EL CASO MILANI O LA LEY DE PUNTO FINAL K

Por Damián Glanz
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El Frente para la Victoria construyó con el caso Milani una nueva categoría de desaparecido o torturado: aquel que puede ser ignorada por el Estado.
Con senadores bajo presión, con votos prestados o alquilados, el kirchnerismo enterró la última bandera que flameaba del mástil de “El relato”. El ascenso de César Milani al grado de teniente general de Ejército barrió el discurso de “la lucha por los derechos humanos”. Asqueada con los legisladores, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, habló del regreso de la Obediencia Debida. La decisión del oficialismo también estableció una Ley de Punto Final. El Frente para la Victoria construyó con el caso Milani una nueva categoría de desaparecido o torturado: aquel que puede ser ignorada por el Estado. Y también creó una nueva figura de sospechosos de cometer delitos de lesa humanidad: los que gozan del beneficio de la protección del poder político e incluso de algunas “organizaciones de defensa de los derechos humanos”. Con dos argumentos el kirchnerismo justificó su decisión: por un lado, el bloque de senadores oficialistas defendieron la autoridad, conferida por el voto popular, que -como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas- tiene la Presidenta para ascender militares y conformar sus cúpulas; por otro lado, defendieron a Milani al advertir que el general no está condenado, ni siquiera, procesado. Lo que pesa sobre Milani son sospechas fundadas. La firma del militar aparece en el acta de la supuesta deserción del conscripto riojano Alberto Ledo. La “deserción” fue el método que utilizó el Ejército para encubrir la desaparición de al menos 300 soldados acusados de integrar las filas de alguna organización revolucionaria durante la última dictadura. Marcela de Ledo, madre de Alberto, también sabe que la Ley de Punto Final K ha creado otra categoría de Madre de Plaza de Mayo. Por los tratados internacionales que desde 1994 tienen estatus constitucional -la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolos Facultativos- el Estado argentino no puede concederles privilegios ni tratos especiales a quienes están razonablemente sospechados de cometer delitos de lesa humanidad. No es una opción para quien ejerce un cargo público. Están obligados a hacerlo. Con ese argumento, primero en 2000 y luego en 2006, la Cámara de Diputados rechazó la incorporación al cuerpo del ex dictador Antonio Domingo Bussi y del ex comisario Luis Abelardo Patti. Ninguno de los dos estaba condenado por delitos de lesa humanidad. Estaban procesados o, simplemente imputados. Había sospechas razonables en su contra. Como en estos días, entonces la discusión se centró en pasar por alto la voluntad popular y en el principio de inocencia. En ambos casos, se impuso el criterio que planteó la diputada Elisa Carrió: los derechos humanos -incluso la sospecha de la comisión de un delito- están por encima de las normas establecidas y de la voluntad de las mayorías. El radicalismo impulsó en 2000 el rechazo a Bussi y el justicialismo frenó en 2006 la asunción de Patti. Fue el entonces diputado y hoy ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien defendió la decisión que adoptaba el cuerpo de impugnar a Patti: “Estamos emitiendo un dictamen que lo único que sostiene en cuanto a la persona del imputado es que no puede ejercer como diputado nacional. No lo condena, no lo envía a la cárcel, no le impone prisión domiciliaria ni le prohíbe realizar ninguno de los actos civiles que la Constitución y las leyes permiten a cada uno de los ciudadanos argentinos, pues para eso está la Justicia”. Al igual que Milani, Patti no había sido condenado. E incluso, no estaba procesado en las causas que tomaron los diputados como argumentos para dejarlo sin banca. Sí escucharon el testimonio de una de las víctimas que denunció a Patti, el albañil de Escobar Luis Gerez, quien declaró ante los legisladores: "¡A mí me torturó Patti y se reían mientras me torturaban!". Y recordó que, en esas sesiones, un hombre a quien identificó años más tarde por la voz como al ex comisario, le gritaba: "¡Dale detrás de la oreja, así se defeca!". El kirchnerismo escuchó a Gerez en 2006. Pero ahora mostró un inexplicable desinterés en el testimonio del ex preso político Ramón Olivera quien acusó a Milani de haber estado a cargo del operativo de secuestro de su padre en 1977 y de presionarlo para firmar una declaración, obtenida bajo torturas, en la que lo obligaron a admitir que militaba en las filas del ERP. Sin dudas, hay grandes diferencias entre Bussi, Patti y Milani. En cuanto a los procesos judiciales, los separan los grados de sospecha y también de responsabilidad. También los divorcian sus filiaciones políticas: Milani es el único que se declaró oficialista, parte del “proyecto nacional y popular”. En el momento en que fueron rechazados, Bussi y Patti eran opositores al gobierno central. La defensa que hace el kirchnerismo de Milani, es la misma que los militantes de Fuerza Republciana y del PAUFE usaron para proteger a los ex represores. La diferencia es que Buzzi y Patti eran minoría. Dos años después del proceso político contra Patti, la Justicia le dio la razón a los diputados que se opusieron a su incorporación al Congreso. “Cuando hicimos la impugnación consideramos que Patti tenía que estar preso por los crímenes que había cometido”, dijo en ese momento el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Remo Carlotto. Hoy su madre lidera la defensa de Milani. Además de la bendición política, el jefe del Ejército goza hoy de la protección judicial. Pese a las pruebas que pesan en su contra desde la década de 1980, Milani nunca fue indagado. La madre del desaparecido Ledo sospecha que el fiscal federal Carlos Brito hizo todo lo posible para demorar la causa hasta que el militar recibiese el acuerdo del Senado. Tarea cumplida. En mayo de 2006, en el cierre de su discurso durante el caso Patti, y pensando en la Argentina del bicentenario, el diputado Rossi decía: “Reivindicamos lo que los distintos gobiernos han hecho en materia de derechos humanos (…) Pero también debo señalar que en muchísimos momentos tuvimos retrocesos: la ley de punto final, la de obediencia debida, las instrucciones a los fiscales, los indultos, etcétera. Luego, volvimos a avanzar con la derogación de las leyes de punto final y de obediencia debida. Es bueno que en el año 2010 tengamos pocas deudas que pagar con nuestro pasado reciente y tengamos una clara señal de la sociedad que queremos construir”. No pasó mucho tiempo hasta que el kirchnerismo volvió a endeudarse con la historia. Hay una pregunta central que queda sin responder: ¿Qué hay detrás de esta nueva ley de Punto Final? ¿Qué recibirá el Gobierno a cambio de esta “deuda”, de entregar, no el relato, sino la persecución efectiva contra quienes hayan cometido o estén sospechados de cometer delitos de lesa humanidad? Fuente: TN.com.ar