EL PUEBLO URUGUAYO DECIDIO DAR VUELTA UNA DE LAS PAGINAS MAS TRAGICAS DE SU HISTORIA

Ayer domingo junto a los comicios presidenciales y legislativos que llevaron a segunda vuelta el 29 de noviembre al ex guerrillero José Mujica y al liberal Luis Lacalle, se realizó un plebiscito para anular la denominada Ley de Caducidad. Según cifras oficiales de la Corte Electoral la iniciativa apoyada por la izquierda recibió una adhesión del 47,36% de los votos, cuando necesitaba más del 50% para su aprobación. "Jugó en contra que en este período de gobierno hubo procesamientos y en los días previos (al plebiscito) hubo un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo cual le quitaron la necesidad de anularla", consideró Yaffé.Durante el actual gobierno de Tabaré Vázquez y en el marco de dicha norma, fueron condenados 10 ex militares y policías -entre ellos el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-85)- a penas de 20 a 25 años de prisión por violaciones de los DDHH, y procesado el ex dictador Juan María Bordaberry (1973-76). La ley, que obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no, fue votada por el Parlamento en diciembre de 1986, y ratificada en un primer plebiscito celebrado en abril de 1989. Asimismo la SCJ, la declaró hace una semana inconstitucional para el caso concreto de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray asesinada en 1974 en una unidad militar."En 1989 había temor. Ahora no es el caso (...) y no es que estén encantados con la ley, pero la gente quiere dar vuelta la página y (pensó que) parecía innecesaria su anulación", dijo el analista y director de la consultora Interconsult, Juan Carlos Doyenart.De su lado el escritor y analista Alfonso Lessa, aseveró que "es un tema ya laudado" y opinó que "no hubo una campaña entusiasta de la izquierda para la anulación, porque quizás a un segundo gobierno del Frente Amplio lo podía complicar (...)". La aparente dificultad observada por Lessa atañe a "eventuales liberaciones (de uniformados encarcelados), el inicio de juicios nuevos, o el hecho de que un alto número de militares tuviera que ir a declarar ante la Justicia, lo que podría generar un estado de inquietud y abrirle un nuevo flanco al gobierno". Desde la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, en tanto, se atribuyó el insuficiente número de sufragios a la "falta de capacidad para entregarle un mensaje claro a la población", admitió el vocero Gabriel Seré, quien lamentó la "paradoja" de que la ley "fue declarada inconstitucional por los tres poderes del Estado, pero no fue ratificada por la ciudadanía.-