Parrilli y Zannini expusieron el proyecto oficial y ratificaron el traspaso de las escuchas judiciales al Ministerio Público y no a la Corte. Los bloques no kirchneristas adelantaron que no participarán de la discusión
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Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado comenzaron hoy, en una reunión plenaria, a discutir el proyecto que disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) para crear una Agencia Federal de Inteligencia en un encuentro presidido por Marcelo Fuentes, titular de Asuntos Constitucionales, en el que expusieron el actual director de la SI, Oscar Parrilli, su segundo, Juan Martín Mena, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.
Los referentes de bloques opositores, sin embargo, resolvieron no participar en el plenario de comisiones y brindar, a cambio, una conferencia de prensa para dar a conocer una agenda propia de actividades vinculadas al caso Nisman. Allí adelantaron que no participarán ni de los debates en comisión ni de la sesión en la que el oficialismo busque dar media sanción a la reforma.
Mientras que Parrilli dedicó su intervención a hacer un relevamiento de las modificaciones propuestas a la Ley de Inteligencia, Zannini fue el encargado de defender la oportunidad de la modificación, comparándola con el momento en que se aprobó la ley original, en noviembre de 2001, bajo la presidencia de Fernando de la Rúa.
En aquel entonces, "el debate comenzó el 7 de noviembre de 2001 y terminó el 27 de noviembre con la aprobación en la Cámara de Diputados", dijo Zanini, al tiempo que agregó que el Gobierno no pretende "derogar ni criticar" la ley vigente, sino "tratar de mejorarla" incorporando "la experiencia de los 31 años de democracia argentina". "En la práctica, de sus 53 artículos de la ley original -que dicho sea de paso, el peronismo ayudó en la práctica convertirla en ley- estamos modificando 11, incorporando 10 nuevos. Sin cambio quedan 34 artículos", explicó.
Respecto del traspaso de las observaciones judiciales al ámbito de la Procuración General de la Nación, Zannini sostuvo que el pedido de que quede en manos de la Corte es "un reconocimiento al mérito de nuestro gobierno" que encaró la renovación del máximo tribunal. Sin embargo, tal modificación "pondría en cabeza de la Corte la producción de prueba y no quedaría clara la imparcialidad en las causas en las que la Corte debería intervenir".
Zannini lamentó la ausencia opositora en el recinto pero sostuvo que la Constitución y los reglamentos legitiman la pretensión del Gobierno por lo que no se trabará el trabajo legislativo. "Dios salve a una patria que tenga paralizado a un Congreso", ironizó, y calificó como "un gesto de valentía" de la presidente el proyecto pues de acuerdo con su relato "nos han construido una leyenda de carpetas y carpetazos" por lo que pocos políticos se animan a enfrentarse a los servicios de inteligencia.
Al terminar la sesión, y en diálogo con los medios, Parrilli agregó que "no es a la Procuración sino al Ministerio Público" que se pasan las escuchas, que "de acuerdo con la Constitución del 94 es un extrapoder o cuarto poder", con autonomía financiera y administrativa y "está conformado por la procuradora y la defensoría oficial".
Según el secretario, existen proyectos presentados por opositores que impulsaban esa modificación por lo que, en sus palabras, el rechazo que ahora manifiestan se debe a "una acción mediática que ha enfocado a la doctora Gils Carbó".
Sobre la posibilidad de que agentes de inteligencia resistan las modificaciones, dijo que no tiene duda de que "hay varios, algunos o muchos, que van a intentar frenarlo. No lo van a lograr".
La oposición no irá al recinto
"No estamos dispuestos a prestarnos a esta farsa", dijo el jefe de la bancada de la UCR,Gerardo Morales. "Buscan desviar la causa y que no se llegue a la verdad", añadió.Similar fue la explicación de Laura Montero. "¿Qué ganamos hoy poniéndole la cara a Parrilli para que la semana que viene no tengan en cuenta nada?", se preguntó.
En tanto, Fernando "Pino" Solanas aseguró que en el planteo del oficialismo "no hay honestidad, sino una operatoria para tapar agujeros", mientras que Adolfo Rodríguez Saá apuntó: "En lugar de discutir unas modificaciones en la ley de inteligencia para que no cambie nada, o lo poco que cambie sea para ejercer un poder aun más siniestro, nos parece que tenemos que tener una actitud coherente y entonces planteamos tener una agenda más completa para encontrar los consensos".
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Fuentes adelantó que el oficialismo "está dispuesto" a "abrir el debate y recibir modificaciones", siempre y cuando ello no sea excusa para "prolongar el debate en el tiempo". "Una cosa es abrir el debate y recibir modificaciones y otra prolongar el debate en el tiempo. Esta reforma establece cuestiones centrales y ninguna fuerza política necesita tanto tiempo. Nosotros estamos dispuestos a abrir el debate y es lo que estamos haciendo", apuntó Fuentes en declaraciones a Radio del Plata.
El senador cuestionó además la actitud de la oposición de no concurrir a la reunión de comisión al remarcar que "quieren el debate, pero cuando se les otorga no concurren". "Una cosa es un tema de política de Estado y otra, coyunturas electorales y la chicana corta", apuntó, y agregó: "Dicen que lo que se busca es perpetuar funcionarios para el otro gobierno cuando inmediatamente el párrafo posterior de la ley dice que la remoción de esos funcionarios de la nueva Agencia Federal de Inteligencia es atributo del Ejecutivo".
El proyecto
La iniciativa del Gobierno disuelve la Secretaría de Inteligencia y transfiere la función y el personal a la nueva Agencia Federal; establece que las escuchas telefónicas estarán bajo la jurisdicción de la Procuración de la Nación; dispone que el director general y subdirector serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y, entre otras cuestiones, fija un plazo que no podrá ser "inferior a 25 años" para desclasificar los archivos.
El Frente para la Victoria se mantiene confiado en aprobar el proyecto en ambas Cámaras y convertirlo en ley antes de fin de mes, luego de que el Gobierno convocara a sesiones extraordinarias para discutir el tema. El próximo 11 de febrero podría tratarse en la Cámara alta.
