Por José Luis Jacobo (*)

Una semana con demasiado mal gusto. Adrián Alveolite mancilló el buen nombre y honor de un
 vecino de la ciudad, Eduardo Parodi, asesinado a cuchilladas por criminales que lo asaltaron con
 fines de robo. Además, colocado por el intendente Pulti en el rol de súper secretario de Seguridad,
 asume posiciones impropias de un funcionario municipal y actúa de manera impropia avasallando
 el estado de derecho; por esta cuestión hay ya en ciernes una queja formal elevada al fiscal general.
 El fiscal Marcelo Blanco emitió una resolución indicando cierta y precisamente a los funcionarios
policiales, en particular a la Federal, cómo actuar ante investigaciones en materia de tráfico de
 drogas. Luego de que Blanco se expresara en la 99.9, de distintas fiscalías se acercaron a 
señalar que tenían quejas por el modo de accionar de la comuna, tomando para sí acciones que
 son propias del servicio de justicia.
Pero volviendo al caso Parodi, según reveló el dirigente del gremio del volante Donato Cirone,
 Alveolite se hizo presente en casa de la familia Parodi para dar explicaciones y pedir perdón
 por su conducta. ¿Alcanza? No creo; estamos en un sistema que a diario privilegia al criminal
 por sobre la persona de bien. No se pueden dar los nombres de los menores; no se puede dar 
el nombre de los criminales porque es “revictimizarlos”. Pero se puede dar el nombre, el domicilio
 de las víctimas, y si es posible, también se puede sembrar dudas sobre las acciones y la historia de
 las víctimas, para cambiar la dinámica de los títulos en los medios, y en vez de resultar un titular 
sobre “inseguridad”, que el resultado sea un “ajuste de cuentas”. Porque entonces no hay que 
hacer nada: es una asunto de privados.
Hay, en la historia del asesinato de Parodi, un sin número de interrogantes. Para empezar, ¿quién
 le dio a Alveolite un “prontuario” para tirarle encima al occiso? Todo apunta a la policía. Es un
 secreto a voces que hay un acuerdo entre el jefe departamental Rodolfo Tomás Romano y
 el intendente Pulti de que, ante un hecho de sangre cuya repercusión social y mediática sea
 fuerte, el Ejecutivo comunal esté cuando menos notificado en tiempo y forma junto con la
 fiscalía actuante. Dicho acuerdo cuenta con el aval del fiscal general Fabián Uriel Fernández
 Garello, quien obviamente actúa de consuno en todo con Pulti: pone techo a la investigación
 por los carnets irregulares, participa de reuniones con Alveolite, sometido a proceso penal y
 con dos causas en desarrollo, lo cual se traduce en un mensaje político claro a las fuerzas
 de seguridad sobre cómo proceder.
En tanto, la ordalía de violencia sigue derramando sobre la sociedad de manera infausta.
 No hay política de seguridad real. El 911 sigue siendo un galimatías para el ciudadano de
 a pie. Sobran testimonios que revelan la inacción por falta de coordinación y uso cierto y
 serio de los efectivos disponibles. Inmediatamente después de que Donato Cirone revelara
 en la 99.9 que Parodi era un trabajador ejemplar y sin mácula alguna, la red de medios
 pagados con dinero del contribuyente jugó a ocultar el tema. Creen que dominando
 el relato pueden dibujar la realidad. Sólo eso parece importar.
(*) Director de Noticias y Protagonistas