La Corte Suprema de Justicia emitió hoy una acordada para expresar su “preocupación” respecto de la difusión pública de las intercepciones telefónicas y enumeró una serie de recomendaciones para que las escuchas se limiten a las causas que las requieran y que no sean utilizadas para impulsar otros expedientes. Además pidió que la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia controle a la AFI.
En la acordada 17/2019, los jueces pidieron a sus pares que actúen como “celosos
guardianes de la privacidad de las personas cuyas comunicaciones han sido
intervenidas, al aconsejar a los magistrados de competencia penal a aplicar
“de forma restrictiva” la norma que los faculta a requerir la intervención a la
Agencia Federal de Inteligencia. En el texto subrayaron también que serán
castigados quienes obtengan de forma “furtiva” datos personales o información
sensible sin fundamentos en una investigación judicial, como así también “la
elaboración de registros meramente preventivos, la divulgación, tráfico o
comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originariamente lícita,
la amenaza o el chantaje derivados de la posesión de datos íntimos que no
resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito”.
La Corte solicitó al Consejo de la Magistratura de la Nación que formule un
diagnóstico “exhaustivo” sobre la utilización de intercepciones de comunicaciones
en el marco de las investigaciones penales. “La interceptación de comunicaciones
es una medida judicial de investigación excepcional. Será ordenada con criterio
restrictivo atendiendo de forma especial a su razonabilidad para el esclarecimiento
y resolución del delito”, aclararon. El tribunal también exhortó al Congreso a
realizar un “pronto tratamiento del proyecto de ley (S-979/18) destinado a regular
la cadena de custodia de las interceptaciones”LEER MÁS
El máximo tribunal dejó en claro que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos
Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeC0), que está dentro de la órbita de la
Corte, “es el único órgano estatal encargado de ejecutar las interceptaciones o
captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial
competente". En consonacia, reclamó a la Comisión Bicameral Permanente de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que certifique que
la Agencia Federal de Inteligencia no realiza tareas de investigación criminal ajenas
a las expresa y específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por
los magistrados judiciales.
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