Subsecretario general de la Presidencia. Vicepresidente Concertación FORJA.
El gobierno enfrentó el monopolio de la palabra, para democratizarlo, y por ese motivo se generó una polémica que excedió la discusión de una norma.
Se cumplen dos años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y nuestro país se encamina a producir una transformación radical en materia comunicacional.
Por un lado, el proceso de modificación del decreto-ley de la dictadura militar por una ley de la democracia llevó 28 años. En ese tiempo se fueron amalgamando ideas, proyectos, esperanzas y reclamos de todos los sectores excluidos e invisibilizados por la dictadura y entre todos alumbramos una ley basada en el derecho a la comunicación, la producción nacional y local de contenidos y la reinstalación de cláusulas antimonopólicas que garantizaran, de manera efectiva, el derecho a la comunicación.
Pero por otro, además de producirse un cambio legislativo democrático, el debate de la ley permitió poner negro sobre blanco en el rol de los grandes medios de comunicación y su participación como actores económicos y políticos en defensa de un modelo de concentración.
Los años ’90 habían dejado su marca. Las políticas llevadas a cabo en nuestro país por el denominado “modelo neoliberal” conformaron, en realidad, un programa salvaje de desmantelamiento del sector público. Detrás de supuestos objetivos de racionalizar y hacer más eficiente la economía, se implementó un plan que debilitó las capacidades de la sociedad de regular los mercados. Este proceso, basado en la denominada teoría del libre mercado, no ha tenido influencia sólo en lo económico. En las esferas de lo político, lo ideológico y lo social se forjó una sociedad injusta y una democracia muy débil que no logró frenar los procesos de exclusión social.
En materia de radiodifusión, ese proceso arrancó con la conformación de los multimedios a partir de las privatizaciones de 1989 y finalizó con la más alta concentración que conociera nuestra historia.
En un estudio publicado por Martín Becerra y Guillermo Mastrini se señala que las cuatro mayores empresas de medios y entretenimiento de América Latina (Globo de Brasil, Televisa de México, Cisneros de Venezuela; Grupo Clarín de Argentina) retienen el 60% de la rentabilidad total de los mercados y de las audiencias.
El economista Smir Amin ha señalado que los centros hegemónicos de poder se constituyen a partir de cinco monopolios: el del control de la tecnología, el del control de los flujos financieros, el del acceso a los recursos naturales, el de la posesión de las armas de destrucción masiva y el del control de la palabra y la opinión de los medios.
En efecto, el control de la palabra es clave para el neoliberalismo. El ex colaborador de Bill Clinton y hoy presidente de una consultora de negocios globales, David Rothkopf, afirmó que, para los Estados Unidos, “el objetivo central de una política externa en la era de la información debe ser ganar las batalla de los flujos de información mundial, de la misma forma en que Gran Bretaña reinaba antiguamente sobre los mares.”
Gramsci llamaba a la utilización de los medios por un grupo social como el “consenso hegemónico”, es decir, la prevalencia de la opinión de un pequeño grupo sobre el resto, a partir del manejo de la opinión pública.
En nuestro país, durante los ’90, el interés de los grupos concentrados penetró en el argentino medio a través de la estigmatización del personaje de doña Rosa auspiciado por las empresas a las que les interesaba un determinado modelo de país. Finalmente, se logró imponer el “consenso hegemónico” de un grupo sobre el resto de la población, se hicieron las privatizaciones, se enajenó el patrimonio nacional y a doña Rosa le congelaron la jubilación, sus hijos perdieron el trabajo y sus nietos quedaron fuera del sistema.
Entonces, cuando hablamos de democratizar la palabra, estamos hablando de democratizar el poder. Lo que estuvo en discusión en la Argentina fue el ejercicio del poder. Cómo y quien construye el discurso, quien hace el relato para que luego se tomen las decisiones.
En definitiva, se debatió quien gobierna. Si las grandes corporaciones en beneficio propio o el pueblo a través de sus representantes.
Con la sanción de la Ley de Medios, el gobierno enfrentó el monopolio de la palabra, para democratizarlo, y por ese motivo se generó una polémica que excedió largamente la discusión de una norma. A toda costa se quería frenar la posibilidad de generar otros puntos de vista con multiplicidad de opiniones, para que el pueblo siga siendo un simple consumidor y no, ciudadanos con derechos.
Hoy tenemos cosas para festejar. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está en plena ejecución, independientemente de las batallas judiciales que habrá que seguir dando. La propia ley establecía plazos para su aplicación gradual y se están cumpliendo.
En pocas semanas se van a licitar 220 canales de TV digitales, comerciales y no comerciales, que sumados a los canales públicos universitarios y provinciales van a multiplicar la actual oferta de canales de aire, por siete. Esto, por sí sólo es un cambio definitivo en materia de comunicación, el mayor que se conozca, ya que todas las regiones del país van a contar con multiplicidad de ofertas, voces diferentes y diversidad cultural.
Pero a ello hay que sumarle una política pública enmarcada en la Televisión Digital Argentina (TDA), que está llevando desde la plataforma pública estatal más de una docena de canales de aire gratuitos, que cubrirán el 75% de los hogares por TDT y el resto de manera satelital. Por primera vez, todos van a tener múltiples ofertas gratuitas, y de calidad.
Además, con las cuotas de producción propia y local que exige la ley, y el banco de contenidos que está desarrollando el gobierno, no sólo se federalizan la producción y emisión de esos contenidos sino que se genera empleo en cada lugar, reforzándose la identidad como motor de la diversidad. No sólo cambiamos la ley de la dictadura para tener una ley democrática, a la vanguardia en materia de derecho a la comunicación; sino que recuperamos los símbolos de la democracia dando los debates que había que dar a los factores de poder.
La ley es un punto de partida, el punto de llegada está en el horizonte, en el lugar de los sueños, de las utopías. Sólo queda seguir marchando, seguir avanzando para consolidar una democracia más justa, más participativa. Una democracia para todos.
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