La prospera empresaria y esposa del gobernador bonaerense, Karina Rabollini a principios del 2000 pidio un prestamo al Banco de la Provincia de Buenos Aires,el que no pago. A fines del 2007 la deuda ascendia a dos millones de dolares. La primera dama bonaerense al asumir como presidenta de la Fundacion del Banco de la Provincia de Buenos Aires,dijo haberla cancelado.Sin embargo fuentes allegadas a la entidad crediticia afirmaron que la deuda aun no fue paga.
El Banco Provincia, no solo fue una "caja feliz" para doña Karina, sino tambien para la sociedad rural.
Son 106 millones de dólares otorgados por el banco provincia para un emprendimiento que no se realizó.La justicia investiga qué pasó con un préstamo millonario para La Rural.
Se trata de uno de los mayores créditos concedidos a una persona privada para un proyecto faraónico, que resultó incobrable. El caso involucra a Domingo Cavallo, Francisco de Narváez, Eduardo Duhalde y a Carlos Menem.
El juez federal Claudio Bonadío recibió sobre el fin del año judicial una causa en la que deberá trabajar, y mucho, para descubrir cómo fue que del Banco de la Provincia de Buenos Aires se evaporaron 106 millones de dólares para un proyecto faraónico que nunca se concretó y que une en un trazo grueso a Carlos Menem, Domingo Cavallo, Eduardo Duhalde y a Francisco de Narváez.
El 10 de septiembre de 1999, tres meses antes de que Fernando de la Rúa asumiera la Presidencia de la Nación, tras vencer en los comicios de ese año al gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, el Banco Provincia otorgó un crédito “a los fines de sustentar el proyecto consistente en el desarrollo y la construcción de un centro de exposiciones y entretenimiento en el denominado Predio Ferial de Palermo”. El préstamo fue concedido a La Rural SA “mancomunada y solidariamente con Ogden Argentina SA y La Rural de Palermo SA”, según explica la causa judicial, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino. Ogden es una empresa presuntamente relacionada con el diputado bonaerense y precandidato a gobernador Francisco de Narváez. De acuerdo con lo que registra un fallo de la Sala Séptima de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, el megacomplejo al cual estaba destinado el préstamo “no sólo no existía sino que siquiera constituía una realidad a futuro confiable o susceptible de generar expectativas sobre las cuales se pudieran elaborar esquemas de riesgos normales para una operación de semejante envergadura”.
Los camaristas Mauro Divito, Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich revocaron una “falta de mérito” que beneficiaba a Carlos Eduardo Sánchez, Hugo Néstor Pifarré, Sergio Gustavo Bugallo, Victorio Carlos Migliaro, Juan María Anchorena, Rubén Daniel Lusich, Osvaldo Hugo Rial, todos integrantes del directorio del Banco Provincia en las postrimerías del gobierno de Carlos Menem en la Nación y Duhalde en la provincia. Todos están imputados, según la documentación, por presuntamente “haber violado los deberes a su cargo, perjudicando con su accionar fraudulento los intereses que la provincia de Buenos Aires les había confiado”.
La misma falta de mérito había sido adoptada en primera instancia a favor de Horacio Foster, Carlos Alberto Huber, Enrique Claudio Crotto, Alfredo Miguel O’Farrell, Raúl Etchebehere y Francisco José Del Castillo, representantes del conglomerado empresario que tomó el crédito. “Se trata de uno de los mayores préstamos aprobados a una persona privada, con la asunción de un riesgo ajeno a los parámetros más extremos de la actividad financiera y garantías precarias, a una tasa muy baja y a un plazo más que considerable. A fin de concretar el accionar defraudatorio se elevó considerablemente el monto de la inversión total en la que se incluyó, no sólo un usufructo que no constituía erogación real alguna, sino también diversos gastos ‘preoperativos’ que contemplaban los intereses que el obligado habría de pagarle al propio banco prestamista hasta el inicio de las actividades.” Sí, el banco prestó el dinero para que se pagaran los intereses del crédito que el propio banco había otorgado.
La imputación señala que “se aprobó un crédito incobrable” a Ogden y La Rural de Palermo, “ya que La Rural SA no es más que una sociedad con un capital apenas superior al mínimo legal”. Por su parte “Ogden Argentina SA se trata de una sociedad anónima de estricto capital legal y conformada por dos típicas empresas off shore, de las que sólo se sabe el nombre: Ogden Central and South América Inc. y Ogden Asia Pacific Service Inc.”
Los directivos de las empresas habían comprado “a un precio vil de U$S 30 millones el denominado Predio Ferial de Palermo”, y además consiguieron “modificar las condiciones de venta que se habían pactado con el Estado Nacional, provocando un severo perjuicio a la economía del país”, añade la resolución. Por esa causa, el juez federal Sergio Torres dictó en junio pasado “falta de mérito” al ex presidente Carlos Menem, pero procesó y embargó por 10 millones de pesos a su ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
El emprendimiento en el predio de la Rural estaba pensado para levantar allí un “centro de compras, centro de entretenimiento, parque de diversiones, feria infantil, auditorio, cines, teatros, estadio cubierto multiuso, espectáculos deportivos y musicales, otros entretenimientos, restaurant, cafés, bar, comida rápida, salón de baile, casa de fiestas, café concert, museos y hotel”. Pero la justicia determinó que “no sólo no eran esas las condiciones pactadas al momento de la venta, que se había efectuado a los fines de la construcción y funcionamiento de un centro nacional de exposiciones y congresos, sino que hasta el día de hoy ese invocado megacomplejo jamás se terminó de erigir”.
“La operación fraudulenta que se inició en 1995 con la compra del predio y la constitución de los usufructos en favor de dos sociedades anónimas conformadas por particulares, en todo caso concluyó con el otorgamiento del crédito en 1999”, sostiene la causa que ahora pasó a manos del juez Bonadío
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