verdad” cuando claramente este es un derecho reconocido a las víctimas del terrorismo de Estado. Hoy la Dra. Teodori está llamada a prestar declaración indagatoria por la comisión de delitos de lesa humanidad”, subrayaron.
Por otra parte, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos también mencionó el caso caratulado “Pesquera Costa Brava S.R.L. s/juicio de limitación de responsabilidad del propietario y del armador del B/P Angelito (matrícula 5.000)”, en el que “el juez Eduardo Jiménez no acató la decisión de la Cámara Federal de intervenir en dichos actuados luego que no hiciera lugar a su apartamiento, excusándose por segunda vez”. “Asímismo -agregaron- en el marco de dichas actuaciones, ordenó testar sin fundamento en ley, una providencia dictada por el Juez Alfredo López quien se encontraba subrogando su Juzgado; en un claro ejercicio abusivo de su función, con posibles consecuencias penales”.
Por último, desde el sector recomendaron al Senado que libre oficios a los Juzgados Federales N° 1 y 2 de esta ciudad y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con el objetivo de “solicitar todos los antecedentes que den cuenta de los conflictos aquí denunciados”.
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