El caso que involucra al exjuez César Melazo y al juez de la Casación
Martín Ordoqui no puede ser visto como un caso excluyente de
corrupción en el seno del Poder Judicial. Años que este medio
señala que en reiteradas liberaciones de criminales reincidentes,
hay cuestiones de peso a observar y corregir.
En Mar del Plata, los caminos de la corrupción en el ámbito judicial
son, en muchos casos, sofisticados. O quizá burdos, pero bajo la
pátina de los denominados “tiempos judiciales”, denunciados por
el presidente del Colegio de Abogados Fabián Portillo el día en que
la colegiatura festejaba su jornada. Portillo denunció la falta de
contracción al trabajo, y ejemplificó señalando que entre las 13.50
y las14.10, los tribunales quedan vacíos y las causas se alargan
indefinidamente, dejando al letrado de a pie sin explicación
plausible ante su cliente salvo la remanida y falaz expresión de
“son los tiempos judiciales”.
En esta semana, el abogado Martín Ferrá, cual Quijote buscando
derribar los molinos de viento, amplió la denuncia en referencia
a los procederes y conductas del fiscal general Fabián Uriel
Fernández Garello. Garello está en una situación harto compleja
, pero a diferencia de los actores de la trama platense, ni siquiera
se ha considerado su suspensión. Se afirma que depende de la
resolución judicial en la causa que por violación de los derechos
humanos se le sigue en los tribunales de Morón. El pedido de jury
está más que justificado en términos de competencia para ocupar
el cargo, pero la resolución se alarga sin justificativo alguno.
En tanto, los fiscales designados por Garello siguen destrozando
la vida de la gente sin consecuencia alguna para ellos. Lucía Sosa
y Hectór Picart estuvieron dos años y meses privados de su libertad
por una causa que instruyó la fiscal María Isabel Sánchez. Decretada
su inocencia, están en la calle sin asistencia alguna, Sánchez percibe
su salario del Estado regularmente, y hoy ni siquiera cumple función
alguna.
La Fiscalía 10 de Delitos Económicos es otra pieza notable en este
esquema de una justicia alejada de su rol y de su accionar correctivo
de los malos procederes que son de carácter delictual. El fiscal David
Bruna, integrante de esa fiscalía, produjo el juicio oral por el
apoderamiento ilegal de los terrenos ubicados en la intersección de
las calles Avellaneda y Alem; le tomó casi una década elevar el tema
a esa instancia. El juez interviniente determinó culpabilidades en un
solo individuo, un personero de la Liga de Remates, Gustavo Enrique
Apud, quien recibió una condena menor a tres años, con lo que anda
suelto a su aire. La fiscalía, en la persona de Bruna, no halló motivos
para imputar a Alejandro Rossi, beneficiario último de la maniobra.
Otro caso manejado por Bruna que es de extraordinaria factura irreal
es el caso que enfrenta a la familia Barillari. Luego de una década d
e no tramitar la causa, pese a la abundante prueba sobre el accionar
malicioso de Franco Barillari en perjuicio de su familia, Bruna envi
ó la causa a archivo, determinando que, en su convicción, los términos
de la denuncia deben resolverse en la justicia civil.
¿”Tiempos judiciales”? Of course.
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