EL BANCO PATAGONIA LE ROBO DINERO A EMPLEADOS Y JUBILADOS

Consumidores Financieros demandó al Banco Patagonia por graves irregularidades
 en la administración de las cuentas bancarias de empleados públicos y 
jubilados. El Juzgado comercial n°25 ya dictó una medida cautelar para
 impedir que la entidad continúe incautando los salarios de sus clientes
 como lo venía haciendo.

Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensainició una acción
 colectiva contra el Banco Patagonia por cometer diversas irregularidades en
 la administración de las “Cuenta Sueldo” pertenecientes a empleados públicos
y “Cuenta de la Seguridad Social” pertenecientes a jubilados y retirados del
sector público.

La demanda presentada ante el fuero comercial beneficiaría a cerca de
400.000 personas que sufrieron la incautación, en muchos casos total,
de su salario para cubrir los saldos totales de tarjetas de crédito y de
 préstamos personales adquiridos en el banco. La acción persigue
principalmente el reintegro de las sumas indebidamente debitadas y el
 cese de dicha práctica ilegal. También solicita que se revoque la
autorización de la entidad financiera para operar en el país, a modo de
sanción ejemplar.

La maniobra en cuestión fue llevada a cabo por el Banco Patagonia
luego de que se dispusiera por decreto la transferencia de dichas
cuentas al Banco de la Nación. Descontento con la medida, el banco
 resolvió, en forma unilateral y sin previo aviso, cancelar las tarjetas
de crédito y préstamos personales otorgados a sus clientes, así como
 el cobro inmediato de las deudas contraídas en función de eso,
vaciando las cuentas de muchos de ellos.

El Juzgado Nacional en lo Comercial n°25, a cargo de Horacio Robledo,
 hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada. Consideró
“reprochable” la actitud de banco y le ordenó que se abstenga de
 seguir reteniendo los salarios de sus clientes más allá de los pagos
 mínimos y siempre que ese monto no supere el 20% del salario. Sin
embargo, la demandada, coherente con la actitud arbitraria denunciada,
 todavía se niega a dar cumplimiento con la resolución judicial.

La maniobra

En julio del 2012 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto N° 1187/12,
por el cual dispuso que el pago de haberes del sector público nacional
debe realizarse a través del Banco de la Nación y derogó el anterior
decreto que permitía a los bancos privados administrar las referidas
 “Cuentas Sueldo” de los empleados estatales.

El Banco Patagonia y el resto de las entidades privadas tenían que dar
de bajar esas cuentas para que éstas migren hacia la entidad designada
 para su administración.

¿Pero qué sucedía con las deudas contraídas con el banco? Resulta que
 durante esos años el banco aprovechó en gran medida esa cantidad de
clientes con sueldos en blanco y estabilidad laboral, vendiéndoles
 distintos productos crediticios como tarjetas de crédito, préstamos
 personales, plazos fijos, etc.

En ese contexto, al tiempo que el banco cerraba las cuentas en
 cumplimiento con el decreto presidencial, también cancelaba los
 créditos personales y las tarjetas de crédito otorgadas, y en otros casos
, bajaba además el límite de compra y financiación a sumas de 500
 pesos o 1000 pesos.

Para llevar a cabo esas operaciones, el banco astutamente esperó primero
 a que se realizara la acreditación de sueldos el primer día hábil de agosto
 de ese año y luego incautó en forma total, y en algunos casos parcial, los
 sueldos de sus clientes para cubrir las deudas contraídas por tarjetas de
 crédito y préstamos personales. Todo ello sin ningún aviso o notificación
al cliente, explica la acción colectiva iniciada por Consumidores Financieros.

De este modo, muchas personas que se acercaron al cajero automático a
 principio de mes para cobrar su sueldo se encontraron con una cuenta
vacía, o peor aún, con un saldo negativo. Sucesivamente, descubrirían
 también que su tarjeta de crédito había sido dada de baja. Al acudir al
 banco en busca de explicaciones, los empleados ratificaron las maniobras
 a cada uno de los clientes como si fueran correctas y legales.  En este
 contexto de grave negligencia y desinformación, las sucursales del Patagonia
 rápidamente se convirtieron en escenario de gritos y escándalos, producto
 de la desesperación impartida en los afectados.

Según la ONG, el banco no hizo más que “infundir el terror” en estas personas,
 que sin dinero y sin tarjeta de crédito, se encontrarían imposibilitadas de hacer
 frente a sus compromisos, de pagar su alquiler, los servicios, e inclusive
 alimentar a sus familias. El banco cobró el dinero que le interesaba y dejó
 sin ninguna remuneración a miles de empleados públicos, jubilados y
retirados, dice la demanda.

Ante el reclamo de los afectados y de distintas autoridades, el banco propuso
algunas ofertas compensatorias, como pagar a los afectados un sueldo de
3600 pesos y quedarse con el resto del salario. Los demandantes calificaron
 la propuesta como un acto más dentro de la ilegal maniobra, y afirmaron que
 el banco “se siente tan impune que se cree con facultades de embargar
cuanto se le antoja, a quien quiera y en el momento que más le convenga”,
dice el escrito.

Según Consumidores Financieros, el accionar del Banco Patagonia no
 tiene justificación alguna. Destacan que la finalización del contrato por
 la “Cuenta Sueldo” o “Cuenta de la Seguridad Social” no implicaba
 necesariamente la finalización de los demás productos que fueron
 contratados en forma directa por los clientes. “En efecto, el empleador
 no tiene ninguna injerencia en las tarjetas de crédito o préstamos
 personales que fueron comercializados entre sus empleados. Nada
impedía que los agentes continuaran pagando sus créditos personales
y utilizando sus tarjetas de crédito al menos hasta su vencimiento
 contractual”, sostiene la ONG.

Tampoco se trataba de clientes en mora, o atrasados en sus pagos.
 Los empleados seguían teniendo la misma capacidad crediticia que
 antes, de modo que no se encuentra fundamento alguno para su
“accionar delictivo”, efectuado en claro abuso de su posición de
privilegio frente a sus clientes cautivos, que no tuvieron la posibilidad
 de elegir un banco de mejor calidad para radicar sus cuentas,
afirman los abogados