Nosotros, los representantes de organizaciones sociales, territoriales y grupos afectados por la adicción a las drogas — tanto legales como ilegales y sus combinaciones— que integran esta red, solicitamos una Audiencia Pública con la Corte Suprema, con la participación de nuestros referentes científicos de probada trayectoria en nuestro país.
Ha trascendido públicamente a través de los medios, que con excepción del Dr. Carlos Santiago Fayt el resto de los miembros de la Corte Suprema se dispone a sentar un precedente jurídico como consecuencia del cual quedaría despenalizada la tenencia que se presuma para consumo personal. O como decimos en nuestra red (como consecuencia de la despenalización de la tenencia): se legalizará la venta minorista de droga.
Consideramos que tal acción no solo se encuentra lejos de traer solución alguna al problema que nos afecta a nosotros y a gran parte de la población, sino todo lo contrario, consideramos que agravará y profundizará un avance en la oferta de droga y condicionará un incremento en su demanda.
En todos los países del mundo que se avanzó con la tolerancia, esta experiencia ha fracasado por sus consecuencias, las mismas que presumimos se darán en nuestro país y que mencionamos ya en el párrafo anterior. Y estamos hablando de países desarrollados en donde no se registran los índices de pobreza y exclusión que se registran en países como el nuestro. Por otro lado, en Canadá la Corte Suprema dio marcha atrás con esta medida por haber firmado ese país tratados internacionales, también firmados por la Argentina y que ustedes no pueden ignorar.
Nos sorprenden al querer priorizar la legitimación de la tenencia de droga para su consumo a sabiendas de que dicho consumo es una práctica que, ya sea ésta privada o pública, individual o colectiva, en todos los casos es más que evidente que afecta a terceros y al conjunto de la sociedad.
Y necesitamos nos expliquen qué ciencia los asiste a la hora de encontrar al consumo de drogas una acción que no afecta a terceros.
El adicto es un enfermo y el consumidor, abusador y adicto es también en todos los casos un individuo empujado por un contexto socio-cultural empobrecido que ha promovido el consumo y que lo ha naturalizado induciéndolo a tomar aquello que más fácil y masivamente se le ofrece como única opción frente a una realidad extremadamente difícil y dolorosa.
Nuestro país carece de políticas públicas de prevención y asistencia de las adicciones.
Nosotros sabemos que es un fenómeno complejo y que requiere como respuesta una construcción que integre sus múltiples aspectos. No puede ser nunca un tema abordado solo desde lo jurídico excluyendo el conocimiento científico de otras áreas.
A la luz de los recientes escándalos que debilitan la creencia en un Estado al que le cuesta actuar según la guía del bien común, debería recién iniciarse un debate que abarque todos los sectores de la sociedad.
Sin el debate reclamado por la sociedad, la improvisación nos va a costar vidas, cerebros y capacidades. ¿Quiénes serán entonces los responsables de este genocidio?
La ley vigente, la 23.737, no busca la penalización del consumidor, abusador o adicto sino que cuando de ellos se trata, les ofrece y tal vez sea por primera y única vez en sus vidas, la posibilidad de un contexto terapéutico adecuado donde puedan revisar críticamente sus “elecciones” y reparar sus daños. Preguntamos: ¿Es esto inconstitucional? Dar oportunidades y alternativas.
No entendemos los fundamentos científicos, jurídicos, éticos y morales de una decisión que perjudicará a nuestros hijos y toda una generación, y a los únicos que favorecerá es a los narcotraficantes. La mayoría de la población lo comprende así.
No tenemos asegurados nuestros derechos y libertades fundamentales, el derecho a una vida plena, salud, educación, al desarrollo de nuestras capacidades, al desarrollo en nuestros niños y jóvenes de un pensamiento crítico que les posibilite alcanzar la autonomía necesaria para que hablemos de libertad y de verdaderas elecciones.
Es esta realidad la que hay que modificar, es esta falta de condiciones para que nos desarrollemos como sujetos verdaderamente libres lo que hay que declarar inconstitucional y transformar. Y no la ley, que más bien habría que bien aplicarla.
No entendemos cómo se argumenta a favor de la despenalización de la tenencia hablando de la libertad y los derechos.
Tenemos nuestros barrios infectados de “cocinas” y bocas de venta de droga, donde los “transas” les explican a nuestros hijos qué deben tomar después de consumir —lo que le vendieron— para poder “bajar”, algo así como aplicando la política de “reducción de daños”. Vemos cómo incriminan a nuestros pibes involucrándolos en la distribución, a modo de pago de sus dosis. Vemos los “deliverys” en los barrios de clase media para arriba. Vemos ofrecimiento de drogas por Internet y publicaciones en los kioscos que hacen la apología de la droga sin que la justicia intervenga.
La ley vigente, la 23.737, aplicada, claro está, limita esta expansión de venta minorista. Por otra parte a nuestros hijos (llamados “perejiles” por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), la ley, solamente con ser aplicada, les da como ya dijimos una oportunidad.
No nos parece de más aclarar que los pibes que consumen presentan absoluta falta de conciencia de los riesgos en que se encuentran, o de los daños que ya se produjeron y cierta dependencia psicológica o física a seguir consumiendo y a negar que están perdiendo el control sobre el consumo, o que nunca lo tuvieron en mayor medida, esto cuando no se encuentran absolutamente entregados y su voluntad debilitada. Estas características son parte de la enfermedad.
La intervención del juez aplicando las medidas que indica la ley en estos casos y circunstancias puede salvar vidas — y de hecho así ha ocurrido— que de otra manera estarían abandonadas por el Estado.
Han elevado al Congreso un proyecto de ley que propone la despenalización. Nos hemos entrevistado con legisladores y una mayoría abrumadora, perteneciente a diferentes bloques políticos, votará en contra. Tampoco aceptarán estas modificaciones a la ley vigente la mayoría de los gobernadores de las provincias. Según recientes encuestas más del 80% de población se opone. También la Iglesia Católica ha sido clara al respecto.
Lo que ustedes quieren hacer supone el desconocimiento de la naturaleza del fenómeno y de sus múltiples niveles de determinación.
Si se despenaliza la tenencia, la población conocerá con nombre y apellido quiénes serán los responsables del genocidio que sabemos que se avecina.
Por estos motivos queremos la audiencia pública, para que se nos rinda cuenta y se nos den las explicaciones pertinentes con relación a una medida que como ciudadanos y como padres y familiares de adictos, consideramos irracional, improvisada y parcial.
Por último queremos destacar que coincidimos con lo manifestado por Dr. Carlos Santiago Fayt: “Los jóvenes deben tener derecho a la esperanza y ser arquitectos de su destino”
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