Mediante un comunicado de prensa, las empresas nucleadas en la Asociación Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (AMETAP) instaron este sábado al gobierno municipal a “trabajar con responsabilidad y apego en el marco de las disposiciones vigentes que regulan la relación entre dicha Autoridad de Aplicación y las empresas concesionarias del servicio público de transporte. En un comunicado de prensa, AMETAP indicó que “luego de muchos años de precariedad, finalmente el transporte público de pasajeros de General Pueyrredon se ha normalizado a partir de un proceso licitatorio de caracter Nacional e internacional. Los adjudicatarios, hoy Concesionarios, cumplieron con todos los requisitos exigidos en los pliegos. A partir de la puesta en vigencia de los contratos han demostrado y demuestran, una fuerte vocacion de cumplimientos a las normativas emergentes de los contratos, evidenciando ademas una excelente predisposición a solicitudes y exigencias del Poder Concedente , que a menudo exceden el marco de las obligaciónes jurídicas que los vincula. Esta circunstancia ha quedado demostrada con las fuertes inversiones destinadas a modernizacion de material rodante, además de la aceptación de medidas de no incremento tarifario, etc”. A renglón seguido, se remarcó: “lamentablemente, como contrapartida en esta relación bilateral denunciamos la falta de respuesta en legal tiempo y forma de la Autoridad de Aplicación, respecto de las reiteradas reclamaciones acerca del desequilibrio de la ecuación ingreso-costo, consecuencia de costos crecientes, tarifas subnormales, subsidios insuficuentes, caída de la demanda, franquicias tarifarias que exceden el marco de lo racional, más, el fuerte incremento en el otorgamiento desmedidos de gratuidades a estudiantes y discapacitados; hechos estos, todos perfectamente demostrables. Dentro de este contexto de silencio de la Administración, en la problemática de fondo se vuelve a colocar a los Prestadores del servicio en el ojo de la tormenta, enfrentándolos con los estudiantes secundarios en su sonado reclamo de gratuidad”. A su vez, desde AMETAP se subrayó que “no desconocemos el derecho ciudadano de peticionar, pero, nos permitimos recordar que las peticiones deben formularse ante la Autoridad competente, la cual debe considerar y resolver la misma, en el marco de la legislación respectiva vigente. Dentro de ese marco, la Autoridad de Aplicación debe evaluar cuál es el estado de situación del contexto economico de transporte, de las franquicias tarifarias y gratuidades vigente y cual seria el impacto economico en la actividad el otorgamiento de nuevas gratuidades”. Además, los empresarios del transporte puntualizaron que “en la actualidad, en Mar del Plata, en un día normal, con condiciones climáticas normales y sin huelga de maestros el 28 % de los usuarios del transporte son escolares y estudiantes que gozan de franquicias y de gratuidad en sus tarifas. El 21% de los pasajeros de la ciudad gozan del beneficio de gratuidad y/o tarifas reducidas. La Autoridad de Aplicación ha ignorado que tanto en los servicios urbanos nacionales como provinciales, existen normas jurídicas que establecen que las tarifas de estudiantes secundarios tendrán un valor equivalente al 50 % del boleto correspondiente a la primera sección. Que además esta normativa es de aplicación en los Municipios de la Provincia que cuentan con transporte público urbano La gratuidad y las reducciones en el valor de las tarifas constituye una discriminación negativa por cuanto agravia a aquellos usuarios que, en la mayoría de los casos, con un nivel de ingresos bajo, con el precio que pagan por el boleto plano subvencionan gratuidades y tarifas reducidas. Recordar que en otras localidades se procede a la aplicación lisa y llana de la ley y que en todos los casos además de no existir la gratuidad, los costos del boleto secundario superan holgadamente al de General Pueyrredon. Para asegurar la sustentabilidad del sistema, garantizando calidad, eficiencia y seguridad en los servicios el Municipio, así como en un acto licitatorio, exige un determinado patrimonio mínimo, en el desenvolvimiento de la concesión debe proteccionar el patrimonio empresario mediante una estructura tarifaría que mantenga el equilibrio de la ecuación ingreso costo”. “La Autoridad de Aplicación debe velar por el cumplimento de las normas jurídicas que regulan la actividad; accionar en otra dirección constituyen actos demagógicos y de irresponsabilidad política”, finaliza el texto.
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