RAUL ALFONSIN EL 30 DE OCTUBRE DE 1983 ERA ELECTO PRESIDENTE Y VOLVIA LA DEMOCRACIA A LA ARGENTINA

Tras la guerra de Malvinas, luego de ocho años de interrupción democrática, se reiniciaba el camino de la normalización institucional. El “Proceso militar”, había hecho bien los “deberes”. Logró trastocar las estructuras básicas de una economía asentada en la industria y la producción por una economía que privilegiaba la “valorización financiera” y la apertura de mercados.
La vuelta a la democracia, inspiraba un aire de renovada esperanza para el pueblo argentino. Raúl Alfonsín, en las elecciones del 30 de octubre de 1983, se convertiría en el primer radical en derrotar a un justicialista al vencer a Italo Argentino Luder.
Otro acontecimiento produciría un antecedente nuevo. La U.C.R. obtenía la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que permitía un cierto margen de gobernabilidad.
Pero el P.J. había obtenido un fuerte triunfo en las regiones del interior del país, donde las UCR solo lograba el triunfo en siete de las veintitrés provincias. La consecuencia inmediata sería un Senado con mayoría justicialista.
Alfonsín encaró su campaña con promesas de recomponer las relaciones de la sociedad y anunció un fuerte recorte en los gastos militares. Además, propuso un reordenamiento en los sindicatos y denunció un supuesto pacto militar-sindical.
El electorado se vio tentado con las promesas de garantía institucional donde la libertad, la paz, el respeto por los derechos humanos y la democracia serían finalmente el reaseguro de un progreso en todos los niveles.
El gobierno de Alfonsín, en el nivel económico, se desarrollo en un contexto en el que el modelo se Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) (1930-1976) ya había prácticamente desaparecido. La industria nacional se hallaba herida de muerte, con sectores enteros quebrados y prácticamente desaparecidos, producto de la doble acción de la especulación financiera y de la competencia de productos importados.
A las empresas multinacionales presentes en el país desde comienzos de la década del 60, a la presencia de los sectores agroexportadores pampeanos y al creciente poder del sector financiero se le sumó la aparición de grupos económicos locales que crecieron al calor de su condición de proveedores del Estado y rápidamente se diversificaron hacia numerosas actividades (la denominada “oligarquía diversificada”). Estos sectores van a aparecer como preponderantes para la decisiones de la política económica de la década de 1980.
A partir de 1982, el problema de la deuda externa se transformó en uno de los ejes centrales para entender los límites de acción de los gobiernos. Un término, el “ajuste”, se convirtió en el eje para definir los distintos programas económicos que se presentaron.
A partir de mediados de 1984 se entendió que no era posible retomar el sendero del crecimiento basado en la industria y el mercado interno que había dominado los cincuenta años anteriores. Desde ese momento, y ante lo indomable de la inflación, por un lado, y, por otro, la imposibilidad del Estado de hacer frente tanto al pago de los vencimientos de la deuda externa como a los contratos leoninos de sus proveedores, se impusieron las políticas de ajuste, también conocidas como “planes de estabilización”.
El mecanismo del lanzamiento de un plan de estabilización funcionaba de la siguiente forma:
a) El gobierno elaboraba un “programa” que buscaba frenar la inflación, aumentar las exportaciones, reducir el déficit fiscal y asegurar el cumplimiento de los compromisos externos.
b) El programa era aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras lo cual éste prestaba, una cantidad de dinero (conocido como préstamos stand-by), pero ello era, a su vez, una señal para que el conjunto de los bancos refinanciaran la deuda externa argentina.
Normalmente estos programas de los cuales los dos más importantes en la década de 1980 fueron los denominados “Plan Austral” (1985) y “Plan Primavera” (1987), funcionaban durante un breve periodo de tiempo, mientras tanto se reducía la inflación y se obtenía, durante ese corto periodo, la “confianza” de organismos y bancos internacionales.
En 1989, la serie de planes fracasados, la deuda externa en ascenso y la presión de los contratos con proveedores a los que tenía que hacer frente el Estado llevaron a una situación de quiebre. Esto se tradujo en aumento de los niveles de precios a valores siderales, fenómeno que fue conocido como la “hiperinflación”. Se vivió un momento en que los precios aumentaban por hora y el dinero había dejado de ser aceptado como medio de pago normal.
En el nivel Político, el gobierno de Raúl Alfonsín se vio signado por tres hechos fundamentales relacionados con el problema militar.
1) El juicio a los ex comandantes.-
2) La política de derechos humanos.-
3) El problema militar propiamente dicho, en cuanto que el gobierno tuvo que enfrentar varios levantamientos militares.-
El fracaso del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, el terrorismo de Estado y la derrota de Malvinas habían producido una profunda fractura entre sociedad y Fuerzas Armadas.
Era clave solucionar esta oposición civil-militar para Alfonsín. Por lo que se propuso, por una lado, eliminar el cargo de Comandante en Jefe de cualquiera de las armas. La jerarquía militar finalizaría en el cargo de Jefe de Estado Mayor y el comandante en Jefe sería el Presidente de la República, tal cual la Constitución ordena. Por otro lado, la idea era rechazar toda “autoamnistía” que propusieran los sectores militares pero, a su vez reconocer algunas cuestiones referidas a las distintas responsabilidades entre los represores. Y por último se proponía reducir el presupuesto militar dentro del marco institucional.
Al comienzo de su mandato, Alfonsín, dictó dos decretos. Los mismos, estaban referidos a la necesidad de perseguir penalmente tanto a los jefes Montoneros y del E.R.P., como a los ex comandantes que integraron las Juntas Militares durante el “Proceso” (basada en la teoría de “los dos demonios”). También inicia la reestructuración del Ministerio de defensa, con el objetivo de que pudiera servir al gobierno democrático como instrumento de control del sector militar.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), convocada por Alfonsín y cuya presidencia se otorgó a Ernesto Sábato, comenzó a realizar investigaciones relacionadas con al desaparición de personas y a recibir todas las denuncias, pruebas, etc., para luego llevarlas a la Justicia. El informe, que fue conocido con el nombre “Nunca Más”, fue entregado al presidente en 1984 y estimaba el número de víctimas de la dictadura en 8.960, aunque Amnistía Internacional, daba un número mayor, 16.000. Sin embargo, Madres de Plaza de Mayo reclamaban y siguen reclamando por 30.000 desaparecidos.
En al año 1985 comenzó el juicio a los ex integrantes de la juntas militares. Si bien el hecho marcó un precedente histórico para el país y para toda América Latina, pues en la mayoría de los casos en que hubo golpes de estado los crímenes siempre quedaron impunes, la impresión de algunos sectores fue que las penas eran insuficientes y muchos de los acusados de menor rango, había quedados absueltos. Lo cierto es que los Tenientes Generales y los ex Presidentes de Facto Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, el Brigadier General Orlando Ramón Agosti y los Almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini fueron acusados y sentenciados por los delitos de homicidio, privación ilegítima do la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos. También fueron sentenciados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, el Brigadier General Basilio Lamí Dozo y el Almirante Jorge Isaac Anaya (absuelto por la justicia civil).
Finalmente, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley que se conocería como “Punto Final” y que fuera aprobado el 23 de diciembre de 1986. Según esta ley quedaba extinguida toda acción penal contra civiles y/o militares que no hubieran sido imputados por delitos cometidos en las operaciones antisubversivas dentro de un determinado plazo (hasta el 23/10/87). La Ley de “Punto Final” produjo un profundo rechazo y malestar en importantes sectores de la sociedad civil, pero también en los sectores militares.
Pero una acontecimiento iba a marcar los días del período alfonsinista: el 16 de abril de 1987, un grupo de militares que se conocerían luego como “los carapintadas”, guiados por el Teniente Coronel Aldo Rico, se amotinó en el edificio de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, con la excusa de resistir a una citación del Mayor Ernesto Barreiro a presentarse ante la Justicia. Los amotinados solicitaban el cese de lo que ellos llamaban “campaña de agresión contra las Fuerzas Armadas” y un aumento en el presupuesto de sus respectivas armas entre otras cosas. Mientras tanto, en todo el país, la gente se concentraba en calle, plazas y municipios para expresar el repudio a la actitud e los “carapintadas” y su apoyo al gobierno constitucional.
Para que Rico depusiera su actitud, Alfonísn debió ceder. Si bien esto no fue lo que manifestó ante el pueblo reunido en Plaza de Mayo, en el sentido común de la mayoría quedó que el “felices pascuas, la casa está en orden” fue una de las más impactantes claudicaciones de la democracia y marcó el comienzo de la desmovilización popular que seguiría en los noventa.
Luego de los acontecimientos de “Semana Santa”, se produjo la sustitución del General Héctor Ríos Ereñú como Jefe del Estado Mayor por el General José Dante Caridi. Pocos días después Alfonsín envió al Congreso el proyecto de Ley de “Obediencia Debida” (promulgada el 8/6/87) que sólo admitía el procesamiento de quienes se desempeñaban por encima del rango de Brigadier. Con esto se dejaba en libertad a torturadores y violadores con la supuesta idea que “solo habían recibido ordenes”. La única excepción fue la apropiación ilegal de recién nacidos y las sustitución de identidades.
Las Leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” fueron vistas por la sociedad como un inequívoco signo de debilidad del gobierno constitucional frente a la presiones ejercidas por el “partido militar”.
En enero de 1988, Aldo Rico volvió a sublevarse, este vez en Monte Caseros, provincia de Corrientes, en reclamo por su prolongada detención. En esta ocasión fuerzas “leales” al gobierno democrático se dispusieron a reprimir la acción, en un enfrentamiento que solo se había visto en la refriega entre “azules” y “colorados” en 1962. En junio de 1988, el coronel Mohamed Seineldin fue el cabecilla de un nuevo alzamiento en Villa Martelli (Bs. As.). La rebelión pugnaba por restaurar el honor y la dignidad de la institución militar y de sus integrantes, reivindicar la “guerra contra la subversión” y tratar de lograr una amnistía. La rebelión, iniciada por Seineldín, fue rápidamente dominada.
Otras de la cuestiones que impulsó el gobierno de Alfonsín, fue lo referente a Política Exterior, tratando de recomponer relaciones abandonadas por los gobiernos dictatoriales. Fue el canciller Dante Caputo el encargado de esa vital tarea. Primero se resolvió el conflicto con Chile, por la demarcación de fronteras en el Canal de Beagle , el cual casi había llevado a una guerra en 1978. Con mediación del Vaticano, Argentina y Chile suscribieron primero una declaración de paz y luego un acuerdo sobre el canal, que fue ratificado por la sociedad argentina en una consulta popular convocada a tal efecto.
En cuanto a las relaciones con Gran Bretaña por el asunto “Malvinas”, la gestión de Caputo solo logró reanudar el dialogo bilateral pero sin tocar el tema de fondo, que era el de la soberanía con respecto a las islas del sur.
Siguiendo en lo narrado sobre relaciones diplomáticas, durante el gobierno de Alfonsín, se comenzó a tratar lo relativo a la integración regional con Brasil y Uruguay. Para esto, se firmó un Tratado en 1988, que sería el comienzo de lo que más tarde se conocería como MERCOSUR. En el mismo, los países firmantes, se comprometían a crear un espacio común, mediante la eliminación de barreras arancelarias y la articulación de políticas comerciales integradoras, en un lapso no menor de diez años.
En el aspecto cultural, los ´80 mostraron un espíritu de cambio en general. Con la vuelta a la democracia, poco a poco, las diferentes expresiones artísticas y sus creadores que habían estado censurados o exiliados, pudieron plasmar sus ideas libremente e intentar reconstruir el patrimonio cultural argentino. La gente estaba ávida por leer, ver y escuchar. Y los creadores (cineastas, músicos, escritores) ávidos de mostrar y cantar verdades antes acalladas.
El cine argentino fue una muestra de lo ocurrido. La vuelta de la democracia supuso un cine más comprometido y se pudieron observar importantes producciones que con el correr del tiempo se volvieron “clásicas” del cine nacional (Ejemplo: “Camila” de María Luisa Bemberg, “La Historia Oficial”, etc.) Durante el gobierno de Alfonsín, los principales organismos relacionados con la cultura fueron ocupados por figuras y personalidades relacionadas con ese campo, como por ejemplo el actor Luis Brandoni en la asesoría presidencial en temas de cultura; el escritor Pacho O`Donnell, como secretario de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, Carlos Gorostiza en la Secretaria de Cultura de La Nación, Miguel Ángel Merellano en A.T.C.
En el año 1986, Alfonsín anunció un ambicioso plan para fundar lo que denominó “La Segunda República”. El proyecto incluía una serie de reformas administrativas, el traslado de la capital a Viedma y Carmen de Patagones en el límite de la provincia de Bs.As. y Río Negro, la inclusión de la figura de un primer ministro y la posibilidad de un segundo mandato presidencial. La opinión pública rechazó la idea y la consideró como evasiva de la realidad y del grave problema económico en el que debatía el país, y sobre todo de la creciente inflación.
Volviendo al Nivel Económico, en 1987 el “plan Austral” estaba prácticamente terminado y se anunció un paquete de medidas, con la aprobación del FMI, que supuestamente traería solución a los problemas económicos del país. Nada fue así. La aplicación de las recetas del FMI, provocaron una gran disminución en el poder adquisitivo de los sectores más desprotegidos de la sociedad. También se le sumó la tibia respuesta al problema militar y la imposibilidad a hacer frente a los problemas sindicales. Todo esto, influyó en la respuesta electoral de septiembre de 1987. El Partido Justicialista se impuso en la elecciones para diputados obteniendo el 41.5 % de los sufragios frente al 37,3% de la UCR y en cuanto a las elecciones provinciales, los radicales sólo mantuvieron las gobernaciones de Córdoba y Río Negro y el gobierno de la Capital Federal. El proceso de depuración interna que se dio en el seno del partido justicialista, conocido como “Renovación Peronista” y liderada por Antonio Cafiero y Manuel de la Sota, comenzaba a dar sus frutos.
El gobierno intentó, en un último esfuerzo, replantear su política económica. En agosto de 1988 se lanzó el denominado “plan primavera”. El mismo, estaba centrado, una vez más, en contener el ascenso inflacionario a través del control de precios, de las tarifas públicas y el congelamiento de los salarios estatales. Además, incluía un control de cambio y precios, y la negociación con el movimiento obrero, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio.
Pero el año 1989 sería aún más adverso para el gobierno de Alfonsín. La falta de provisión eléctrica agudizó más los problemas. Además, el copamiento al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada llevado a cabo por miembros del Movimiento “Todos por la Patria” y su recuperación (encargada a la policía y al Ejército) generó un saldo de 39 muertos y explicaciones turbias y oscuridad respecto de los móviles y conexiones de la acción ultraizquierdista (como la denominó el gobierno) y también sobre la forma en que fue resuelta la cuestión.
Otro de los problemas fue el alza incontrolada de las tasas de interés, el agotamiento de las reservas del Banco Central para intentar mantener el valor de un austral que se depreciaba cada vez más frente al dólar.
Por último, un golpe de mercado producido por los principales grupos económicos al retirar depósitos de los bancos y retener divisas producidas por las exportaciones puso al gobierno ante una situación inmanejable. Hiperinflación, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, remarcación de precios a cada hora, compra compulsiva de dólares por parte de los especuladores, etc.
En este clima, se realizó la campaña para las elecciones presidenciales de 14 de mayo de 1989 . El triunfo correspondió a Carlos Saúl Menem con el 47% de los votos, candidato del PJ, que se impuso a Eduardo Angeloz de la U.C.R.
La presidencia de Raúl Alfonsín había despertado grandes esperanzas en el pueblo argentino. Se había restaurado y abierto la puerta a la consolidación de la democracia en el país y roto con el aislamiento internacional, pero no había podido lograr un crecimiento positivo, la deuda externa había crecido y los salarios decrecido enormemente.
El gobierno se caía de a pedazos, en medio de saqueos a supermercados, la situación social se tornaba insostenible para Alfonsín. Jesús Rodríguez reemplazó a Juan Sourrouille como Ministro de Economía. El 30 de mayo se decretó el estado de sitio y se adoptaron medidas económicas de emergencia. Comenzaba a sonar la palabra ingobernabilidad. Alfonsín se retiró antes del gobierno, sin haber podido cumplir su promesa de recuperación del orden. Menem llegaba con una postura optimista proponiendo síganme, revolución productiva y salariazo, en una Argentina con recesión del 6% de P.B.I., una deuda externa de 63.000 millones de dólares y una hiperinflación cercana al 5000% anual.
A pesar de todo, por primera vez en mucho tiempo, un gobierno civil y elegido constitucionalmente era sucedido por otro de igual condición