Tres personas serán juzgadas a partir del jueves próximo en el TOF de Mar del Plata por el delito de trata de personas. Además, captaron a otra mujer pero no llegó a concretarse la explotación sexual. La situación de vulnerabilidad, como denominador común de las víctimas.
Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron captadas y trasladadas en el verano de 2013, desde Florencio Varela hasta la ciudad de Pinamar, para ser explotadas sexualmente por un hombre y su hijo, que se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad. Para la captación de otra mujer, cuya explotación no llegó a consumarse, intervino la tercera imputada. La investigación del Ministerio Público Fiscal - a raíz de la denuncia realizada por las propias víctimas- permitió la reconstrucción de los hechos y la instancia de juicio oral y público, que se iniciará el próximo jueves 20 de agosto.
En representación del Ministerio Público actuarán el fiscal federal de Distrito, Daniel Adler, y el fiscal federal de Dolores, Orlando Giménez. Los acusados son Alejandro Daniel Aguirre, de 57 años, Gonzalo Matías Aguirre, de 35, y Valeria Ester Giménez de 23, oriunda de Temperley.
Las actuaciones, a cargo del fiscal federal de Dolores, Orlando César Giménez, se iniciaron a partir de la denuncia de las hermanas A.S.S.N. y V.M.B.S.N. –cuyas identidades se preservan para evitar una revictimización- en la estación de Policía Comunal de Pinamar, cuando escaparon del departamento donde eran alojadas, junto a otro hijo del principal imputado.
Ellas relataron que el 19 de enero de 2013 Alejandro Aguirre pasó a buscarlas por su casa –en un Renault Logan azul a nombre de su hijo Gonzalo- con la falsa promesa de ir a Pinamar a cuidar niños y vender productos en la playa. El contacto a ellas llegó a través de un vecino del barrio, en Florencio Varela. Las adolescentes vivían con su abuela y hermanos, porque sus padres fallecieron, y la necesidad económica las llevó a aceptar la propuesta.
Durante el viaje, según relataron, Aguirre habría efectuado llamadas telefónicas “en código” -entre otras cuestiones habría dicho que llevaba “chicas para trabajar”- y les habría indicado a ambas que cuando llegaran a destino, debían usar nombres distintos y decir que tenían entre 18 y 20 años.
Ellas fueron alojadas en un departamento ubicado detrás de la terminal de ómnibus nueva –alquilado por Gonzalo Aguirre-, donde luego se sumó el otro hijo del captor, que finalmente las ayudó a escapar a raíz de una discusión con su padre. Por algunas horas, vieron pasar por allí a otras cuatro mujeres con la finalidad de allí mantener relaciones sexuales, una de ellas, C.I.M., la tercera víctima de este juicio.
Durante la primera semana en la ciudad balnearia, A.S. trabajó en un lavadero de autos, y M.V.B. de niñera en la casa donde vivía Aguirre con su familia. Luego, el imputado se habría presentado en el departamento y les habría dicho que no había más trabajo para ellas y que “el dinero que ganaron en una semana lo podían ganar en un día haciendo sexo”. Ante ello, les propuso “acostarse con unos chabones, que eran empresarios y abogados, que eran limpitos” y que “tenían que pensar en la billetera y no con la cabeza”.
En su declaración dijeron que aceptaron “ante las amenazas proferidas por Aguirre de matar a su familia, porque no tenían dinero para regresar y porque lo necesitaban para su abuela y su familia”.
Al día siguiente, fueron llevadas por Aguirre –en el mismo Renault Logan- a una vivienda para mantener relaciones sexuales: allí había cuatro hombres, aparentemente abogados, quienes le dieron dinero al imputado y una vez finalizado el acto, éste las retiró del lugar y las llevó nuevamente al departamento. Luego, según los relatos, hubo otros sometimientos con presuntas “personas adineradas” en el mismo departamento donde eran alojadas, en la casa de uno de los prostituyentes y en un bosque.
El segundo hecho por el que se juzgará a los imputados, incluye también a Valeria Giménez, quien habría engañado a C.I.M. a través de una promesa de trabajo en Pinamar para ser empleada doméstica a cambio de unos 4 mil pesos mensuales. Ella se encontraba desempleada, con cuatro hijos a cargo y separada de su expareja, víctima de violencia de género. Cuando llegaron desde el conurbano a Pinamar el 1° de febrero, Giménez la acompañó al departamento, donde estaban las víctimas adolescentes.
VULNERABLES
En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Giménez reparó en la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Respecto a las hermanas citó el informe elaborado por el Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños y Adolescentes de Quilmes, donde se indicó que las chicas convivían en su hogar con otras seis personas además de su abuela, cinco hermanos y un tío. Los hermanos concurrían a la escuela, pero también a comedores comunitarios que les proveen de almuerzo y merienda por la imposibilidad de cubrir los gastos básicos de alimentación.
Al mismo tiempo, al no tener la abuela otorgada legalmente la guarda de los menores no tenía acceso a subsidios estatales que podrían permitir cubrir los gastos mínimos, como sí podía cobrar su mamá, que falleció el año anterior por padecer HIV.
Las profesionales del Servicio Local de Pinamar, por su parte, indicaron: “…no se evidencian señales de angustia, sino más bien indicadores de una naturalización del hecho, se refiere que desde las estrategias de supervivencia en las que ambas hermanas están inmersas, sumado a un contexto de vida marginal, la naturalización y la desafectivización se figuran en ellas como grandes mecanismos de defensa que vienen utilizando para lidiar con estos traumáticos episodios…”.
LA SITUACIÓN DE C.I.M.
C.I.M. vivía con sus cuatro hijas de entre 6 y 10 años en una sola habitación de condiciones muy precarias. De hecho, dormían las cinco, en una cama cucheta. Ella conoció a Valeria en el Plan Fines y contó que fue quien le propuso ir a trabajar a Pinamar en servicios de limpieza. Al llegar, de acuerdo a su relato, fue recibida por el imputado y su hijo, quienes le dijeron las verdaderas intenciones por las que había sido captada: ser explotada sexualmente. Le dijeron que “se tenía que vestir de puta”, y uno de los imputados les manifestó a las mujeres que estaban en el departamento que iban a “tener que ir a otro lugar con 10 políticos o 10 bolivianos, para tener sexo. `Sale hoy a la noche el trabajo´, nos dijo. Pero después dijeron que `se cortó todo´, así como ellos hablan. Nunca pasó nada por suerte”. Al día siguiente pidió entonces regresar a su lugar de origen, y consiguió que le abonaran el pasaje de regreso.
Una vez que la investigación se había iniciado y C.I.M. estaba de regreso en su casa, contó que fueron a verla los dos imputados. Le dijeron que a ella “…también le habían armado causa, que pensara bien lo que iba a hacer porque tenía cuatro hijas (…) que iba a ir presa por trata de blancas, que Ariel y las chicas te hicieron causa. Me dijo que me iba a venir a buscar con un juez para declarar, para pasarlo por encima a su hijo Ariel. Me preguntó qué quería (…) Me prometió que me iba a mandar plata por correo. Me prometió una casa para alquilar en Varela (…) También me dijo que mi nombre había salido en la tele (…) Me dijo que él iba a poner su abogado, sus policías, su juez, así me decía (…) Por eso, tenía mucho miedo….”.
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