LA COMPLICIDAD DE LA CORPORACION NACIONAL DE ABOGADOS CON EL GENOCIDIO

Por Fernando Pittaro para el
Diario Tiempo Argentino


Silenciaron la desaparición de sus colegas. Se reunieron con Videla y Harguindeguy. Sostenían que “las Fuerzas Armadas creen en los abogados y, sobre todo, en el país”, pero para el diario La Nación eran demócratas.
Cada vez está más claro porque cada vez hay más pruebas. La dictadura militar genocida que azotó al país entre 1976 y 1983 no hubiera sido posible sin la colaboración de los grupos civiles. Además del acuerdo económico y político con los diarios Clarín y La Nación, la jerarquía eclesiástica y grupos empresarios, hubo otro sector cómplice sobre el que aún hace falta echar luz: las corporaciones de abogados que se negaron a denunciar las desapariciones de sus colegas, ya que aseguraban “que un estado de subversión ataca las bases del país, y que sus instituciones se defienden con los hombres del derecho y con el aval de las Fuerzas Armadas”. Ante este “ataque”, decidieron dar sustento ideológico y jurídico a los genocidas de turno. Así lo demuestran los libros de actas de las asambleas de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que nuclea a 80 instituciones de todo el país, a los que Tiempo Argentino tuvo acceso en forma exclusiva. Son 600 folios que incluyen las deliberaciones y testimonios que los hombres del derecho, enrolados en sus respectivos colegios profesionales, hicieron entre 1976 y 1979, el período más sangriento de la última gran tragedia nacional.
La preocupación de los colegiados no eran los secuestros, desapariciones y asesinatos de sus colegas, sino quedar bien paradoS ante la cúpula militar. Por ejemplo, el doctor Manuel V. Ordoñez, representante de la Ciudad de Buenos Aires, señaló en la foja 81: “Agradecemos a este gobierno haber realizado la tarea de liberarnos de la abyección en que vivíamos antes del proceso, a pesar de que al hacerlo pueda haber incurrido en excesos”.
En la misma línea se encuentra la postura del representante de San Francisco, Córdoba, el doctor José María Piscitello, quien en la foja 215 afirma: “Es evidente que en la presión de organismos internacionales contra nuestro país está la acción solapada de elementos vinculados a la guerrilla”.
Estas declaraciones se daban en el marco de las reuniones periódicas que los miembros de FACA tenían a lo largo del país. El doctor Alejandro Lastra, de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que “es necesario pronunciarse en forma mesurada, sin excesos y con un profundo equilibrio. La palabra de la federación puede ser utilizada por grupos que conspiran contra la nación, las dificultades que sufre el país ya las conocemos pero tenemos que cuidar no llevar argumentos a la subversión. El país está en guerra, en medio de grandes sacrificios y penurias y es necesario ayudar a superar.”
En la misma línea argumental se ubicaba la posición del representante de Rosario, el doctor Alberto B. Vázquez: “La defensa del orden jurídico está asegurada por la Fuerzas Armadas apoyadas por la ciudadanía sana del país contra la subversión asesina, que felizmente el país se encamina hacia una auténtica democracia que asegurará el debido proceso”, relata en la página 76.
Algunos representantes del interior eran además funcionarios del gobierno de facto, como Alberto Domingo Tettamanti, intendente de La Plata, y Luis Martínez Golletti, ministro de Gobierno de Córdoba.
Las voces que disentían de ese coro monolítico eran mínimas. Una de ellas fue la del representante de Trenque Lauquen, el doctor Hugo Fernández Quintana, quiEn le contó a este diario que “era un loco suelto al que querían callar porque todas las reuniones iba y pedía la palabra para que nos pronunciáramos en contra de lo que estaba sucediendo”.
En contrapartida, el espíritu mayoritario que reinaba en la FACA aconsejaba “cuidar el prestigio de la federación frente a los organismos internacionales, y hacer la declaración preferiblemente en forma privada como lo hicieron recientemente los obispos argentinos”, según se lee en la foja 214 del año 1977.
La declaración en cuestión se refiere a la que elaboró la federación en la ciudad de Paraná el 15 de abril de 1978, en la que se pedía al gobierno nacional por “el respeto al debido proceso y la actuación de jueces naturales”. Finalmente se votó y primó la “prudencia y la serenidad” y la carta se envió en forma privada a las autoridades nacionales.
Fernández Quintana ilustra aquella votación: “Al final, la declaración de Paraná se hace pública por presión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, un año después de haberse aprobado. Lo inusitado, lo increíble es que a pesar de haberla aprobado se haya mantenido en secreto. Era un absurdo total.”
Más allá del silencio cómplice, la cifra de abogados desaparecidos aumentaba día tras día con la llegada de comunicados desde los colegios profesionales de distintas ciudades del interior. La Federación manejaba listas confidenciales que elaboraban con el aporte de familiares y casi nula colaboración del Ministerio del Interior. En la reunión de Paraná se informó que “hay un total de 82 abogados afectados, de los cuales 34 son desaparecidos, 13 han sido recientemente puestos en libertad, 20 se hallan en estudio de la comisión especial del Ministerio del Interior, tres se encuentran en libertad vigilada, uno optó por salir del país y de ocho se carece de información actualizada”. La frialdad de los números contrastaba con la realidad acuciante de las víctimas y sus familiares, que no encontraban dónde canalizar sus denuncias. Incluso, en la Federación desconfiaban de ellos. El doctor Oscar Eduardo Romero Giaccaglia, al borde del cinismo, llegó a decir que “los informes que suministran familiares de un detenido pueden no ser imparciales”.
Los abogados que se animaban a presentar habeas corpus escaseaban, y los detenidos eran llevados a prisión sin proceso judicial ni derecho a defensa. Una porción importante de ellos corrieron esa suerte por ejercer su profesión defendiendo a integrantes de alguna organización guerrillera. A otros, simplemente los detenían porque tenían barba o pelo largo. Eran sospechosos.
Según varias organizaciones gremiales que prestaron declaración en la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP), desde 1975 fueron asesinados al menos 23 abogados por motivos políticos y fueron secuestrados, y aún hoy siguen desaparecidos, no menos de 109. Lo más grave es que el 90% de estas “desapariciones” se dieron en apenas nueve meses: entre marzo y diciembre de 1976. Precisamente en ese período, y a pesar de que llovían denuncias por la desaparición de colegas en varios puntos del país, la respuesta de la FACA fue siempre la misma: catarsis hacia adentro y silencio hacia afuera. A tal punto que la Federación recién se entrevistó con las autoridades nacionales para hablar del tema el 13 de abril de 1977. Faltaban sólo 17 días para que las Madres de Plaza de Mayo se dieran a conocer al mundo entero reclamando por la aparición con vida de sus hijos. La marcha de los pañuelos blancos alrededor de la Pirámide de Mayo fue en vano: Videla no las recibió; la Federación de abogados, en cambio, corrió mejor suerte. La entrevista con el dictador en la Casa Rosada, que estaba prevista para las 10:30, se prolongó desde las 11 hasta las 11:55. El encuentro con el “Excelentísimo señor presidente de la nación se desarrolló en forma franca y amplia y él se mostró amable y sincero”, según se lee en las actas a las que accedió este diario.
En representación de FACA asistieron Guillermo Oscar Nano (ver recuadro), Raúl F. Fosero, Oscar Eduardo Romero Giaccaglia, Ricardo D´Amico y Luis Coliqueo. Según el material inédito consultado “el presidente habló con total sinceridad, al punto que alguno de sus comentarios actúan en lo estrictamente confidencial”. Cuando los cinco representantes de FACA le preguntaron acerca de la situación de los abogados detenidos, Videla les respondió con calma y deslizó que “sus preocupaciones son las propias del gobierno”. Habló varias veces de “guerra” y de “la disputa de las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza y el poder”, y calificó de “errores” algunas situaciones.
Los abogados repetían una y otra vez que para Videla, el tema de los desaparecidos “daba la impresión que era lo que más lo angustiaba, por lo cual volvió desde distintos enfoques a tratar la cuestión. Insistió en la etapa del emprolijamiento para que no ocurrieran errores. Admitió que en la primera época del proceso se habían cometido errores e injusticias. En la etapa del desorden inicial hubo en algunos casos que detener y después ver. Se refirió a su discurso del aniversario, al aludir a la convergencia cívico-militar para planear el país que queremos en libertad, democracia y eficacia de las instituciones”.
Y al mismo tiempo, dio su particular visión del golpe de Estado que lo llevó al poder: “Eran las Fuerzas Armadas o la subversión (…) la situación era de caos”, y “ahora entramos en una etapa de emprolijamiento, a fin de que quienes corresponda sean sometidos a proceso y que los restantes recuperen su libertad”. Ese momento jamás llegó.
Los abogados escucharon con atención las definiciones de Videla. Según se lee en la foja 67 del Acta de Asambleas Nº 13 de la FACA, las desapariciones, para el genocida, obedecían a tres razones: –Autosecuestro, para evitar las consecuencias de hechos de los que son responsables.
–Desaparición, encubierta con el secuestro.
–Secuestro por la propia organización subversiva, por defecciones o deslealtades.
Antes de estrecharles la mano y agradecerles la visita les dijo: “Les hablo con sinceridad porque sé que los que se acercan a mi despacho lo hacen con el espíritu de servicio al país.”
Además del encuentro con Videla, se reunieron en varias oportunidades con funcionarios de primer y segundo rango del ejecutivo nacional: el general de Brigada Albano Harguindeguy, ministro del Interior; el brigadier Julio A. Gómez, asesor de asuntos institucionales del Ministerio de Justicia; y el comodoro Adolfo H. González Albarracín, subsecretario de asuntos institucionales del Ministerio del Interior. Pero ninguna audiencia sirvió para aliviar la situación de los detenidos-desaparecidos.
Toda la preocupación que los abogados no tenían para con sus colegas argentinos, sí la tenían sin embargo puesta en el exterior. La imagen del país fronteras afuera era motivo de debate en cada asamblea.
Fue el propio presidente de la FACA, el doctor Oscar Guillermo Nano, quien le aseguró a Videla que dejarían bien parado al país ante los foros internacionales los que les tocara ir en representación de sus asociados. En aquel encuentro de abril de 1977, no titubeó y afirmó: “En el exterior se puede decir que afuera de nuestro país no hablamos de nuestros problemas, pero no dejamos de prever el ataque, en cuyo caso no podríamos como argentinos, dejar de defender nuestro país.”
Una visita de la delegación de Amnistía Internacional a nuestro país el 11 de noviembre de 1976 encendió la alarma de la Mesa Directiva. Aceptaron recibirlos pero pusieron condiciones: la conversación sería grabada y “dada la resonancia de la visita y de algunos incidentes motivados por su labor, se informó a las autoridades nacionales la realización de la entrevista”, y concluye diciendo que “se hace saber a los visitantes que ni la Federación ni los colegios afiliados han solicitado la intervención de organismo internacional alguno”.
La idea era clara: la corporación de letrados consideraba “inadmisible toda pretensión de organismos foráneos a inmiscuirse en problemas meramente argentinos y que sólo pueden ser resueltos por argentinos”.
A pesar de ello, la realidad mostraba la peor cara. La lista de detenidos crecía como hongos después de la lluvia.
En Córdoba desaparecían a los doctores Luis A. Reimondi y Roberto Luis Jauzibenich; en Catamarca a Ricardo Antonio Moreno; en Buenos Aires a Abraham Hochman, y en La Rioja a Ricardo Luna, “quien continúa detenido a pesar de que el fallo de la Cámara Federal de Córdoba dispuso su sobreseimiento”, da cuenta la resolución de la Comisión de Defensa del Abogado, reproducida en el acta de reuniones.
Y los asesinatos se multiplicaban. En Corrientes aparece el cadáver de un abogado de apellido Salvatore; en Mar del Plata el del abogado laboralista Norberto Centeno, y en la Ciudad de Buenos Aires el del doctor Guillermo Raúl Díaz Lestrem, quien es hallado sin vida en la noche del 30 de noviembre de 1978 en la entrada del Club de Gimnasia y Esgrima del barrio de Palermo.
El único gesto de solidaridad de la FACA fue cuando se produjo el atentado que le costó la vida a la hija del vicealmirante Armando Lambruschini. Aquel 1 de agosto de 1978 no dudó en dar a conocer un comunicado “condenando la violencia absurda y criminal”.