La presidente Cristina Kirchner encabezó ayer un acto en la Casa Rosada para anunciar el lanzamiento del plan de viviendas "Vivir más cerca", que con una inversión de 27.000 millones de pesos servirá para la construcción de 105 mil propiedades a la largo del país y apunta a generar más de 100.000 puestos de trabajo. La ocasión sirvió además para un enérgico discurso en el que volvió a apuntar contra los holdouts y anunció que por primera vez se aplicará la Ley Antiterrorista.
La mandataria comentó las declaraciones que ayer hizo Mark Brodsky, titular del fondo Aurelius, en las que dio por cerrada una negociación con privados por la deuda impaga y advirtió que "lo peor está por venir". Y recordó que Brodsky afirmó que "ninguna propuesta fue remotamente aceptable, no hay perspectivas realistas de una solución privada".
Entonces aprovechó para elevar una crítica al presidente de la UIA, Héctor Méndez, quien había cuestionado la negociación que llevó adelante el Gobierno. han intervenido otros. Lo hizo al recordar las palabras que usó el dirigente, pero optó por no nombrarlo. "No quieren arreglar. No solo por avaricia y codicia, sino también por una decisión política de querer tirar abajo la reestructuración y endeudar a la Argentina", afirmó.
La Presidente se mostró sorprendida por el "tupé" del titular de Aurelius de "amenazar a todo un país" Además se preguntó "cómo puede haber argentinos que defiendan a esta gente".
Donnelley y el debut de una ley polémica
La mención de este caso sirvió como puntapié para que se refiera a la inesperada quiebra de la imprenta Donnelley, que afectó al fuente laboral de 400 personas. Es que la jefa de Estado asoció esa empresa con NML, de Paul Singer. Según dijo, una investigación de la AFIP determinó que el 70% de la firma está en manos de Blackrock, un fondo vinculado con Singer. "Como verán todo hace juego con todo, todo un entramado casi mafioso internacional", apuntó.
"Cuando comenzamos a indagar la situación patrimonial de la empresa era buena. No tenía deudas y sin embargo pide la quiebra. La pidió el viernes 8 de agosto en el juzgado comercial N°19, secretaría 37, a cargo Gerardo Santicchia", indicó. Ante la sorpresa de algunos de los presentes por los datos que reveló, se defendió al sostener que era información pública.
Cristina resaltó que el auto de quiebra fue concedido el 11. "Una quiebra exprés", evaluó. "Tenemos Griesas que superan las marcas de Griesa", agregó en relación al juez de los EEUU que falló a favor de los holdouts en Nueva York.
Luego brindó datos referidos a la situación impositiva de la compañía que juzgó satisfactorios. También hizo hincapié en una nota que la multinacional presentó ante la SEC y a un llamativo cambi de directorio reciente. A su parecer, fue un "acto preparatorio".
"No tienen problema en tirar 27 millones para crear una situación de zozobra con tal de ver a un gobierno de rodillas", señaló.
Ante esa situación, la gobernante anunció que el Gobierno ha "presentado la denuncia poralteración al orden económico y financiero" y que por primera vez se aplicará la Ley Antiterrorista, una norma que recibió cuestionamientos incluso desde el seno del oficialismo. "Estamos ante un verdadero caso de un manejo fraudulento e intento de atemorizar a la población", argumentó.
Empresarios y abastecimiento
La Presidente se pronunció, además, a la controversia que generó el paquete de leyes que promueve el Ejecutivo para consumidores con regulaciones al abastecimiento y otros aspectos vinculados a los usuarios.
Ante el rechazo generalizado que manifestaron las cámaras empresariales, prometió que "van a tener espacio" en lso debates en las cámaras del Congreso para "discutir y modificar" el proyecto. "No hay ningún bando que busque imponer", aseguró.
De todos modos, defendió la iniciativa al sostener que "los consumidores tienen que tener protección". Y añadió: "No queremos fundir a ningún empresario, lo que queemos es que los empresarios no nos fundan a los argentinos".
