MAR DEL PLATA: ENCUENTRO DE MUNICIPIOS Y DE FUERZAS DE SEGURIDAD POR SECUESTROS EXTORSIVOS Y NARCOCRIMINALIDAD

Expusieron el titular de la UFESE,  Santiago Marquevich, y  Pablo Iadarola de la Procunar en  la Fiscalía General de Mar del Plata.  Se escucharon las  inquietudes de intendentes y funcionarios locales y se ahondó en la importancia del trabajo  articulado. Convocados por la Fiscalía de Distrito Mar del Plata, funcionarios de gobiernos  de distintas localidades de la zona y representantes de fuerzas de seguridad provincial  y nacional estuvieron presentes en un encuentro de capacitación y debate sobre secuestros  extorsivos y narcocriminalidad, que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad  Nacional de Mar del Plata. En las palabras de apertura, el fiscal coordinador del Distrito, Daniel Adler, sostuvo que el  objetivo de la actividad fue “que los fiscales puedan conocer la realidad de los distintos  municipios que conforman el Distrito, y al mismo tiempo, que los representantes elegidos  por el pueblo puedan contar en forma inmediata con el servicio de Justicia”. En este sentido, destacó la posibilidad de “prevenir y saber qué hacer frente a los casos de  secuestro extorsivo”, y en relación a la narcocriminalidad señaló que se trata de “un fenómeno que preocupa hace mucho tiempo a la comunidad” y que este intercambio posibilita  “trabajar mancomunadamente entre fuerzas de seguridad, Ministerio Público y Municipios”. El titular de la Unidad Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), Santiago Marquevich, expuso sobre la realidad de este delito en el territorio nacional, único delito cuya investigación  está a cargo exclusivamente de los fiscales federales. En este sentido, marcó la decisión de  la Procuración General de la Nación de crear una unidad especializada de investigación de  secuestros extorsivos, que permite una coordinación entre fiscales de todo el país, y contar  con una visión general del tema. Por otro lado, el fiscal señaló que la mayoría de los secuestros se están dando en el  conurbano –el mes pasado se contabilizaron 24-, y que no se trata de estructuras delictivas  demasiado organizadas. De hecho, muchas veces se evidenció cierta improvisación, lo que  puede implicar un riesgo más alto para la víctima. Marquevich puso en valor el vínculo con las comunas a la hora de la investigación: “Hoy los  Municipios reciben el primer contacto con la comunidad, y pueden garantizar que la información  llegue tiempo oportuno”, apuntó. A su turno, Pablo Iadarola, referente de la Procunar para la Fiscalía de Distrito de Mar del  Plata, describió las características de la narcocriminalidad, como actividad ilícita comprensiva  de las maniobras de narcotráfico, y a sus delitos conexos. Para ello, primero trazó un claro  panorama del mapa provincial y nacional. “Nuestro país es vecino continental de los únicos  tres países del mundo con las condiciones geográficas necesarias para que sea viable el  crecimiento de la planta Erythroxylum Coca, de la cual se extrae el alcaloide cocaína -Perú,  Colombia y Bolivia-, y el mayor productor de Cannabis Sativa del continente -Paraguay-.  Con sus fronteras de aproximadamente 15.000 kilómetros, de los cuales 9.376 kilómetros  corresponden a los límites con cinco países, y 5.117 kilómetros al litoral fluvial del Río de  la Plata y el Mar Argentino. A lo largo de esos 9.376 kilómetros se ubican 134 pasos de  frontera”, marcó en primera instancia. En el interior del territorio nacional, sumó, se desarrolla una importante red vial de unos  77.000 kilómetros de caminos pavimentados, mediante los cuales se unen los grandes  centros de producción y consumo, con los más de 70 puertos fluviales  y los 33 aeropuertos  nacionales, que son la principal vía de ingreso y egreso de mercaderías del país. Y a ello  sumó el desarrollo de la industria química, que brinda la posibilidad de contar con químicos  de alta calidad necesarios para la producción de estupefacientes. Por último, describió las cuatro líneas de trabajo propuestas desde la Procunar para el  abordaje judicial de la narcocriminalidad. En primer lugar, señaló que el trabajo articulado  de los fiscales de todo el país permite detectar vinculaciones entre organizaciones que participan del mismo fenómeno criminal; luego, orientar las investigaciones hacia los  eslabones más altos de la cadena de responsabilidades. Como tercer eje señaló que se  torna imprescindible el impulso de investigaciones patrimoniales, con la finalidad de  decomisar los bienes que constituyen las ganancias de estas estructuras criminales.  Y como cuarto elemento, señaló el desarrollo de investigaciones proactivas sobre el  tráfico ilícito de precursores químicos, teniendo en cuenta la importancia de estas  sustancias en las fases de elaboración y fabricación de estupefacientes.De la actividad  participaron funcionarios de los Municipios de Olavarría, Lezama, General Alvear, San  Cayetano y General Pueyrredon; las autoridades de la Policía Federal Argentina Gustavo  Goldar y Oscar Rivero; y de la DDI, José Luis Segovia; personal de Prefectura Naval Argentina,  entre otros. Por la tarde, Marquevich brindó una capacitación interna para fiscales y empleados de  las fiscalías federales de Mar del Plata, donde se habló sobre la tarea a realizar en caso  de un secuestro extorsivo, con el foco puesto en la víctima.

EL DIA QUE EVITA RENUNCIO A LOS HONORES PERO NO A LA LUCHA

EMPRESARIOS MARPLATENSES RECURRIRAN A LA JUSTICIA CONTRA EL TARIFAZO

El titular de la UCIP, Raúl Lamacchia, criticó el fallo de la Corte que no incluyó en el freno de los aumentos del gas a las pymes y diversas entidades. Harán un recurso de amparo.

El presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), Raúl Lamacchia, mostró su rechazo y preocupación ante el fallo de la Corte Suprema que frena la suba del gas para los usuarios residenciales pero no así para los comercios o las diversas entidades tales como clubes o industrias.

“El fallo es bueno para los usuarios residenciales, retrotrae las tarifas. El tema que es discriminatorio para nuestro sector, para el comercio de la industria porque los excluye con argumentos falaces. Consumidores somos todos, nuestro sector hizo recursos de amparo que resolvió la Corte”, señaló el dirigente, quien agregó: “Creemos que es injusto. Nuestro sector está muy impactado por este fallo. Nos obliga a recurrir a la justicia, de manera individual o en conjunto con FEBA y CAME la próxima semana”.

“Haremos una presentación para quedar en igualdad de condiciones que los usuarios residenciales”, aseguró el representante de diversos comercios de la ciudad, quien añadió: “Si se realiza la audiencia pública, no queremos que ese aumento sea retroactivo sino después de la audiencia, que se realizará en septiembre. Si bien no es vinculante, se van a plantear de distintos sectores las cuestiones correspondientes”.

“Las facturas han llegado de aumentos diversos de acuerdo a los montos de cada actividad y consumo. El impacto está en función de los porcentajes, hay casos se ha doblado lo que se pagaba. El tope que dispuso el Gobierno fue mucho teniendo el fuerte impacto que recibimos”, destacó Lamacchia.

Para el titular de la UCIP, “el problema inflacionario y la devaluación generan esta situación. Las tarifas hacen incrementar esta problemática, por eso levantamos la voz, porque no es el único problema. Podría haberse hecho gradualmente

EL INELUDIBLE COSTO SOCIAL. ESCRIBE ALBERTO MEDINA MENDEZ

El debate contemporáneo ha instalado una falacia tan clásica como burda. Propios y extraños defienden la idea de que los cambios no pueden ni deben hacerse porque no están dadas las condiciones mínimas para llevarlos adelante dado el elevado costo social que provocaría hacerlo. Es esa visión la que detiene a muchos en el camino hacia lo correcto y, bajo esa perspectiva, empiezan a pergeñar retorcidos atajos, senderos alternativos y discursos siempre funcionales para finalmente sortear las imprescindibles determinaciones que se necesitan. Obviamente, los más interesados en no dar pasos firmes en el trayecto apropiado son justamente los que gobiernan, que no están dispuestos en realidad a hacer lo necesario, sino que prefieren dejarle esa incomoda labor a otros, a los que puedan venir después, que por otra parte jamás llegan. Desde cualquier posición política, transmiten a viva voz esta idea de que no se pueden concretar ciertas acciones porque eso implicaría que una parte importante de la sociedad pagaría los platos rotos, como si postergar la decisión  resolviera el problema de fondo y no lo agravara aun más. Quienes inspiran esta mirada no lo dicen, ya no porque no lo identifican, sino porque se suman al engaño institucionalizado que la política instrumenta sistemáticamente desde hace décadas, escondiendo la realidad. La verdad es que no están dispuestos a hacerlo por el costo político que eso conlleva y no por el costo social que se deriva de las eventuales decisiones adecuadas. Claramente esos dos conceptos no son idénticos. El supuesto costo social, al que ellos se refieren, se ampara en la hipotética imposibilidad práctica de los sectores más vulnerables para adecuarse, en esa transición, pasando de su situación actual a otra con reglas de juego diferentes, que demandan significativos esfuerzos adicionales. La otra cara de la moneda, esa que les preocupa, es la del costo político, vinculado al apoyo electoral que precisa cualquier gobierno para llevar adelante su gestión y tener sustentabilidad durante ese proceso. La política le tiene miedo a sus propios costos y no a los de la gente. No les asusta como se adaptará la sociedad a esa nueva dinámica más sensata y racional, más equitativa y justa. Les preocupa solo la próxima elección y su supervivencia frente a los embates de su circunstancial opositor de turno. Por esos motivos implementan un discurso mentiroso, donde el embuste está en el centro de la escena. Falsifican la realidad no solo a la sociedad en su conjunto haciéndoles creer que muchas medidas son absolutamente irrealizables, sino que manipulan a sus propios partidarios, instigándolos a recitar sin pensar, ideas que no resisten demasiado análisis pero que han conseguido instalarse en la agenda política general. Lo que no cuentan, lo que no dicen, lo que ocultan deliberadamente, es que el supuesto costo social que intentan evitar, protegiendo a los más débiles y que la comunidad no parece dispuesta a tolerar, se paga igualmente todos los días y sin ningún tipo de contemplaciones. La astucia del sistema ha consistido en inyectar veneno de un modo imperceptible, disimuladamente, sabiendo que lo hace, lo que convierte su ejecución en una perversidad gigante de los implementadores y de quienes asumen cotidianamente la responsabilidad de continuarlas hasta el infinito. No solo los creadores de este engendro tienen la culpa. Claro que son ellos los que han fabricado este monstruo, pero eso no exime de responsabilidades a quienes, pudiendo encaminarse en la dirección opuesta sostienen este nefasto régimen sin ningún tipo de atenuantes. Mantener la vigencia de infinitos planes sociales y la endemoniada estructura de subsidios con la transferencia de recursos que eso implica, en la mayoría de los casos desde los sectores que menos tienen hacia los de mayor poder adquisitivo, es una actitud ruin e imperdonable. La pérfida dinámica impositiva de este tiempo le hace creer a demasiada gente que recibe cuantiosas ayudas, que ciertos servicios son gratuitos, que los paga alguien que no son ellos mismos, cuando en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario. Los ciudadanos, sin registrarlo, pagan por esto todos los días. Los supuestos beneficiarios de esos privilegios financian esta fiesta con exagerados impuestos e inflación, con corrupción y despilfarro, sosteniendo una estructura parasitaria, ineficiente e incapaz de gestionar con calidad. La sociedad paga desproporcionados tributos para sostener un aparato político cuya ingeniería letal ha sido construida durante años. Más de la mitad de los ingresos que los individuos crean con su propio esfuerzo quedan en manos de los diferentes estamentos del Estado  que a cambio ofrece, invariablemente, servicios de dudosa calidad. No es cierto que los cambios no se puedan concretar. Lo que no quieren reconocer es que hacerlo implicaría desmantelar la maquinaria política que han edificado y es ese costo, y no otro, el que no están dispuestos a pagar. La clase política ha logrado instalar la inmoral idea de que la sociedad debe hacerse cargo de sostener un Estado caro, ineficaz e injusto. Lo debe hacer sin chistar y además debe soportar hasta el infinito que los problemas que nacen de esa dinámica jamás encuentren soluciones definitivas. Aunque no se logre percibir con suficiente claridad, la mayoría de la gente no ha logrado evitar eso a lo que tanto parece temerle, gracias a sus cuestionables creencias. No deberían asustar los cambios, sino la eterna continuidad de un esquema que genera cada vez más inconvenientes y que jamás ha conseguido esquivar el ineludible costo social.

MAR DEL PLATA: CENTRO DE LAVADO DE DINERO DE BANDAS DE NARCOTRAFICANTES

El abogado Carlos Salvatore protagonizó el caso más emblemático en materia de narco-criminalidad, con el envío de estupefacientes a Europa disimulados en carbón vegetal. Para lavar los cuantiosos fondos provenientes del narcotráfico eligieron Mar del Plata.

La construcción de edificios en distintos puntos de Mar del Plata, en particular frente al mar, fue la principal manera de lavar dinero que encontró una de las bandas de narcotraficantes más grande de la historia en la Argentina.

Carlos Daniel Salvatore, el líder de la organización que cayó en el denominado operativo “Carbón Blanco”, ordenó que se construyeran al menos 9 edificios en esta ciudad con las ganancias del contrabando de cocaína disimulada en bolsas de cárbon.

El trabajo articulado entre la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la fiscal María Laura Roteta, y la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, a cargo de Carlos Sanserri, puso al descubierto toda la maniobra.

Un entramado financiero, inmobiliario y empresarial con sociedades pantallas y testaferros, fue el que erigió la banda de narcotraficantes liderada por Salvatore y que tuvo a Mar del Plata como una ciudad clave.

El desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en Mar del Plata era uno de los canales elegidos para lavar el dinero proveniente del narcotráfico.

Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos es que esa modalidad delictiva se complementaba con otra, mediante la cual los edificios construidos violaban alguna de las disposiciones municipales, por ejemplo, superando la cantidad de pisos autorizados.

La obra se detenía y los responsables de la construcción -ante la desesperación de los compradores por no poder escriturar- recompraban las mismas unidades “a precio vil”. No casualmente, Salvatore desembarcó en Mar del Plata a través de NS Construcciones, una sociedad que mantenía con el empresario de la construcción y antiguo cliente, Antonio Nicolosi, con quien realizó al menos nueve emprendimientos en la ciudad.

Un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, que se ramificaba por el país y el extranjero, dedicado a colocar en el mercado legal el dinero que provenía de su actividad como narcotraficante

El 5 de mayo pasado, el juzgado federal de Roque Sáenz Peña dispuso la intervención judicial de seis sociedades anónimas dedicadas al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata, entre las que se encuentran “NS Administraciones, Propiedades, Edificios Construcciones S.A”; “Libres de Sud 2079 S.A.”; “Milenio Bienes Raíces S.A.”; “Saint Maxime S.A.”; “LBC Service & Consulting S.A.” y “General Paunero S.A.”. La medida cautelar, que rige por un plazo de 150 días, había sido requerida en forma conjunta por el fiscal federal Sansserri y la Procelac, con el doble objetivo de, por un lado, asegurar el valor de los bienes utilizados en el delito de lavado de activos para posibilitar su decomiso al momento del dictado de la sentencia y, por el otro, para evitar situaciones perjudiciales para los terceros que de buena fe invirtieron en estos emprendimientos.
Delito precedente

El 17 de septiembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia condenó al abogado Carlos Alberto Salvatore a 21 años de prisión, al considerarlo el principal organizador de una asociación ilícita que contrabandeó más de una tonelada de cocaína en tres cargamentos enviados a Europa entre marzo y abril de 2012.

Por la dimensión de las penas aplicadas –el resto de la banda recibió condenas de entre 19 y 12 años de prisión–, el volumen de estupefacientes comercializado, y por haberse juzgado a quienes se encontraban en el eslabón más alto de la estructura delictiva, el juicio fue considerado como el más importante en materia de narco-criminalidad en el país.

Ahora bien, en 2014, mientras todavía se encontraba en etapa de instrucción la causa por narcotráfico, la Procelac presentó una denuncia penal por lavado de activos provenientes del contrabando internacional de clorhidrato de cocaína a Europa.

La presentación en el juzgado federal de Roque Sáenz Peña se sustentaba en una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas emitidos por la Unidad de Información Financiera (UIF), que daban cuenta de movimientos injustificados a través de las sociedades Gem Zud Corporation, Pure Vision S.A. y Saint Maxime S.A.. En todas estas sociedades participa Carlos Alberto Salvatore.

El análisis de esta información, confrontada con lo que se requirió a diversos organismos, nacionales y extranjeros, daba cuenta de la presunta aplicación de una gran masa de activos de origen delictivo en el sistema económico formal, por diferentes conductos. Así, se logró constatar que la organización liderada por Salvatore “generó un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, que se ramificaba por el país y el extranjero, dedicado a colocar en el mercado legal el dinero que provenía de su actividad como narcotraficante”.

Procesamiento y prisión preventiva

En base a la gran cantidad de pruebas recolectadas, la titular del juzgado federal de Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Salvatore por los delitos de asociación ilícita- agravada por su condición de organizador- en concurso real con el de lavado de activos agravado, al tiempo que dispuso un embargo de casi $ 760 millones sobre sus bienes.

También ,fueron procesados con prisión preventiva la esposa de Salvatore, Silvia Susana Valles, sobre cuyos bienes dispuso un embargo de 505 millones de pesos, los empresarios Santiago Valles Ferrer, Ricardo Gassan Saba, con embargos de 81 y 264,8 millones de pesos, respectivamente, mientras que Carla Yanina Salvatore y Mariano Castelucci, abogado marplatense vinculado a la UCR local, fueron procesados sin prisión preventiva.

Los imputados desplegaron maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico al menos desde el año 2005 hasta la fecha de sus detenciones, y que el dinero de origen ilícito fue canalizado hacia emprendimientos inmobiliarios en Mar del Plata, inversiones en automóviles de lujo, proyectos cinematográficos, operaciones de cambio, activos en Estados Unidos y empresas pantalla.

En su resolución, la magistrada tuvo por acreditado que los imputados desplegaron maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico al menos desde el año 2005 hasta la fecha de sus detenciones, y que el dinero de origen ilícito fue canalizado hacia emprendimientos inmobiliarios en Mar del Plata, inversiones en automóviles de lujo, proyectos cinematográficos, operaciones de cambio, activos en Estados Unidos y empresas pantalla, entre otras maniobras.

Posteriormente, la Cámara Federal de Resistencia confirmó los procesamientos, aunque redujo sensiblemente los montos de los embargos y dictó la falta de mérito de Castelucci.

Respecto a Salvatore, además, el tribunal de alzada rechazó la imputación por asociación ilícita, lo que motivó un recurso de casación que, tras ser declarado inadmisible, derivó en la presentación de un recurso de queja.

Fuente: Diario La Capital de Mar del Plata

Lo más visto hoy

• 1Una joven se quiso sacar una foto con un arma y el amigo la mató cuando la descargaba
• 2Asaltaron a un anciano y se tirotearon con la policía en pleno centro
• 3Se durmió y chocó contra un poste en avenida Constitución
• 4Asalto y tiros en pleno centro
• 5Video: estaba teniendo sexo con una mujer casada, el marido lo descubrió y escapó corriendo desnudo

 

ENERGICA DESMENTIDA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA

NO VOTAMOS EL AUMENTO DE LA CAO A $ 31.200
ESA FEA COSTUMBRE DE MENTIR

Con motivo de  las publicaciones efectuadas por algunos colegas  en las cuales indican que los Directores del Colegio de Abogados de  Mar del Plata, VOTAMOS A FAVOR DEL AUMENTO DE LA CAO EN LA SUMA DE $ 31.200,  nos vemos obligados una vez más a manifestar y aclarar a toda la comunidad de colegiados,  que dichas afirmaciones e imputaciones son TOTALMENTE FALACES ENGAÑOSAS, Y TENDENCIOSAS.

FALACES porque NO  votamos  una CAO de $ 31.200. ENGAÑOSAS, porque con ello tienden inducir a error y a desinformar a los  colegiados y  TENDENCIOSAS  por cuanto se realizan con un  claro propósito de proselitismo político en desmedro de la defensa de los intereses reales  de  los abogados de la matrícula.

Sostenemos con énfasis que la  CAO no puede ser el remedio que hoy nos permita equilibrar valores actuariales por medio de sucesivos aumentos, ya que en el futuro, si no modificamos tal estado de situación (conforme a esos mismos cálculos actuariales) seguramente nos condenará al fracaso del sistema. La crítica situación que atraviesa el profesional en  ejercicio, sumado a las variables económicas del medio, exigen que profundicemos nuestra política de transformación del sistema previsional.

Y han sido precisamente, la realidad del medio como la variable económica imperante que nos impuso  votar en contra de una actualización de la CAO del 43,8 %.-

MARIA FERNANDA HUERTA
ALEJANDRO PABLO VEGA
CARLOS GABRIEL TIRRELLI

CON LA VIGENCIA DEL TARIFAZO, SE PERDERAN MILES DE EMPRESAS Y PUESTOS DE TRABAJO

Ante la difusión del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la fijación de las

 tarifas de gas, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios expresa

 su preocupación por la vigencia del “tarifazo” para el conjunto de usuarios no

 residenciales, lo que abarca a sectores sensibles como las Pymes, las empresas

 recuperadas y las cooperativas.

El fallo constituye en sí mismo un avance respecto de la situación

 precedente, ya que declara la nulidad de las resoluciones gubernamentales 

que fijaban el nuevo esquema tributario y sostiene la tarifa social, determinando

 que deben abonarse los valores vigentes  previos a esas resoluciones. También 

expresa que todo el esquema tarifario debe discutirse en Audiencias Públicas,

 lo cual se entiende incluye el valor de producción, que debe ser fijado por el 

Estado.

No obstante, APYME alerta que en el actual contexto de recesión, caída 

de la actividad, aumentos de precios e ingreso de importaciones, la vigencia 

de un cuadro tarifario con aumentos  como los que dispuso el Poder Ejecutivo

 resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los

 servicios. El límite del 500% con retroactividad del cobro de facturas sigue

 resultando desproporcionado y confiscatorio. Al no haber una segmentación

 adecuada hacia el interior del entramado productivo, serán los eslabones 

más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias.

APYME resalta el dictamen de la procuradora general de la Nación Gils Carbó, 

donde se dice que si por una parte “el servicio público domiciliario de gas es 

un servicio indispensable para la salud y la vida digna”, asimismo “el acceso

 al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad 

económica de los comerciantes, las empresas —en especial, las pequeñas y

 medianas—, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales 

depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.

Debemos recordar que este universo de empresas representa más del 90 %

 de las unidades productivas y genera el 80  % del empleo. Dejar instalada la

 inseguridad jurídica sobre el valor de las tarifas para este sector equivale a

 decretar el cierre de miles de empresas, suspensiones y despidos de

 trabajadores, situación que sin duda agravará la crisis ya existente.

APYME señala que debe tratarse de modo urgente esta situación por las vías

 legislativa, jurídica y política. Uno de los caminos es crear de modo urgente la

 figura del ombudsman de las Pymes, como se propuso oportunamente durante 

el tratamiento de la ley de fomento a las Mipymes, a fin de impulsar un proceso

 colectivo que ampare al sector.

Este camino debería seguirse también respecto del resto de los aumentos

 tarifarios, en particular de la electricidad y el agua, que también fueron 

fijados por el Gobierno de modo unilateral, sin audiencias públicas y con

 completo descuido por sus devastadores desequilibrios  sociales y productivos

 sobre el conjunto de la población.

Los cuadros tarifarios de servicios públicos responden a políticas de Estado, y

 como tales  deben aplicarse de acuerdo con criterios de equidad, racionalidad

 y justicia para el conjunto de la población.

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016

Eduardo Fernández
Presidente Comité Nacional
Juán José Sisca
Secretario Comité Nacional
Carlos Filippini
Presidente Delegación Mar del Plata
Gustavo Casciotti
Secretario Delegación Mar del Plata

TARIFAZO DEL GAS FUE ANULADO POR LA CORTE

Por unanimidad, el máximo tribunal retrotrajo el cuadro tarifario a los valores que estaban vigentes antes del aumento. Además estableció audiencias públicas obligatorias para fijar nuevos esquemas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y le puso un freno al aumento de gas dispuesto por el gobierno de Cambiemos para lo usuarios residenciales.

Por unanimidad, los integrantes del máximo tribunal de justicia dispuso retrotraer las tarifas al esquema que estaba vigente antes de los aumentos establecidos por el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren

Los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti coincidieron además en especificar que la audiencia pública es un requisito obligatorio antes de avanzar en un nuevo esquema tarifario.

Los magistrados advirtieron al Congreso de la Nación que es necesario cubrir el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, que se encuentra vacante desde 2009

EN MAR DEL PLATA PIDEN QUE EDEA NO CORTE EL SERVICIO POR DEUDA

En su presentación, aseguran hacer eco “de los numerosos reclamos de los vecinos”. Argumentan que se sigue discutiendo las tarifas en la justicia, motivo por el cual “no se puede hacer caer sobre el usuario”.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la empresa EDEA S.A. que se abstenga de intimar a los usuarios con aviso de corte en los reclamos por deudas, haciéndose eco de numerosas presentaciones de vecinos, que han recibido aviso de cortes de servicio de energía eléctrica como modo de reclamo de montos adeudados por el mismo.

“Ello toda vez que el acceso de los usuarios a servicios públicos esenciales como la electricidad resulta ser un derecho humano que hay que garantizar, existiendo métodos claros y precisos para reclamar montos adeudados, que no pasen por el corte de la prestación que resulta de imperiosa necesidad y utilidad”, señalaron.

“Por otro lado deberán abstenerse de amenazar de corte, toda vez que no existen deudas ciertas. Ello en virtud de que las tarifas están siendo discutidas judicialmente, por lo tanto dada su provisionalidad e incertidumbre, no se puede hacer caer sobre el usuario, víctima de todo este proceso, la amenaza de que se le cortará el servicio”, concluyeron los defensores  defensores del Pueblo Fernando Rizzi, Fernando Cuesta y Walter Rodríguez.

GILS CARBO DICTAMINO CONTRA EL TARIFAZO

Finalmente la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó presentó su dictamen sobre tarifazo, apuntando a la falta de audiencias públicas y a favor de los amparos que frenan las subas en las tarifas de gas y luz.
La medida, si bien no es vinculante, representa el primer revés jurídico sobre el tarifazo, en la recta final para el fallo definitivo en el que trabaja la Corte Suprema de Justicia por los aumentos de gas, con miras a resolver mañana. 
En el documento, de 18 carillas, la jefa de los fiscales hizo especial énfasis en la ausencia de audiencias públicas previas a disponer los nuevos cuadros tarifarios y retomó antecedentes de jurisprudencia y la opinión de una decena de dictámenes fiscales que otorgaron cautelares a favor de los usuarios y consumidores. 
Este es el paso previo imprescindible para la ambición del Gobierno de obtener un fallo favorable de la Corte. 

El martes, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, arriesgaban que salvo detalles, los jueces intentaban llegar a una decisión consensuada que permita un voto mayoritario. Ahora, con el escrito, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti quedarán habilitados para tomar una decisión que, de postergarse, podría incluir como quinto voto a Carlos Rosenkrantz, próximo a asumir el lunes.la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó presentó su dictamen sobre tarifazo, apuntando a la falta de audiencias públicas y a favor de los amparos que frenan las subas en las tarifas de gas y luz.

NEGARON EL ARRESTO DOMICILIARIO DE ETCHECOLATZ

Lo decidió el juez federal Enrique Kreplac. Y dispuso el traslado del ex director de investigaciones de la policía a un hospital no penitenciario debido a su precario estado de salud.

El juez federal Enrique Kreplac denegó un pedido de la defensa del ex director de investigaciones de la policía Miguel Etchelcolatz para gozar de arresto domiciliario y dispuso su traslado a un hospital no penitenciario debido a su precario estado de salud.

El magistrado dejó expresamente de manifiesto que los médicos que en definitiva traten a Etchecolatz “se encuentran autorizados a proceder a la alimentación o medicación forzada en el supuesto de que, según el recto criterio profesional, existiera grave riesgo para su salud, siempre en la medida necesaria y con extremo respeto por su dignidad humana”, según publicó La Nación.

El juez dispuso que el Servicio Penitenciario Federal adopte las medidas de seguridad correspondientes al momento de efectivizar el traslado y durante la internación médica ordenada, disponiendo la constitución de una consigna fija, las 24 horas, en el hospital donde finalmente se aloje al condenado.

Etchecolatz (87), condenado por crímenes de lesa humanidad, podía volver a vivir en su vivienda del Bosque Peralta Ramos si la Justicia lo autorizaba, posibilidad que era rechazada por organismos de derechos humanos.

CAYERON LAS VENTAS UN 10.5 % EL FIN DE SEMANA LARGO

El sector comercial de CAME calculó que las ventas durante este fin de semana largo cayeron un 10,5 por ciento respecto a las registradas durante el feriado del 17 de agosto de 2015.

En tanto, el presidente de Fehgra, Roberto Brunello, remarcó que “los fines de semana largos ayudan a mejorar la performance de nuestros negocios, sin embargo, los hoteles y restaurantes están abiertos todos los días del mes”, por lo que elaboró una nueva plataforma para medir con datos reales el movimiento turístico para “evaluar el rendimiento del negocio, planificar y concretar acciones, apreciar su impacto, construir proyecciones y pronósticos, y así visualizar el futuro del negocio”.

El presidente de la Cámara de Turismo, Oscar Ghezzi, remarcó que tras este fin de semana largo “las señales que vamos recibiendo a medida que avanza el año son positivas en promedio, teniendo en cuenta que cada destino tiene una dinámica propia y evoluciona de un modo distinto a otro”.

Ghezzi destacó el compromiso de provincias y municipios ante la “actual demanda de viajes cortos a lo largo del año”, que propicia “la desestacionalización de la actividad y un panorama federal”, lo que lo llevó a expresar que eran “optimistas respecto de que esta tendencia continúe”

ALFONSIN PIDIO QUE EL TEMA DE LAS TARIFAS NO SE RESUELVA SOLO CON "CRITERIOS ECONOMICISTAS"

El diputado dijo que si le hubieran consultado a la UCR la suba de tarifas se hubiera implementado de una manera "más gradual". El legislador reclamó un espacio de mayor diálogo dentro de Cambiemos.

Alfonsín junto a la diputada Provincial Liliana Denot y el senador y candidato a presidente del Comité Provincia, Carlos Fernández

El diputado nacional Ricardo Alfonsín aseguró que más allá de lo que decida la corte, el tema de las tarifas requiere de una salida política de parte del gobierno nacional. A horas de que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, acuda al Congreso, le dijo a LA CAPITAL que la UCR “preguntará lo que sea necesario para entender por qué se tomó una decisión de esta naturaleza”.
“No se puede ignorar el impacto social del aumento y por eso creo que el gobierno va a revisar esto”, sostuvo.

-¿Qué panorama cree que va a encontrar el ministro Aranguren cuando asista este martes al Congreso?
-Hay que decir que el problema de la energía es uno de los más graves y de difícil resolución que heredó este gobierno. Por lo tanto no es algo que se resuelva sólo con criterios economicistas. No se puede perder de vista que si se aumentan las tarifas para resolver un problema no pueden ser olvidadas las consecuencias sociales y económicas. Si hubieran consultado a la UCR creo que las decisiones se hubieran tomado de manera más gradual. Lamentablemente no existe hacia adentro de Cambiemos un espacio para discutir estas cosas. Es algo que no le reclamo al PRO sino al radicalismo, para poder discutir las decisiones más trascendentes del gobierno.

-¿Entonces cuál va a ser la postura de la UCR frente al Ministro?
-Nosotros vamos a preguntar lo que sea necesario para entender por qué se tomó una decisión de esta naturaleza. Pero temo que se convierta en una reunión de la que no se puedan extraer muchas conclusiones, por la voluntad de algunos de sacar un rédito político.

-De todas maneras, más allá de lo que se diga e el Congreso lo decisivo pasará por lo que resuelva la Corte…
-Sí en el sentido de si se cumplieron o no con los procedimientos legales. Pero el tema de las tarifas lo tiene que resolver el gobierno. En todo caso si la Justicia dijera algo en cuanto a convocar a las audiencias públicas los partidos políticos tendremos que aprobar una modificación a la ley para hacerlo antes de los 90 días porque no se puede seguir en esta situación. Es cierto que no se podía seguir como estábamos. Pero no se puede perder de vista que así como se tomó esta medida, lo que se pueda ahorrar fiscalmente por un lado se termina perdiendo por el otro como consecuencia de la caída de la economía. A veces no se comprende a globalidad de las cosas.

-Si el radicalismo tuviera que proponer una salida política para este tema ¿cuál sería?
-Lo primero que hubiéramos propuesto hubiese sido conocer la estructura de costos para saber si es o no razonable el aumento, revisar el precio del petróleo en boca de pozo, conocer un plan de inversiones y saber qué hicieron con los subsidios que recibieron las empresas. No se puede ignorar el impacto social del aumento y por eso creo que el gobierno va a revisar esto, más allá de lo que ya lo revisó. Estamos ante un gobierno con predisposición a rectificar y espero que en este caso lo sigua haciendo

-Usted reclama un espacio dentro de Cambiemos para que la UCR pueda plantear su visión sobre temas fundamentales. ¿Cuáles son esos temas?
-No reclamamos cargos sino participar porque podemos aportar a la calidad de la gestión. Por eso le estoy pidiendo al radicalismo que haya oír su voz ante los temas importantes. Queremos discutir cómo poner en marcha el crecimiento y qué tipo de crecimiento vamos a generar. No estamos de acuerdo con el crecimiento de los ’90 que no generaba empleo. Queremos un crecimiento que genere empleo de calidad, que integre al país, que no contaminen y discutir cómo se distribuye la riqueza y cómo corregir las injusticias del sistema tributario. Queremos discutir la inserción de la Argentina en el mundo, el fortalecimiento del Mercosur, cómo administrar mejor las importaciones y una legislación más dura para los oligopolios y los monopolios que distorsionan los precios. Hay que estimular la demanda y el mercado interno porque el mundo no nos va a comprar. Hay muchas dificultades y por eso, con una política fiscal y monetaria responsable, hay que recrear el mercado interno.

-¿Comprende o lamenta que en estos 9 meses de gobierno no haya existido ese espacio de discusión?
-Comprendo que haya sido así. Pero le pedí a mi partido que solicite la creación de este espacio para aportar en la toma de decisiones. Me han respondido que están trabajando en la emergencia y que este espacio se iba a conformar. Por ahora hubo que trabajar para ordenar la macroeconomía. Hay diferencias de oportunidad, grado y en algunos casos de concepto, pero no creo que ningún otro partido hubiese hecho cosas muy diferentes a las que se hicieron. No es condición suficiente, pero sí necesaria ordenar la economía. Y ahora hay que avanzar con la manera de generar crecimiento y redistribuir la riqueza

-¿Cuál es el futuro que vislumbra para Cambiemos en las próximas elecciones legislativas?
-Cambiemos reúne tradiciones políticas diferentes y se creó para ponerle fin a un proceso de degradación de la Republica y la democracia mediante la alternancia. Para eso se reunieron fuerzas que piensan distinto y mientras sigan existiendo estos riesgos Cambiemos tiene razón de ser. Pero tenemos que tener presentes que gobernar no sólo es reparar el daño hecho, sino que es también decidir qué tipo de crecimiento queremos, qué inserción vamos a tener en el mundo, cómo vamos a impulsar el desarrollo industrial, qué rol juega el estado en la economía, cómo compartir a los grupos oligopólicos y monopólicos. Dentro de Cambiemos hay fuerzas que piensan distinto. Por eso pienso que lo mejor que puede pasar es que en 2017 la gente pueda elegir fortalecer el ala más liberal que es el Pro, a una ala de centro como el ARI o un ala de centro izquierda como es el radicalismo. La gente debe decir cuál de estas alas debe fortalecer. Así lo hicimos en 2015. Y hay muchos del Pro que piensan igual y esperan resolver esto a través de una interna.

Fuente Diario La Capital de Mar del Plata

PARA SERGIO MASSA EL TARIFAZO ES IRRACIONAL

El diputado nacional cerró el congreso que el Frente Renovador desarrolló en el hotel Provincial. "Asumimos el compromiso de representar la voz de los que sienten que se quedan afuera", aseguró.

Sergio Massa cerró el Congreso bonaerense que el Frente Renovador-Unidos por una Nueva Alternativa llevó a cabo en Mar del Plata, en el hotel Provincial, y consideró que “el aumento de las tarifas tal y como está concebido es irracional”.

“Una tarifa es razonable cuando el que la tiene que pagar la puede pagar”, aseguró el diputado y afirmó que el espacio político que él representa tiene la “vocación de defender el desarrollo social”.

Por otra parte, Massa criticó que “de las 610 mil empresas, 600 mil son PyME y el gobierno mira solo a las grandes” y sostuvo que “detrás de cada pyme hay sueños proyectos y esperanzas”. Asimismo, afirmó que “es importante discutir ya y ahora el impuesto a las ganancias para trabajadores y autónomos”

Renglón seguido, el ex candidato a presidente afirmó: “Asumimos el compromiso de representar la voz de los que sienten que se quedan afuera” y exclamó: “Ni ajuste ni corrupción. Desarrollo social y económico”.

En un documento se explicitaron los 20 puntos “identitarios” del Frente Renovador, plantean, bajo una matriz opositora, que son “garantes de la gobernabilidad” aunque con propuestas propias, entre las que se destaca el fortalecimiento del mercado interno como pilar fundamental.

Se describen cómo una “oposición constructiva” que puede estar “a favor o en contra de una medida de gobierno”, pero si se manifiestan en contra propondrán “caminos alternativos para acercar posiciones y encontrar la mejor solución”

El Frente Renovador se plantea como un “partido moderno, republicano y plural”; con un “compromiso irrenunciable” con sus votantes, que se trata de “gente que no está pensando en cómo llegar a las elecciones”, explicitando así la intención de posponer el debate electoral por algún tiempo.

Cerrar la grieta, para Massa y sus aliados, significa “abandonar las posiciones extremas que impiden el diálogo y la búsqueda de consensos”: “no queremos corrupción ni ajuste”, sentencian, como concepto clave que los define como “oposición”, tanto al gobierno de Macri como al kirchnerismo -al tomar dos de los principales conceptos negativos con los que se referencian esas fuerzas políticas.

La tácita recomendación a la administración de Mauricio Macri para que deje de referirse a la “pesada herencia” del gobierno kirchnerista se encuentra en el punto que sostiene que “la responsabilidad de un gobierno es encontrar soluciones mirando hacia el futuro: todos los gobiernos, desde la vuelta de la democracia, heredaron situaciones difíciles”.

“Todos debemos hacer un esfuerzo para salir de la crisis que dejó el gobierno anterior, pero el esfuerzo más grande lo tienen que hacer los que más pueden, no los laburantes”, plantean, al cuestionar entre líneas algunas de las medidas del gobierno, algo que se hace evidente cuando afirman que “las medidas para beneficiar a las grandes empresas llegaron mucho más rápido que las medidas para proteger a los que trabajan y los que menos tienen”

Es que la “prioridad” del Frente Renovador es “expandir el mercado interno (la “única forma de reactivar la economía”), desarrollar la industria nacional, proteger los puestos de trabajo y defender el salario”.

En el documento, que va en consonancia con declaraciones de los principales dirigentes del FR en los últimos meses, se cuestionan varias medidas del gobierno, y sostienen que “el Estado tiene que estar presente, regulando la relación de fuerzas, cuidando el trabajo y el bolsillo”, porque “no hay que achicar el Estado para agrandar el mercado, hay que mejorarlo”.

Uno de los puntos más duros en contra del gobierno sostiene que “si se mantiene el actual rumbo económico, las inversiones van a llegar cuando las empresas argentinas estén de remate”; además de la sugerencia de que “no se pueden tomar medidas improvisadas desde una planilla de Excel sin considerar que detrás de cada número hay una familia preocupada por llegar a fin de mes y conservar el empleo”.

El Congreso comenzó ayer con la presencia de varios dirigentes del Frente Renovador, que escucharon una carta leída por Sergio Massa y José Manuel de la Sota que hizo énfasis en una especie de tercera posición con matriz peronista de la alianza entre el tigrense y el cordobés; una que “desconfía de los fanáticos del mercado y los fanáticos del Estado”.

“Si hoy estamos acá, es porque estamos convencidos de la necesidad de construir una alternativa una alternativa social cristiana, moderna y reformista, para lograr la Justicia Social, el Desarrollo Económico y la Soberanía Política”, se leyó de la carta.

Durante la jornada de ayer se realizaron diversos paneles en donde se abordaron temas económicos, sociales y políticos -sobre este último tema, e hizo hincapié en cómo ser una “oposición constructiva”-; del que participaron varios dirigentes como los legisladores provinciales Jorge D’Onofrio y Jorge Sarghini; y los nacionales, Graciela Camaño, Facundo Moyano, Mirta Tundis, entre otros-

LA EX MONTONERA PATRICIA BULLRICH RECURRIRA A LA JUSTICIA POR EL INCIDENTE CON MACRI EN MAR DELPLATA

La ex militante de la organizacion terrorista Montoneros, durante la decada del 70 y actual ministra Patricia Bullrich culpó a sectores que no aceptan la democracia. Y dijo que la custodia actuó "impecablemente". Ayer el fiscal local Juan Pablo Lódola inició una causa de oficio para determinar responsabilidades sobre lo acontecido.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, evaluó ayer que la agresión al presidente Mauricio Macri en Mar del Plata provino de sectores políticos que no aceptan que “la alternancia es buena” y que “ha ganado un frente como Cambiemos que merece gobernar en paz”.
“El Presidente está muy bien y la custodia actuó impecablemente”, señaló Bullrich y anticipó que si un fiscal no actúa de oficio frente a la agresión, el Ministerio hará una presentación ante la justicia para que se investigue el episodio. Fuentes judiciales dieron cuenta  que el fiscal Juan Pablo Lódola inició una causa de oficio para determinar responsabilidades sobre lo sucedido en el barrio Belisario Roldán.
“Nosotros consideramos que hay una situación de fuerte agresión a nuestro gobierno, todavía algunos sectores políticos no aceptan que la alternancia es buena y que ha ganado un frente como Cambiemos que merece gobernar en paz, como nosotros queremos, sin agresiones ni violencia ni este permanente intento de agredir al Presidente”.
“Queremos una sociedad en paz, no queremos agresiones. El que tenga algo que decir tiene foros, asambleas o el Parlamento, pero una piedra no es el lenguaje político que vamos a tolerar”, advirtió la ministra.
“La pregunta es por qué se agrede a un presidente, puede pedir una entrevista con el ministro o con el Presidente, pero aquí se mostró una agresión en el medio de un barrio. Había gente que estaba esperando al Presidente, tampoco podemos aislar al Presidente de la sociedad porque eso es lo que se busca”, agregó.
Al momento de las preguntas, se requirió a Bullrich si identificaba a sectores del Frente para la Victoria en la agresión y dijo que “el Frente para la Victoria tiene muchos actores y muchos están trabajando con el gobierno y otros que tienen una actitud hostil”.
“Hay un sector político que tiene que reacomodarse en la democracia y en la oposición: que el presidente es Mauricio Macri, todos en la sociedad tenemos que ayudar a esto”, dijo.