jueves, 19 de junio de 2014

LOS JUECES BONAERENSES,A PESAR QUE NO PAGAN GANANCIAS PIDEN MAYORES SUELDOS "POR UNA CARENCIA DE LOS QUE PERCIBEN"



 

Dura publicación del Colegio de Magistrados denunciando al Poder Ejecutivo por fijar de manera sistemática y arbitraria los salarios. Pretenden una equiparación con los funcionarios de la Justicia nacional.
A pesar que los jueces, según lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación no pagan impuesto a las ganancias que asciende a un 35 % como lo hacen profesionales y trabajadores que superan el minimo no imponible los magistrados de la provincia de Buenos Aires se quejaron ante el Gobierno bonaerense por una carencia en los sueldos que perciben. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires publicó un duro comunicado a través del cual denunció que el Poder Ejecutivo fija de manera sistemática y arbitraria los salarios pero ahora se excusó de recibir a la entidad que representa los intereses de los funcionarios judiciales por considerar que no tiene competencia para abordar una temática salarial de otro Poder del Estado.
Los colegiados del Poder Judicial bonaerense pretenden equiparar sus sueldos con los funcionarios de la Justicia nacional. Y para eso buscan la participación en la discusión salarial que todos los años tiene el Estado con el resto de los trabajadores.
Semanas atrás, al entidad solicitó una audiencia con el gobernador Daniel Scioli que fue respondida de manera negativa a través del Director Provincial de Coordinación, Comunicación y Control de Gestión Institucional, Facundo Zonco. Según el Colegio de Magistrados, Zonco consignó que conforme el principio de división de poderes establecido en nuestra Constitución Nacional y Provincial, el Poder Ejecutivo no tiene competencia para abordar una temática salarial de otro Poder del Estado.
La respuesta produjo el enojo de los representantes de los magistrados quienes en el mismo aseguraron que la absoluta falta de respeto por las garantías de la Constitución Nacional y las mandas de la Constitución Provincial en este punto, sumadas al destrato al que son sometidos los magistrados de nuestra provincia, a quienes se les conculca el derecho a discutir las condiciones de su trabajo, subrayan la necesidad de explorar las vías de otros modos de agremiación que posibiliten que los operadores del sistema judicial cuenten con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.
Según la Suprema Corte de Justicia bonaerense un juez de Cámara percibe 18.188 pesos de sueldo básico y un juez de Primera Instancia 15.775 pesos. Sin embargo eso no es lo que perciben mensualmente al bolsillo y desde el Colegio de Magistrados se muestran esquivos a responder cual es el salario real promedio. Hay mucha diferencia (en los sueldos de los jueces) porque la antigüedad es muy diferente al resto, se excusó la presidenta del organismo Margarita Tropiano, en declaraciones radiales. Algunos funcionarios, como los magistrados del Alto Tribunal perciben el 3% de antigüedad, sobre el sueldo básico, por cada año a partir del año en que obtuvieron el título de abogados en la universidad. También perciben remuneraciones en otros conceptos como viáticos.
Este año los funcionarios del Poder Judicial de la provincia tuvieron un aumento de alrededor de un 25%, mientras que el de los trabajadores de entre un 26 y un 30%. Ambos fueron determinado en dos tramos, en marzo y septiembre.
La forma en que se determina el salario en todo el ámbito del Poder Judicial es fuertemente cuestionada también por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que representa a los trabajadores de los niveles más bajos del escalafón y se disputa con el Colegio de Magistrados la representación de los secretarios de los juzgados, que cumplen un rol clave en el funcionamiento diario de la Justicia.
La AJB pretende achicar la diferencia salarial con los jueces, perdida en los últimos años, sancionar una Ley de Paritarias, porque junto con los municipales son de los pocos empleados estatales que no negocian sus condiciones laborales, y reestablecer la Ley de Porcentualidad, que ata el sueldo de los trabajadores al de los jueces de la Suprema Corte.

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