Les habría dado positivo el peritaje caligráfico. Casación emitiría hoy una resolución clave
Entre los peritajes caligráficos que dieron positivo y, los que se negaron a pasar por esa prueba técnica, está el número de jefes policiales que podrían ir detenidos, todos bajo sospecha de integrar una presunta asociación ilícita para recaudar plata proveniente de la denominada “caja negra” de la fuerza.
En tal sentido, voceros judiciales indicaron que son 10 los oficiales de la bonaerense, algunos de ellos comisarios platenses, con pedido de captura por “asociación ilícita en concurso real con concusión (es cuando un funcionario hace uso de su cargo para hacer pagar a una persona una contribución que no le corresponde) e ideal con recepción de dádivas” (coimas), a los cuatro primeros, y “encubrimiento agravado”.
Cabe destacar que la asociación ilícita es el delito más grave que se les imputa, artículo 210 del Código Penal, se castiga con hasta 15 años de pena al jefe de la banda.
La jueza de Garantías Marcela Garmendia, definirá el planteo entre hoy y mañana, junto a los requerimientos de eximición de prisión presentados la semana pasada para 31 jefes policiales, señalaron los voceros consultados por este diario.
Esta causa, a cargo del fiscal Marcelo Martini, investiga la aparición de 36 sobres numerados en un despacho de la Jefatura Departamental local, con 153.700 pesos que provendrían de la recaudación clandestina de la fuerza.
En ese expediente judicial varios comisarios y y jefes de calle de varias comisarías de nuestra ciudad se sometieron a a un peritaje caligráfico para determinar si fueron quienes escribieron los sobres donde estaba ese dinero ilegal.
Según fuentes de Tribunales los resultados de las pericias habrían complicado a los sospechosos, y por ello una defensora oficial, ante la posibilidad de que vayan presos solicitó eximiciones de prisión para 31 de los policías imputados.
Esa presentación provocó un verdadero escándalo institucional, sin precedentes en la historia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Hasta ahora, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, como la propia Gobernadora, María Eugenia Vidal, no habían adoptado ninguna medida con respecto a los policías sospechados .
Hasta el jueves se sabía que Garmendia había tenido presente el recurso “para su oportunidad”, de modo que pronunciará su resolución sobre ese pedido junto a las detención requeridas por el fiscal.
Si la jueza rechaza las eximiciones de prisión, estas pueden ser apeladas, y eso le daría un efecto suspensivo para el caso de ordenarse las capturas.
Como se recordará, en esta causa a los primeros implicados la jueza les había ordenado la detención, pero quedaron en suspenso porque se recurrió a la Cámara las denegatorias de las eximiciones de prisión.
Esa situación se dio para el ex titular de la Departamental La Plata, Darío Camerini; el segundo jefe de la dependencia, Rodolfo Carballo; el jefe de operaciones, Ariel Huck; el secretario, Walter Skramowskyj y la oficial administrativa, María de los Angeles Ramírez, a quienes el fiscal Martini sí les pidió la detención, aunque por una decisión ulterior de la Cámara de Apelaciones de La Plata, más allá de que la medida fue convalidada por la jueza Garmendia, quedó sin efecto, por cuestiones formales.
“Sin desconocer que se está ante la presunta comisión de graves conductas ilícitas, (...) de la lectura de las constancias de autos, no se advierte en la descripción de la plataforma fáctica desarrollada tanto por el señor agente fiscal, así como en la convalidada por el juez de grado, en qué habría consistido la imputación que se dirige contra los imputados”, señalaron los camaristas Carlos Silva Acevedo y Carlos Ariel Argüero en su voto.
“Del análisis de lo actuado hasta ahora, no se advierte en autos que se haya individualizado de manera concreta la conducta que se reputa como delictiva, ni cuál ha sido el aporte de cada uno de los nombrados en los distintos tramos que se reseñan de manera ambigua y genérica en la descripción de la materialidad ilícita”, agregaron.
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