Por Carlos Walker
para 0223.com.ar
El Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó este miércoles una denuncia para investigar las acusaciones realizadas por la concejal del radicalismo Vilma Baragiola, que señaló que hay mil empleados de la Municipalidad que aportan el 5% de su sueldo a Acción Marplatense.
En el escrito presentado por el representante del Ministerio Público, al que 0223.com.ar tuvo acceso, reclama que se cite a declarar a Baragiola y al secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, Antonio Gilardi,para que informe "acerca del tenor de la presentación que, siempre según los dichos de la concejal, habrían efectuado los empleados en relación al tema".
Además, solicita que se libre un oficio a la Dirección de Haberes municipal "para que se sirva informar si existe el descuento denunciado y, en su caso, acompañe la totalidad de los recibos de los agentes sobre los que se produce, detallando en cada caso a partir de cuando se genera la retención y la fecha de ingreso de los mismos a la Municipalidad"
A su vez, el fiscal señala que “la ley 26215, de financiamiento de los partidos políticos, establece en el artículo 15, y dentro de las prohibiciones para los partidos políticos, que: '… no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente (…) g) contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores'”.
Pettigiani destacó que “la claridad de dicha norma, que apunta a evitar situaciones como la expuesta, sin perjuicio del criterio que establezca quien finalmente asuma la investigación, llevaría a encuadrar los hechos expuestos en el delito de Exacciones ilegales que reprime con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.
En ese sentido, subrayó: “Dicha prohibición encuentra su agravante en el artículo 267, que prescribe que si se empleara intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años"
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