CON LA VIGENCIA DEL TARIFAZO, SE PERDERAN MILES DE EMPRESAS Y PUESTOS DE TRABAJO

Ante la difusión del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la fijación de las

 tarifas de gas, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios expresa

 su preocupación por la vigencia del “tarifazo” para el conjunto de usuarios no

 residenciales, lo que abarca a sectores sensibles como las Pymes, las empresas

 recuperadas y las cooperativas.

El fallo constituye en sí mismo un avance respecto de la situación

 precedente, ya que declara la nulidad de las resoluciones gubernamentales 

que fijaban el nuevo esquema tributario y sostiene la tarifa social, determinando

 que deben abonarse los valores vigentes  previos a esas resoluciones. También 

expresa que todo el esquema tarifario debe discutirse en Audiencias Públicas,

 lo cual se entiende incluye el valor de producción, que debe ser fijado por el 

Estado.

No obstante, APYME alerta que en el actual contexto de recesión, caída 

de la actividad, aumentos de precios e ingreso de importaciones, la vigencia 

de un cuadro tarifario con aumentos  como los que dispuso el Poder Ejecutivo

 resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los

 servicios. El límite del 500% con retroactividad del cobro de facturas sigue

 resultando desproporcionado y confiscatorio. Al no haber una segmentación

 adecuada hacia el interior del entramado productivo, serán los eslabones 

más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias.

APYME resalta el dictamen de la procuradora general de la Nación Gils Carbó, 

donde se dice que si por una parte “el servicio público domiciliario de gas es 

un servicio indispensable para la salud y la vida digna”, asimismo “el acceso

 al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad 

económica de los comerciantes, las empresas —en especial, las pequeñas y

 medianas—, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales 

depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.

Debemos recordar que este universo de empresas representa más del 90 %

 de las unidades productivas y genera el 80  % del empleo. Dejar instalada la

 inseguridad jurídica sobre el valor de las tarifas para este sector equivale a

 decretar el cierre de miles de empresas, suspensiones y despidos de

 trabajadores, situación que sin duda agravará la crisis ya existente.

APYME señala que debe tratarse de modo urgente esta situación por las vías

 legislativa, jurídica y política. Uno de los caminos es crear de modo urgente la

 figura del ombudsman de las Pymes, como se propuso oportunamente durante 

el tratamiento de la ley de fomento a las Mipymes, a fin de impulsar un proceso

 colectivo que ampare al sector.

Este camino debería seguirse también respecto del resto de los aumentos

 tarifarios, en particular de la electricidad y el agua, que también fueron 

fijados por el Gobierno de modo unilateral, sin audiencias públicas y con

 completo descuido por sus devastadores desequilibrios  sociales y productivos

 sobre el conjunto de la población.

Los cuadros tarifarios de servicios públicos responden a políticas de Estado, y

 como tales  deben aplicarse de acuerdo con criterios de equidad, racionalidad

 y justicia para el conjunto de la población.

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016

Eduardo Fernández
Presidente Comité Nacional
Juán José Sisca
Secretario Comité Nacional
Carlos Filippini
Presidente Delegación Mar del Plata
Gustavo Casciotti
Secretario Delegación Mar del Plata