ZAFARRANCHO JUDICIAL EN MAR DEL PLATA

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Un tribunal absolvió a quien estaba detenido por el crimen del taxista Luis Severiens, ocurrido en 2008. El proceso había sido un desquicio, por lo que se abrirán investigaciones para los responsables de tales irregularidades.
La cita del título pertenece al juez Hugo Trogu, que se refirió así al juicio a Matías Rubén Arcidiácono, quien estaba acusado de robo con homicidio resultante. El hecho había sucedido el 1 de noviembre de 2008 a las 6:12, en la calle Magallanes ente 216 y 218 de esta ciudad. Luis Eduardo Severiens fue asaltado por dos personas que, mediante intimidación con golpes de puño y amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron la billetera con la recaudación. No conformes con eso, le dispararon dos proyectiles que impactaron en el cráneo, y causaron su muerte al día siguiente, en el Hospital Interzonal General de Agudos.El tribunal integrado por Hugo Trogu, Eduardo Oscar Alemano y Juan Manuel Sueyro absolvió al acusado: la causa ha quedado momentáneamente sin culpables ni castigo, y el impacto en la sociedad es el previsible. En declaraciones realizadas a la emisora 99.9, el juez reconoció lo difícil que fue la decisión, pero agregó: “somos esclavos del debido proceso”. Es decir que las serias deficiencias que los funcionarios policiales y judiciales habían permitido, fueron el elemento decisivo para que los magistrados perdieran tiempo y gastaran dinero en un procedimiento insostenible. “Todos somos potencialmente imputables de un delito grave”, dijo el juez, “y llegado ese momento, no querremos ser víctimas de un zafarrancho judicial”. Más allá de los fundamentos de la sentencia, es posible deducir que la situación de aquel día desbordó a más de uno, y dejó el escenario perfecto para que se cometieran errores imperdonables. La sociedad se había conmocionado por el homicidio inexplicable de un trabajador, más y más personas se habían movilizado pidiendo reforzar la seguridad urbana. Ese día se habían cometido tres homicidios, y todos correspondieron a un mismo agente fiscal, que tuvo en sus manos la instrucción preparatoria: Daniela Ledesma, para quien se pide hoy una investigación en razón del mal desempeño que mostró. El tribunal le reclama que no asumió la dirección de la policía en el momento del hecho, como debió haberlo hecho. Aunque la conmoción social era evidente, la delicada naturaleza de las pruebas de cargo y la situación de descontrol policial imperante en el lugar del hecho eran presagio de las graves dificultades probatorias que luego se verificarían.ManotazosSegún se expone a lo largo de la sentencia, la fiscal de instrucción tuvo en sus manos una gran responsabilidad, pero los agentes policiales cumplieron su parte, toda vez que, al decir del juez, sus deseos de figurar en los medios de comunicación masiva causaron que pusieran en riesgo las pruebas materiales. De hecho, dijo el tribunal que la cadena de custodia respecto de un arma de fuego calibre 32 secuestrada en la casa del imputado fue ejemplo de la desprolijidad ejercida por el comisario José María Acosta, de la comisaría 11, quien desembolsó frente a las cámaras de Crónica TV el arma, con el fin de exponerla mejor a la grabación de los periodistas. Aunque cueste creerlo, el funcionario sacó el revólver de una bolsa de plástico y la manipuló groseramente, operación en la cual puede haber alterado las huellas digitales existentes o bien agregado nuevas. Los vicios de procedimiento llegaron al punto de que la bolsa de plástico en cuestión fue la superficie sobre la cual se adhirió una etiqueta identificatoria, cuando es evidente que el adhesivo puede ser movido de allí numerosas veces sin dejar huella visible. Además, ni siquiera se colocó cerrando la boca de la bolsa, sino en uno de los laterales, con lo cual el arma pudo salir y entrar en el envoltorio todas las veces que los camarógrafos lo requirieran. El comisario Acosta colocaba las armas sobre el capot de un auto: un plano inclinado que facilitaba el deslizamiento, y cuando estaban cayendo las llevaba nuevamente con la mano a la posición inicial.Pero el arma no era la única prueba que apuntaba a Matías Arcidiácono, un personaje reconocido en el barrio por su peligrosidad, a quien todo el mundo criticaba pero nadie se atrevía a acusar: además, de ese arma había salido el proyectil que la policía secuestró en la puerta del taxi que Severiens conducía. Por otra parte, un testigo aseguró haber visto a Arcidiácono huyendo del lugar del crimen. Se trata de Román Antonio Neira, vecino de la zona, quien relató que aquella mañana regresaba en moto de Padre Cardiel y la costa, cuando tuvo ocasión de ver al acusado en un grupo de tres o cuatro personas que se alejaban por Magallanes. A pocos metros pudo ver el taxi, y a una persona herida en su interior. Precisó que ya había algunas personas presentes en el lugar, y que quiso auxiliar al herido, pero uno de los presentes -que dijo ser policía- impidió que lo moviera.Para los jueces, la declaración es a todas luces falsa, ya que consideran que Neira no pudo haber llegado tan rápido al lugar. El reloj de tarjeta que marcó su mujer al ingresar al trabajo precisa el horario, lo que demuestra que Neira debería haber recorrido 9 kilómetros en 10 minutos para llegar nuevamente al barrio cuando el asesino se encontraba aún en las inmediaciones. ¿Qué motivó entonces a Neira? El tribunal concluye que se trató de un intento de venganza pública: ponerse en el rol de justiciero, harto de presenciar hechos de violencia que todos los personajes delictivos de la zona protagonizaban sin ninguna consecuencia, y uno de ellos era Matías Arcidiácono. El carnicero de la zona, Héctor Oscar Jiménez, era quien en verdad había asegurado frente a terceros que vio al acusado en la escena del crimen, pero no lo sostuvo ante el tribunal. Sus dichos ya figuraban en una declaración policial que desconoció. Es posible que el miedo lo haya detenido, eso que el juez Alemano llama “cobardía cívica”, y que puso a Neira en posición de paladín. CarísimoPero la fiscal Ledesma no notó las irregularidades, ni la inconsistencia de las declaraciones. Tampoco el juez de Garantías Gabriel Bombini dijo que las pruebas alcanzadas no eran suficientes para dictar la prisión preventiva, o al menos que no estaban presentadas con los cuidados del caso. La presión social debe de haber podido más, y el entusiasmo por dar una respuesta en relación con un caso tan doloroso, también.Todo lo expuesto dejó a los pies del abogado defensor, César Sivo, los elementos necesarios para realizar un gol sin obstáculos. Había sido contratado para representar al imputado por la suma de $60.000, importe que su padre, Miguel Arcidiácono, empleado de Obras Sanitarias, habría pagado con un préstamo bancario. Los números no son muy consistentes, ya que el momento económico del país hace que los requisitos para acceder a un crédito por ese importe sean difícilmente alcanzados por un asalariado, pero en fin.La cuestión es que Sivo volvió a la palestra después de unos años de encierro, justo unos días antes de que recobrara la notoriedad mediática acostumbrada cuando Francisco De Narváez lo hiciera figurar en la lista de sus acusados de violación de secretos fiscales, por hacer públicos documentos con los que se lo acusa de evasión fiscal.Todas las inconsistencias del proceso fueron la materia de la que se nutrió Sivo para inflar los errores, aunque el juez le recomendó “humildad cristiana” para aceptar que todos cometemos errores. Dijo el abogado que fue la “maldad policial” la que hizo que su cliente apareciera de pronto como único imputado de un crimen que no había cometido. Aseguró que el arma había sido plantada, y que la bala del coche la habían puesto intencionalmente. Acusó en cambio a dos primos, César y Milton Luna, que al parecer habían sido denunciados por sus respectivas parejas del crimen del taxista, aunque esas líneas no habían sido oportunamente investigadas por la fiscal Ledesma. Con “incomprensible entusiasmo” -en palabras del juez-, el defensor se aferró a todos los errores para dar cuerpo a los argumentos descalificatorios de la actividad policial, y le salió perfecto. El acusado recobró la libertad, y él ganó una fortuna. La gente común, sin embargo, todavía trata de entender el zafarrancho judicial.