del
“Pacto Social”
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Alberto Fernández hizo su campaña con una frase que le terminó dando
buenos resultados electorales: “Vamos a aumentarle a los jubilados bajando
la tasa de las Leliq”. El desarme de estos títulos emitidos por el Banco Central,
cuyos rendimientos llegaron al 80% anual ya arrancó. Y también empezó el
proceso de baja de las tasas, incluso antes de que asuma el nuevo gobierno.
Sin embargo, luce mucho más complejo cumplir con la primera parte de la
afirmación, es decir avanzar en una mejora de los ingresos a los jubilados.
Podría suceder exactamente lo contrario: que la necesidad de “desindexar”
la economía se lleve puesta la “movilidad jubilatoria”, que establece el
ajuste del aumento de los haberes según la inflación pasada.
Matías Kulfas, una de las “espadas” económicas del presidente electo, viene
reiterando que uno de los problemas que enfrenta la economía es cómo frenar
la “inercia” inflacionaria. El “Pacto Social” que tiene pensado convocar
Alberto Fernández y en el que participarán empresarios, sindicalistas y
el propio Estado apunta a esa dirección. Es decir frenar los aumentos de
precios y establecer pautas de incrementos nominales más bajas a partir de
2020. No sería un “congelamiento”, imposible de cumplir en un contexto de casi
60% de inflación anual, pero sí una suerte de barajar y dar de nuevo.
Dentro de este esquema se torna imprescindible dar marcha atrás con la
actual ley de movilidad jubilatoria, aprobada a fines de 2017. La misma
establece que los haberes se ajustan en un 70% por la inflación y un 30%
por el RIPTE, es decir la remuneración promedio de los trabajadores en relación
de dependencia. Su ajuste es trimestral.
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La ley de movilidad jubilatoria, tal como quedó tras el cambio de 2017, complica mucho la “desindexación” de la economía, es decir es un gran escollo para bajar la inlación. Quedarían sin efecto en caso que la Corte Suprema declare su inconstitucionalidad.
Esta fórmula tiene un grave problema: si efectivamente se consigue una
desinflación exitosa en los primeros meses del Pacto Social, las jubilaciones
aumentarán muy por arriba de la inflación promedio, ya que ajusta según el
promedio de los últimos seis meses. Por lo tanto, las cuentas públicas se verán fuertemente afectadas, obligarían al Banco Central a aumentar la emisión
monetaria para tapar el agujero fiscal y en pocos meses esto generaría más
presión cambiaria e inflación.
El próximo gobierno tiene a mano un atajo perfecto para borrar de un
plumazo esta ley de movilidad. Se trata de una causa judicial que busca
declarar su inconstitucionalidad y que ya llegó a la Corte Suprema. Detrás
de esta demanda se encuentro un experto en temas previsionales, Miguel
Fernández Pastor, quien además es cercano a Sergio Massa, uno de los
principales referentes de Frente de Todos.
En su momento, presentó la demanda porque suponía una licuación del aumento
que le hubiera correspondido a los jubilados en el primer semestre de 2018.
Pero a la larga la fórmula terminó siendo beneficiosa, porque la inflación superó largamente la recaudación previsional, que era la variable de ajuste anterior a la
reforma.
El nuevo gobierno no quiere asumir el costo político de “toquetear” la ley de movilidad actual, por lo que le calzaría perfecto un fallo de la Corte en esa dirección. Así volvería la anterior fórmula, que arrancó con el gobierno de Cristina Kirchner, que establece el ajuste automático de las jubilaciones según la evolución
del RIPTE y de la recaudación de ANSES. Incluso prevé la posibilidad de
establecer topes en situaciones extraordinarias, con lo cual tiene un mayor
grado de discrecionalidad.
Sin acceso a los mercados financieros, por el momento la única opción
que tiene este y el gobierno que asume el 10 de diciembre es recurrir a
la emisión monetaria. El propio Kulfas reconoció que usará esta potestad,
pero que lo hará con “precaución”.
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Para apuntar al equilibrio fiscal, una de las medidas claves será el aumento de las retenciones, pero también por el lado del gasto será importante modificar la ley de movilidad para los haberes jubilatorios
Se trata, sin embargo, de una política extremadamente riesgosa. Con una
inflación muy alta, darle al Banco Central rienda suelta a la emisión es
un arma de doble filo. Si el déficit es muy alto la financiación vía emisión
será excesiva, generando nuevos saltos de la inflación.
La clave será, por lo tanto, ir lo más rápido posible hacia el equilibrio fiscal
para que la crisis actual no se profundice. La principal medida por el lado de
los ingresos será un aumento de las retenciones al sector agropecuario, que
quedaron licuadas por los sucesivos saltos del dólar. Un aumento a los
impuestos a los Bienes Personales también está en danza, pero su impacto
en los ingresos es menor y generaría un fuerte impacto negativo si la idea es
captar nuevas inversiones.
Pero además del aumento de la presión fiscal, también habrá que manejar con
cuidado el gasto público. Un paso importante en esa dirección será el cambio
en la fórmula que indexa los haberes jubilatorios.
Ordenar las cuentas públicas no sólo tiene como objetivo evitar un mayor salto del dólar y de la inflación. También es fundamental para negociar mejor con los acreedores y el nuevo acuerdo con el FMI
Recuperar el equilibrio de las cuentas públicas no es sólo una necesidad
para quitarle presión al dólar y a la inflación. También es imprescindible
para avanzar en una negociación con los bonistas y para conseguir un
nuevo acuerdo con el FMI.
La exitosa renegociación de deuda uruguaya en 2003 vino de la mano de un
importante superávit fiscal primario (antes del pago de intereses), que llegó
casi a 3% del PBI. Esto permitió además enviar una señal a los bonistas
sobre la capacidad de pago del país, lo que facilitó llegar a un altísimo
grado de aceptación, que superó cómodamente el 90%.
Hasta ahora, el futuro gobierno no fue capaz de convencer a los mercados que efectivamente quiere llevar adelante un “canje amigable”, que implicaría un
alargamiento de plazos (entre cinco y diez años), sin quita de capital y
manteniendo las tasas de interés, aunque habría un “período de gracia”
para volver a pagar. Pero los inversores por ahora se mantienen escépticos.
El riesgo país a casi 2.300 puntos básicos revela que la expectativa es a
una renegociación mucho más agresiva, no muy diferente a la quita récord
de 2005.
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