La sesión comenzó con una fuerte controversia en torno a las dimensiones de la sala donde se desarrollaba el encuentro: es que el lugar se encontraba abarrotado de legisladores, colaboradores y periodistas, que en palabras de la dirigente del PRO Laura Alonso hacían que en ese contexto no fuera "posible trabajar".
La primera en tomar la palabra fue la titular de la comisión, Adela Segarra. La diputada oficialista leyó un extenso documento en el que buscó rebatir los argumentos contra el vicepresidente de cada iniciativa. Así, recomendó que se "rechacen in límine los pedidos", al señalar que "se basan en hechos y actos que aún tramitan en sede judicial".
En su exposición, la legisladora sostuvo que "los proyectos de resolución tienen términos imprecisos, condiciones vagas, menciones difusas", y aseguró que "la comisión de delitos no se encuentra probada". También dijo que avanzar en ese sentido constituiría una violación de la división de poderes. A su entender, "no existe motivo alguno para que este Congreso intervenga".
Como otros kirchneristas, Segarra volvió a usar los conceptos de "desestabilización" y "linchamiento mediático" para referirse al caso y dijo que el deber de los diputados es "denunciar las presiones corporativas".
"Hay causales gravísimas contra Boudou"
Carrió apuntó además al kirchnerismo por ser "cómplices" del vicepresidente y adelantó que, de convalidar el dictamen que leyó Segarra, los llevará a la Justicia. "No admitir este juicio los convierte en encubridores de los delitos que cometió Boudou", espetó.
A las 16, a poco de comenzado el debate, el oficialismo, sin oír los argumentos de la oposición –siquiera el de los autores de los proyectos– hizo valer su mayoría en la comisión para aprobar a mano alzada un dictamen que acompañaba el informe que leyó Segarra, de manera que se adelantó el rechazo a los pedidos de juicio político y luego continuó el debate.
Uno a uno, los opositores que tomaron la palabra tras una votación que estuvo signada por el escándalo y las quejas denunciaron que el procedimiento fue violatorio de los procedimientos internos.
El radical Manuel Garrido calificó de "lamentable" la decisión del oficialismo y afirmó que "el Congreso debe investigar y producir pruebas". Y la líder del GEN Margarita Stolbizer dijo que "pareciera que no les importara que tengamos un vicepresidente procesado por corrupción".
Similar reproche expresó la aliada al PRO Patricia Bullrich –"les pesará en la conciencia", estimó–, quien además se preguntó si, con el proceder que defendió el FpV, correspondería entonces esperar que un juez de la Corte Suprema que sea acusado de un delito sea primero enjuiciado en un tribunal menor antes de que el Parlamento pueda avanzar en el análisis de su desempeño.
El tenor de quienes se sucedieron en el uso de la palabra fue equivalente. Claudio Lozano y Victoria Donda se contaron entre los más enérgicos a la hora de repudiar la actitud del kirchnerismo. En nombre del Frente Renovador, Darío Giustozzi denostó la decisión oficial y, al terminar su discurso, retiró a los representantes de su bloque en la sala.
Además de insistir en la necesidad de un juicio político, muchos de los legisladores opositores abogaron porque el vicepresidente pida licencia mientras es investigado. De hecho, esta mañana habían circulado versiones que el funcionario podría hacerlo en las próximas horas. Sin embargo, desde su entorno negaron que vaya a dar un paso al costado.
De los 31 diputados que integran la comisión, 17 responden al oficialismo y 14 a la oposición. Por eso se descontaba que el Frente para la Victoria descartaría sin mayores problemas los pedidos contra Boudou.
Pasadas las 18, con una dura intervención de Diana Conti que criticó a la oposición, finalizó el debate en la comisión, que en lo que va del año tan sólo se reunió una vez, tan sólo para cumplir con el trámite formal de dar por constituida la comisión.
"La democracia en riesgo"
En diálogo con Infobae, la titular de la bancada del FpV, Juliana Di Tullio, defendió el rechazo a los planteos opositores. "Eran inaceptables porque hay un proceso judicial en marcha, y sería entorpecer e invadir al poder judicial", dijo, y remarcó la presunción de inocencia.
"Pedir el juicio político es de mucha gravedad, pone en riesgo la democracia", evaluó. Y añadió: "Quieren llevar a la Argentina a una situación de vulnerabilidad y lo hacen con una liviandad que no corresponde con el juramento de la envestidura".
Di Tullio pidió a la oposición "no perder energías" en ese tema y, en cambio, preocuparse por acompañar al oficialismo en la disputa con los holdouts. "Que la agenda de la oposición sea una embestida contra este gobierno me parece lamentable, deberían estar construyendo consenso para ponerse al frente de una causa nacional como la deuda", dijo.
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