Por Karina Fernandez
para la Revista Puerto
Dar una respuesta institucional al problema del trabajo no registrado en la pesca marplatense es tan necesario como complejo. Las cooperativas absorben de forma precaria a más de 5000 trabajadores que, ya es sabido de antemano, no podrán ser registrados en su totalidad; por el contrario, un número importante quedará por fuera del circuito productivo.
La precarización laboral, impulsada desde el Estado, tímidamente combatida por el sindicalismo y festejada por los empresarios durante la década del noventa, debe terminar. Así lo entienden hoy el Gobierno nacional y el SOIP. Los empresarios, por su parte y en algunos casos, han comenzado a registrar a sus obreros. Sin embargo, un sector mayoritario se resiste y buscará la forma de seguir en un sistema más cercano al fraude laboral que al verdadero cooperativismo.
En los últimos 18 meses, cerca de mil trabajadores en negro del sector filetero marplatense perdieron su trabajo y difícilmente puedan recuperarlo. El paro irracional e irresponsable del SiMaPe, como se esperaba, tuvo consecuencias lamentables; se dejaron de descargar unas 50.000 toneladas que alguien debía procesar. Esas manos que con destreza cortaban pescado ya no fueron necesarias, entonces sus patrones cerraron las persianas y ellos quedaron en la calle.
Pero el paro del SiMaPe no hizo más que acelerar un proceso que inevitablemente se desencadenaría en el corto plazo. Las capturas en los últimos años han caído, el acceso al recurso se ha limitado y el número de viajes se redujo. Frente a este panorama, la disminución del trabajo en las plantas procesadoras se vuelve una consecuencia tan inevitable como el aumento de los reclamos en la calles de los trabajadores que antes o después son excluidos del sistema.
Los obreros reclamarán entonces una indemnización por los años trabajados. Esa que les correspondería si hubiesen sido empleados. Formalmente, jamás lo fueron. Desde hace casi dos décadas, para el Estado son socios de una cooperativa. Así lo demuestran los asientos contables, los expedientes, los usos y las costumbres.
Las cooperativas llegaron al puerto marplatense en los años noventa, de la mano de la flexibilización laboral. Los obreros fueron tentados con un jornal mayor al que percibían en relación de dependencia y lo aceptaron. Los empresarios, además de encontrar una forma legal de realizar menos aportes, se evitaron la relación con sus empleados. Los sucesivos gobiernos se desentendieron de una situación anómala, plagada de irregularidades y el sistema cooperativo se expandió rápidamente.
Cuando una de estas plantas cierra, los heridos quedan a la vista. La cooperativa que nunca fue tal, tenía un dueño que se llevó las ganancias y a la mano de obra no le dejó nada. Esos obreros no tienen a quién reclamarle, porque los que figuran como presidente y tesorero se dan a la fuga o no tienen ningún bien a su nombre, como para que el trabajador pueda cobrarles. Para la ley de contratos laborales quien les provee materia prima o a quien ellos brindan un servicio en última instancia, es “responsable solidario”. Pero tan mal se han hecho las cosas que muchas veces ni se sabe con exactitud a quién le cabe esa responsabilidad.
El Ministerio de Trabajo deja de intervenir rápidamente, porque no hay nada que certifique la relación laboral con las empresas señaladas. Entonces, los trabajadores se basan en rumores (algunos más certeros que otros) para ir en busca de un culpable, sin importar el grado de responsabilidad real.
A fuerza de cortes, gomas y tomas, a veces consiguen que alguno haga un aporte solidario, pero desconociendo la relación laboral, quedando así eximido de la registración.
Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, el 70 por ciento de los trabajadores de tierra no están registrados. Si como dicen, se concreta la eliminación del trabajo en negro y se obliga a los empresarios a tener todo su personal bajo relación de dependencia, un porcentaje importante de estos obreros quedarán fuera del sistema productivo. Sin embargo, será la única forma de dimensionar la ocupación de mano de obra necesaria, con empleos dignos, a las capturas que proveen la materia prima cuyo procesamiento genera y justifica el trabajo.
Si se avanza en este sentido, el cierre de plantas será una constante en los próximos meses y el número de reclamos crecerá de su mano. La celeridad en la toma de decisiones será imprescindible para que las empresas que están trabajando dentro del marco de la ley no terminen pagando las consecuencias generada por los inescrupulosos.
Lo que no se podrá evitar es que miles de trabajadores queden en la calle. Encontrar formas de contener a esa masa obrera que engrosará el porcentaje de desempleo y acarreará una crítica situación social deberá preverse. El desafío en un futuro cercano no será solo llevar a los hechos los discursos sobre la eliminación del trabajo en negro sino atender las complejidades que de ella derivan.
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