La guerra que se ha desatado entre el jefe de la Bonaerense Pablo Bressi y el comisario mayor Marcelo Di Pasqua tiene por ahora un claro derrotado: Bressi, que no saldrá indemne de esta situación a la que su propia soberbia lo arrojó, cuando usando su poder discrecionalmente utilizó su alto cargo para cobrarse una cuenta personal.
Bressi evaluó mal y actuó peor cuando, ante el decisorio del juez del contencioso administrativo de La Plata Luis Arias, que determinaba que se debía reincorporar a Di Pasqua, reaccionó denunciando a éste por enriquecimiento ilícito. Por segunda vez creyó que había terminado con quien se le enfrentó siendo ambos titulares de dependencias anti narcotráfico en el Gran Buenos Aires.
Di Pasqua ya sabe que su carrera policial terminó. Bressi, en la intimidad, debería hacer su propia evaluación, porque la suya también ha concluido. Ahora bien, la que tiene que pensar muy bien qué hará de aquí en más es la gobernadora María Eugenia Vidal, que acaba metida en este barro sin ninguna necesidad. Usando el criterio de que por tener una posición extraordinaria ante la sociedad todo les está permitido, Bressi y, particularmente, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo han evitado poner la cara, y han utilizado a la Gobernadora para denostar al comisario mayor Di Pasqua, que, curiosamente, sí se preocupa en sus dichos públicos por apartar a Vidal de este berenjenal.
Di Pasqua ha señalado en la 99.9 que las diferencias con Bressi comenzaron al desmembrar la banda de “el Cabezón”, que operaba en Esteban Echeverría con protección del hoy jefe de la fuerza. Al asumir Bressi, Di Pasqua había advertido a distintas personas -una de ellas quien suscribe-: “voy a pasarla mal con Bressi, me la tiene jurada desde que le cortamos (sic) una banda que él protegía en Tres de Febrero”.
La causa, de 2013, que dio como resultado el secuestro de diez kilos de cocaína, autos de alta gama y dólares, era llevada por el juez Carlos Ferreiro Pella, fallecido en 2015. Tal como señala Di Pasqua, esa causa cayó en abstracto por inactividad judicial, y todos los detenidos recuperaron su libertad sin haber sentencia de fondo. Esta semana se conocieron dos testimonios, el de Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar Gaviria, y el del abogado Carlos Roitman; ambos revelan que tanto Escobar Gaviria como Henry de Jesús López (a) “Mi sangre” eran activos de los servicios de los Estados Unidos.
Son estas dos revelaciones que ponen en negro sobre blanco el rol de los servicios de inteligencia tales como la DEA o la Homeland Security, y cuán poco recomensable es colocar en lugares prominentes a funcionarios recomendados por estas organizaciones. Hay una batalla de poder en este aspecto, y no prestar atención a lo que ocurre puede tener un alto costo político para la gobernadora Vidal. Alguien debería seriamente ocuparse de cuidarla, pues quedar en medio de una interna policial ya es complicado, pero dar la vida política por un activo de la DEA es un error que se llega a pagar muy caro.
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