lunes, 17 de mayo de 2010

LA DIPUTADA MARPLATENSE JULIA GARCIA PIDIO QUE SE SUSPENDA EL REMATE DE VIVIENDAS DE LA COOPERATIVA "EL MONOLITO"

A través de un proyecto presentado este lunes en la Cámara Baja bonaerense, la diputada Julia García le solicitó al Poder Ejecutivo Provincial -a través de la Dirección de Acción Cooperativa dependiente del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires- que gestione ante las autoridades nacionales a cargo del Banco Central, los medios para suspender el inminente remate de viviendas de la Cooperativa El Monolito Ltda. de la ciudad de Mar del Plata. Cabe destacar que la iniciativa busca dar respuesta a un grupo de vecinos del Partido de General Pueyrredon adquirentes de viviendas del Complejo Monolito, constituidos en integrantes y socios de La Cooperativa de Vivienda Monolito Ltda., vienen denunciando que han sido estafados en su buena fe. Al detallar la naturaleza del conflicto, la legisladora indicó que "hace más de 30 años, comenzó la adquisición de las viviendas a pagar en cuotas, con las cuales se fue construyendo el complejo habitacional por parte de la cooperativa. Hace 12 años por decisión del Instituto de Acción Cooperativa (IPAC), fueron removidas las autoridades, por irregularidades que entre otras dieron origen a una causa por estafa, llevada adelante por los vecinos adquirentes y que a partir de la decisión del IPAC, fueron designados como autoridades de la cooperativa un grupo de vecinos adquirentes". La Cooperativa de Viviendas Monolito Ltda. la conforman los habitantes del Complejo Habitacional “Dos Pinos”, construido en su momento por la citada cooperativa, del cual el 50% de la gente abonó las cuotas y nunca se le entregó posesión alguna de las viviendas, entregándose solo la mitad de las mismas. "Las autoridades oportunamente denunciadas por estafa, fueron condenadas penalmente por el mencionado ilícito, quedándole a los socios de la cooperativa un pasivo próximo a $5.000.000 a la fecha del concurso preventivo; y siendo el principal acreedor de la cooperativa, la financiera AÑASCO cuyo pasivo fuera absorbido por el Banco Central" agregó García en un comunicado de prensa. "En el 2001, los asociados se vieron obligados a firmar mutuos hipotecarios por un monto de $3.500.000, encontrándose en ejecución. Hoy, los actuales representantes de la cooperativa son solo un grupo de propietarios, que ante la irresponsabilidad y defraudación de las autoridades anteriores, decidieron tomar la responsabilidad de intentar administrar la cooperativa. Es inminente el pedido de remate de todos los bienes donde actualmente viven 96 familias, por parte del Banco Central como acreedor hipotecario" advirtió la legisladora cobista. Por último, la diputada puso en relieve: "Estamos buscando una salida a la posible liquidación de la cooperativa y brindarle tranquilidad y seguridad a 96 familias, que en algunos casos pagaron hasta el 70% de sus viviendas y que sólo pretenden escriturar, para poder en forma individual afrontar sus deudas, sin ser víctimas de medidas que estaban dirigidas a las antiguas autoridades de la cooperativa, responsables de la situación actual".

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