La frustración de Aldrey Iglesias por no hallar la llave que someta al
 intendente Carlos Fernando Arroyo está llevando a sus escribas y satélites
 mediáticos a extremos patéticos en materia comunicacional y política. Esta
 semana, el redoble de tambores fue sobre el cartel del espigón de
 pescadores, que colocara a Quilmes allí a vista de todos en una playa
que sigue siendo emblemática en la ciudad. El otro, la puja del personal
 del Concejo Deliberante por un reencasillamiento salarial que el secretario
 de Hacienda, Hernán Mourelle, niega, por entender que en todo caso el
 mismo corresponderá al presupuesto de 2019.
Aquí hay de todo, como en botica. El diputado provincial Maxi Abad,
que planteó en la radio de Aldrey que “es cuando menos incoherente
 plantear la tolerancia 0 y al mismo tiempo habilitar un cartel promocional
 de una marca de cerveza”, está un tantillo extraviado en su dichos; habrá
 sido el apuro por salir del brete y decir algo que guste en Champagnat y
 Alberti y no hiera al intendente malamente. Para ser claros: tolerancia 0
 no es ley seca, Mar del Plata no es Chicago en los 30 ni hay prohibición
 de beber. Hay sí una política que busca imponer el conductor responsable
 y bajar la siniestralidad en la ciudad. Lo incoherente es no acompañar a la
 intendencia para terminar con el abuso de poder del pequeñín de Lugo, que
ha creído por treinta años que es el personaje fascista de “Los gozos y las
 sombras” y se ha follado la política sin decoro alguno. Sin decoro de su
 parte, ni de parte de los actores políticos de turno.
Llamada a silencio esta semana, el rol de la concejal Cristina Coria lo
 ocupó su par Angélica González, que salió a cuestionar psicológica y
 humanamente al secretario de Hacienda Hernán Mourelle. Curioso
 cuando menos, que la misma edil que armó un berrinche de aquellos
 por una construcción en Playa Grande, no advierta que en la zona de Las
 Toscas hay un concesionario que tiene el lugar en estado de abandono,
 paga nueve mil pesos por mes por una concesión que cada verano debe
 factura no menos de diez millones de pesos sólo de venta de sombra, y
 articula una “Saladita” en el predio que le rindió el verano pasado setenta
 y cinco mil pesos mensuales por cada módulo. Sobre todas estas
 situaciones, Angélica calla de manera cómplice.
El secretario de Hacienda fue taxativo en una entrevista en la 99.9:
“los Concejos Deliberantes, por ley, pueden utilizar hasta el 3% del 
presupuesto para su funcionamiento. Ese presupuesto se considera
 con los ingresos netos municipales, sin incluir los recursos provinciales
 y nacionales que se contemplan en el mismo cada año”. Léase, de su
s palabras, que en ese predicamento, el Concejo Deliberante está
sobregirado, a lo que hay que sumar que cada concejal (24) le cuesta a
 los contribuyentes un millón de pesos por mes. No es que de bolsillo
 perciban un millón mensual, sino que es el costo total que implica cada
 uno de ellos con asesores, gastos corrientes, etc.
Mourelle está dispuesto a pedir la banca 25 y dar cuenta y debate de
 toda esta situación. ¿Le dará el Concejo la banca 25? Será de ver y oír.