Ante la diversidad de propuestas y alternativas posibles para la integración de las listas de candidatos para participar del proceso electoral previsto para el 28 de junio próximo, el Colegio de Abogados hace público su pensamiento, conforme el mandato que nos confiere el art. 19 de la Ley 5177: “…defender la justicia, la democracia, el estado de derecho y las instituciones republicanas en toda situación en la que se requiera la defensa del valor justicia para el aseguramiento de los derechos constitucionales.-
Al respecto, resulta insoslayable volver sobre algunos conceptos, que en forma casi premonitoria expresáramos en ocasión de la celebración del Día del Abogado, el 29 de agosto del año 2007, cuando sosteníamos la defensa de los partidos políticos, como instituciones fundamentales del sistema democrático, que consagra el art. 38 de la Constitución Nacional.-
Decíamos entonces: “… son los dirigentes políticos quienes deben reconocer los límites normativos de su actuar -ya que son sus partidos instituciones fundamentales del sistema democrático- y los que deben aceptar con suma responsabilidad que la garantía de la Carta Magna, la legitimación y legalidad de su actuar, solo se cristaliza, cuando internamente se verifica una organización y funcionamiento democráticos, cuando se respeta la representación de las minorías, cuando existe una competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, cuando los partidos políticos cumplen con informar el origen y destino de sus fondos y patrimonio y especialmente cuando se transparenta el financiamiento de sus campañas.-
Las alianzas, la construcción política basada sólo en la popularidad de los candidatos, fogoneada por fuertes ambiciones de poder y no como consecuencia de una comunión de ideas ni proyectos, no deja de ser una variante de un oportunismo político, y una extrema debilidad del sistema frente a los desafíos que imponen los años por venir”.-
Los más recientes acontecimientos en torno al proceso de renovación de diputados y senadores nacionales, provinciales y concejales, podría constituir un nuevo agravio a los valores republicanos, y otra lesión a la calidad institucional, que reitera prácticas anteriores que también merecen ser objetadas-
Las posibles candidaturas de funcionarios con mandato vigente y otros que no asumirían sus cargos, en el caso de resultar electos, configurarían maniobras elusivas a la responsabilidad ética y democrática que son responsabilidad de la dirigencia política toda.-
¿Es posible que los funcionarios que el pueblo eligió incumplan con la totalidad del mandato que les fue conferido en anteriores elecciones?, ¿No se agravaría ello por la circunstancia que se postulan para ocupar cargos de menor jerarquía, burlando a mitad de camino el compromiso asumido?; ¿que decir ante las candidaturas de algunos que a priori manifiestan que para el caso de ser electos no ocuparán los cargos y mantendrán los que a ese momento detenten?
Estas posibilidades, nos harían retroceder en el concierto de las naciones civilizadas a un menor rango institucional, circunstancias que no interpretan ni son reflejo del legado que los hombres de bien, que ofrendaron su vida por la patria, nos han dejado.-
Por ello, como conclusión, entendemos que en el apego y respeto irrestricto por la vida democrática de los partidos políticos y el juego armónico de las normas constitucionales que los respaldan y su interpretación, encontraremos la seguridad jurídica, presupuesto insoslayable para garantizar la gobernabilidad de nuestra República.-
Consejo Directivo Colegio de Abogados de Mar del Plata
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