*Marcelo Castro Corbat
La Justicia Social implantada por el peronismo, gobernó políticamente al país desde 1943, cuando era gobierno y cuando fue oposición. Su poder político se basó en un apoyo ciudadano que rememoraba los años de oro de la primera presidencia de Perón, en la que se dilapidaba la riqueza del país, y los trabajadores recibían los beneficios de las entonces llamadas “conquistas sociales” y en la poderosa estructura política de la corporación sindical, que defendía sus propios intereses.
El gobierno que destituyó a Perón, intentó atraer el apoyo ciudadano incluyendo en la Constitución de 1853/60 el art. 14 bis, contradictorio de su espíritu, pero no lo consiguió. Los gobiernos posteriores otorgaron a la corporación derechos y recursos, que la fortalecieron, para que no paralizara el país con huelgas. Posteriores gobiernos peronistas, copiaron al de 1943, pero como las joyas de la corona habían sido dilapidadas, el país acumuló 60 años de empobrecimiento ciudadano, inestabilidad social y desorden político.
La Justicia Social es un requisito para la armonía en la sociedad, un proceso de permanente construcción, a la que todos los argentinos adhieren. Si se politiza malignamente, desconociendo las limitaciones económicas y sociales de la realidad nacional, usándola para desatar enfrentamientos internos, el resultado es lo que tenemos: pobreza, injusticia y violencia.
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