Veronica Smink
BBC Mundo, Argentina
El pacto que firmaron Timerman y Almagro definió "la letra chica" del acuerdo general anunciado en julio.
Los gobiernos de Argentina y Uruguay expresaron este lunes su satisfacción tras haber finalizado un acuerdo para resolver el prolongado diferendo que mantuvieron por la instalación por parte de Montevideo de una planta de celulosa supuestamente contaminante cerca de la frontera binacional.
En las últimas horas del domingo, los cancilleres de ambos países firmaron el acuerdo técnico que establece las pautas del monitoreo ambiental conjunto que realzarán en la fábrica UPM (ex Botnia) y el Río Uruguay, que comparten.
"Estoy muy contento con el acuerdo", señaló brevemente a la prensa el presidente uruguayo, José Mujica.
Por su parte, el ministro del Exterior de Argentina, Héctor Timerman, expresó a través de su cuenta en la red social Twitter -sitio que utiliza como principal medio de difusión- que "ambos gobiernos estamos muy satisfechos".
Según explicó un vocero de la Cancillería argentina a BBC Mundo, el pacto que suscribieron Timerman y su par uruguayo, Luis Almagro, definió "la letra chica" del acuerdo general que los dos países habían anunciado a fines de julio pasado para realizar el monitoreo ambiental conjunto.
El acuerdo alcanzado establece que un comité científico integrado por expertos de ambos países vigilará los niveles de contaminación en el Río Uruguay y dentro de la fábrica UPM.
Los técnicos podrán realizar hasta doce visitas al año a la planta de celulosa, donde medirán la temperatura y turbiedad de las agudas, además de la presencia de residuos.
En la fábrica se instalarán, además, algunos sensores de transmisión continua y permanente de información.
Vecinos divididos
La papelera al borde del río Uruguay desató un fuerte conflicto diplomático entre ambos países.
La construcción de la papelera, en 2007, supuso la mayor inversión individual en la historia de Uruguay, con un gasto estimado en US$1.800 millones.
Sin embargo, la instalación de la planta cerca de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, unida por el Río Uruguay a la ciudad argentina de Gualeguaychú, también causó el mayor conflicto diplomático en la historia reciente del país sudamericano.
Vecinos de Gualeguaychú, en la provincia argentina de Entre Ríos, se quejaron de que la fábrica contaminaba su territorio y protestaron cerrando el puente que une ambos países por más de tres años.
En tanto, el gobierno argentino denunció a Uruguay ante el Tribunal Internacional de La Haya, que en abril pasado dictaminó que no había suficiente evidencia para probar que la fábrica contamina.
Cerrar una etapa
A partir de allí, los gobiernos de Mujica y de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner acordaron relanzar la relación bilateral y formar una comisión conjunta para monitorear los trabajos de UPM.
Fuentes de ambos gobiernos coincidieron en que la finalización del pacto para realizar las tareas de control "cierra una etapa" en la relación bilateral.
"Logramos un plan que es muy positivo para ambas partes (…). Se terminaron las diferencias", dijo el canciller argentino.
"Ahora se abre la labor conjunta de los técnicos", señaló por su parte el prosecretario de la presidencia uruguaya, Diego Cánepa.
El convenio entre los vecinos se logró tras varios días de entredichos y roces entre ambas cancillerías por la falta de consenso.
El plan de monitoreo conjunto, que el comité binacional debía presentar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) el pasado 12 de noviembre, logró finalmente acordarse tras una reunión de más de nueve horas entre ambos cancilleres.
A pesar de la satisfacción oficial, algunos representantes de la Asamblea de Gualeguaychú, que concentra la protesta de los vecinos de esa localidad, criticaron la propuesta, por considerar que limita el control ambiental al establecer que serán 12 las inspecciones anuales en UPM.
No obstante, los asambleístas informaron que esperarán los resultados de las pruebas para determinar si retoman las movilizaciones y el bloqueo del puente.
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