El abogado de la camara que nuclea a los bares de Alem sostuvo que la Dirección de Bomberos constató que los comercios cumplen con las normas de seguridad, pero los inspectores municipales cerraron igual los establecimientos. Hay una investigación penal en curso
Con la intención de informar a la comunidad cual es la situación de los bares de Alem, luego que distintos establecimientos sean clausurados en forma preventiva por no respetar el factor ocupacional durante varios fines de semana, la Cámara de Restaurantes, Bares y Afines de Playa Grande (CARBA) emitió un comunicado con la intención de ser “la ´contracara´ de los ´comunicados oficiales´ sobre los operativos que se vienen desarrollando sistemática y enfáticamente, incluidos los de los últimos fines de semana”.
Juan Ignacio Marceillac, abogado de CARBA, consideró en diálogo que hace un tiempo, durante todos los fines de semana los establecimientos del sector están atravesando “una suerte de hostigamiento a través de procedimientos desproporcionados donde un equipo de inspectores municipales acompañados por un grupo de policías acceden a los establecimientos o están permanentemente recorriendo la zona de Alem con una situación que realmente no se condice con la realidad” y agregó que “las clausuras preventivas que llevan a adelante son manifiestamente ilegítimas”. “El conteo que hace la Municipalidad de la cantidad de gente no coincide con el que hacemos nosotros en forma privada” y afirmó que “la seguridad de la población no es el interés que se persiguen para llevar a adelante estas clausuras”.
Según Marceillac en el horario de cierre del establecimiento un funcionario “que no sabemos quien es porque se esconde”, lleva un contador “dentro del bolsillo y empieza a contar. Cuando sale el último cliente comunica el resultado”. Ante la sospecha de los dueños de los comercios sobre el proceso de recuento de los asistentes, contrataron un escribano para que también determinara la cantidad de personas en el lugar. “Los resultados dieron números disímiles, con lo cual le suma ilegitimidad al procedimiento que lleva adelante la Municipalidad y por otro lado, nos genera más sospechas porque ese conteo lo hacen privadamente y escondidos sin la posibilidad de controlar el procedimiento: ver si arrancan de cero, si cuentan bien, mal o de más, o dos veces. Eso es impedido”.
Luego de la tragedia de Cromañon, el encargo de controlar la seguridad en los establecimientos nocturnos está a cargo de la Dirección de Bomberos, “la máxima autoridad de aplicación por su conocimientos técnicos en el tema”. En los controles efectuados los dos últimos fines de semana largo los inspectores municipales estuvieron en la zona de Alem con por representantes de esta institución, y si bien ellos “constataron que en los dos establecimientos que se realizaron los procedimiento se cumplían con las normas de seguridad, los inspectores municipales los clausuraron igual”, destacó Marceillac. “Si la cantidad de gente puede afectar la seguridad de las personas indudablemente la Dirección de Bomberos no va a constatar que se cumplen con las reglas de seguridad”.
Al notar esta diferencia de criterios, “sumamos otro ingrediente más a este conflicto en donde nosotros sostenemos que el interés que persiguen los funcionarios municipales, los inspectores, y quienes les dan la orden de clausurar, no tiene nada que ver con el interés de proteger o velar por la seguridad de los clientes de los establecimientos, porque el organismo de aplicación, la Dirección de Bomberos, dice que se cumplen con las medidas de seguridad”.
En el transcurso del procedimiento de la investigación penal que ya está avanzado se espera poder dilucidar “cual es el interés que hay detrás de está persecución en la zona de Alem”.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción número 9 y CARBA se presentó como particular damnificado y “quienes serían los principales imputados de los hechos serían los inspectores municipales que firmaron las clausuras preventivas y también queremos saber quienes son los funcionarios responsables que estarían en grado superior”.
De acuerdo con Marceillac se investiga la posible realización de tres delitos: usurpación de autoridad, “porque entendemos y surge de la normativa, que quienes podrían clausurar serían la autoridad de aplicación - la Dirección de Bomberos-, y no los inspectores municipales”; el abuso de autoridad, “porque hay un funcionario que extralimita sus facultades o el ámbito de su competencia para generar un daño”, y la adulteración ideológica, “ya que en las actas donde se constata la supuesta infracción y en la clausura preventiva se tiene que justificar porque se lo hace y en muchas de las constataciones se dice que la causal de clausura es la falta de habilitación, cuando en el acta de constatación el mismo funcionario actuante determina que el establecimiento comercial cuenta con la habilitación o citan como causal de clausura la falta de seguridad del establecimiento y en el acta de constatación indican que el establecimiento cuenta con todas las medias de seguridad, entonces se contradicen”, explicó el abogado.
Además, agregó que también se prevé el inicio de acciones civiles, si los particulares consideran que sufrieron daños.
Desde CARBA consideran que la aplicación de las normativas carecen de fundamentos técnicos y sin validez real de fondo, porque emanan de regulaciones efectuadas por gobiernos militares de la década del 70, por lo cual tienen la intención de promover soluciones consensuadas, equilibradas y convenientes para la sociedad actual. Con el objetivo de plantear nuevas propuestas los integrantes de CARBA mantuvieron reuniones con un ingeniero en seguridad antisiniestral “para ajustar el factor de ocupación respecto de cada uno de los establecimientos, porque el principal interesado por la seguridad de sus clientes es el dueño del establecimiento”, finalizó Marceillac.
No hay comentarios:
Publicar un comentario