Director de Noticias y Protagonistas
Las expresiones de Juan Junakovic, vecinalista y amigo del concejal de AM Javier Woollands, pusieron en negro sobre blanco una realidad insistentemente negada: “Fue una decisión de Ariel Ciano la que impidió que actuara la policía el día de los desmanes en el Concejo Deliberante”. Abundó: “Ciano le exigió al jefe departamental y al comisario de la seccional primera que no intervinieran”. A partir de allí queda en claro que los dichos del concejal Héctor Rosso, acusando a la fiscalía en turno de no actuar y por lo tanto haciéndola responsable de los desmanes, es una nueva acción discursiva mendaz y distractiva del riñón oficialista.
Rosso había dicho que si el fiscal en turno no estuviera en la playa todo el día, nada de esto habría ocurrido. Pero miente, o habla de mala fe. Está claro que no puede ignorar que la decisión de impedir el concurso de la fuerza pública para controlar e impedir los desmanes es facultad privativa del presidente del cuerpo deliberativo. Que Ciano haya elegido tolerar la barbarie, que haya expuesto a civiles -como es el caso de Junakovic- a tan tremenda situación de violencia con incierto resultado, es cuando menos irresponsable, y por cierto hay un claro abandono de los deberes de funcionario publico. Junakovic, en la charla que mantuve con él en la 99.9, manifestó que había sido lastimado y tenía aún marcas de los golpes recibidos.
Hasta el 10 de diciembre próximo pasado, Ariel Ciano fue secretario de Gobierno de la administración de Gustavo Arnaldo Pulti. Tenía la responsabilidad de llevar a cabo el trámite administrativo y de elevación al Concejo Deliberante del traspaso empresario de la línea 581. Pero no movió un dedo en seis meses. Por eso es concretamente su responsabilidad que el viernes 20 de enero la ciudad sufriera por 12 horas un corte de la vía pública en Hipólito Yrigoyen y Luro, con bombas de estruendo (al insólito costo admitido por dirigentes de UTA de $17.000), quema de neumáticos y alteración en todos los sentidos posibles del orden público.
Ciano, él, está alterado por un solo aspecto de toda esta lamentable cuestión: no quiere títulos que digan que se tomó la decisión de reprimir una protesta en Mar del Plata. Por ello, avaló todo lo que aconteció: los destrozos materiales aún sin cuantificar, la violencia física, el consumo de cocaína dentro del recinto. Todo fue permitido. Gravísimo institucionalmente hablando, y aún más por ser Ciano abogado, ex fiscal, y ex defensor oficial, no puede alegar desconocimiento de la ley. Si hubiera respeto por la legalidad, estas barbaridades no ocurrirían.
La tarifa del transporte público de pasajeros es un precio más del set de precios que paga la sociedad por todos los bienes y servicios que consume. No es “el” precio, aunque su peso en la política de la ciudad es un dato cierto que habla de lo mal que se maneja esta variable por parte de la dirigencia marplatense.
Del otro lado, la suba escandalosa del pan, la leche, los medicamentos, no parecen figurar en la agenda de los “luchadores populares”, que en cada ocasión, aupados por un poder político que los protege del peso de la ley, hacen literalmente lo que quieren, sin ningún efecto final positivo para la sociedad ni punitivo sobre sus acciones ilegales.
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