El Fiscal Facundo Gómez Urso elevó a juicio oral y público la causa que involucra a los dirigentes de la construcción César y Jorge Trujillo, por supuestos actos de corrupción en la construcción de un Plan de Viviendas en la ciudad de Miramar a cargo de la UOCRA. La acción correría también para los profesionales del Instituto Provincial de la Vivienda implicados en las posibles irregularidades. El Juez de Garantías, Saúl Errandonea, deberá resolver el pedido dentro de los próximos días. Hubo satisfacción entre los vecinos de ese barrio. El Dr. Julio Razona, representante legal de las familias damnificadas, dijo este lunes a 0223.com.ar que “sobre la decisión del Fiscal debe expedirse el Juez de Garantías Saúl Errandonea; medida que puede ser apelada por cualquiera de las dos partes, ya sea por los mismos imputados y sus defensores, como el Ministerio Público, o los particulares damnificados”. “Esto se tiene que resolver en breve término, por lo que estamos a la expectativa de que haya novedades la semana próxima”, afirmó. En relación con los imputados, el Dr. Razona enumeró que entre ellos se encuentran “los hermanos César y Jorge Trujillo Trujillo, como titulares de la filial local de la UOCRA, aunque en realidad nunca estuvieron habilitados por la UOCRA central, además de profesionales del Instituto Provincial de la Vivienda y otros arquitectos que intervinieron en la construcción, como Vicente del Hoyo, María Marta Alconada, José Alosi, Mario Aued, Ricardo Hemel, Norberto Lemmi, y Ricardo Gómez”. “Todos ellos fueron indagados por la construcción de las 44 viviendas y si bien no tomamos conocimiento de los fundamentos por los cuáles el Fiscal elevó la causa a juicio, sí sabemos que la conducta delictiva que se les imputa es la defraudación a los propietarios de las viviendas por el pésimo estado en el que fueron entregados y por la sobrevaloración del precio de las mismas ya que hay una diferencia de casi 400 mil dólares”, amplió. Respecto a los resultados de la pericia que realizaron semanas atrás Ingenieros y Arquitectos en la Asesoría Pericial de La Plata y Peritos de Parte en las cuestionadas viviendas, el letrado dijo que “ya fueron elevados a la Fiscalía” y manifestó que “calculamos que en base a estos informes y otros que están agregados en base a pruebas testimoniales y documentales, el Fiscal pidió elevar esta causa a juicio”. “No se necesita ser perito para darse cuenta inmediatamente de los defectos de construcción. Por más esmero que se ponga en tratar de no dejarlos en evidencia, son enormes, y la dificultades que tuvieron las familias damnificadas fueron muy grandes, tal es así que todas debieron reformar las viviendas para que sean habitables”, añadió. Por último, reprochó que “las demoras que ha habido en la causa son inexplicables. Este Plan de Viviendas se inició por una resolución de 1991 y la investigación por administración fraudulenta y fraude a la administración pública lleva 11 años, la comenzó mi padre y continuó hasta la fecha, y recién se está cumpliendo con una de las primeras etapas; en medio de un montón de dilaciones, con apelaciones al Tribunal de Casación y con grandes dificultades para que se lleve a cabo en los términos que establece el Código de Procedimientos Penal”. “De por sí la justicia es un poco más que lenta en estos casos. Los adjudicatarios de estas viviendas es gente humilde, muy pobre, y tenemos que ratificar que ser pobre es un impedimento para tener una justicia rápida”, sentenció el letrado. Según figura en la causa, el 21 de abril de 1993, integrantes de la Comisión Ejecutiva de la UOCRA concertaron con funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda la financiación de un complejo habitacional en la ciudad de Miramar, rubricándose un convenio en el que se fijaba que la obra quedaría finalizada el 27 de julio de 1997. Se trataba de 44 unidades en el barrio UOCRA, que forman parte de los programas Bonaerenses II y VI -Solidaridad-, ubicándose en la calle 41, entre 36 y 38. La entrega real de las viviendas se realizó el 17 de julio de ese año. Los adjudicatarios que fueron a la postre los demandantes recibieron de acuerdo a lo que se destaca en el expediente “unidades habitacionales sin terminar, construidas con materiales de inferior calidad a la propuesta”, entre otras anormalidades. Para concretar los trabajos se habrían recibido 677.342 pesos. En su momento, la ex fiscal Kluka sostuvo que “obtuvieron un lucro indebido, ya que el valor global de las viviendas es de 196.787, 80 pesos”. En la actualidad, César Trujillo preside la Asociación Civil Trabajar. La señalada entidad está a cargo de la administración de la construcción de las viviendas del millonario Plan Dignidad en Mar del Plata.
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Fuente: www.0223.com.ar
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